Por Miguel Angel
Cristiani Glez.
El miércoles de
esta semana, se entregaron en los distintos organismos públicos relacionados
con el proceso electoral, la demanda de 139, 450 ciudadanos mexicanos, para que
sea retirada y/o cancelación del registro al Partido Verde
Ecologista de México por el conjunto y magnitud de violaciones graves,
sistemáticas y reiteradas cometidas en contra de la Constitución y de las Leyes
en materia electoral en el marco de los comicios de 2015.
Resulta que al
parecer la ciudadanía le tomó la palabra a los spots del Instituto Nacional
Electoral para que investigaran no solamente a los candidatos a diputados
federales, sino también a los partidos políticos y aprovechando las redes
sociales se recabaron miles de firmas para demandar el retiro del
registro-franquicia del llamado Partido Verde Ecologista.
La demanda fue presentada por Sergio Aguayo
Quezada, Miriam Morales Sanhueza, Marcela Azuela Gómez, Carlos Alberto Serdán
Rosales, María Esther Azuela Gómez, Aleida Calleja Gutiérrez, Mario Arriagada
Cuadriello, Ximena Ramos Pedroza Ceballos, Ana Eugenia López Rico, Luis
González Plascencia, Mony Sacha de Swaan Addati, Juan Fernando Ibarra del
Cueto, Paulina Arriaga Carrasco, Alfredo Lecona Martínez, Carlos Alberto Brito
Ocampo, Denise Eugenia Dresser Guerra, Eduardo Huchim May, María Santos
Villarreal, Martha Tagle, Mónica Tapia Álvarez, Alfredo Figueroa Fernández y las
139,432 personas que suscribieron la plataforma Change.org #QuitenRegistroAlVerde.
La petición en concreto, fundamentada en las leyes
y reglamentos electorales, es la siguiente:
Que antes de que se celebre la jornada electoral
del 7 de junio y con todos los elementos a su alcance vinculados a la equidad
de la contienda, determinen por la vía más eficaz: La pérdida y/o cancelación
del registro al Partido Verde Ecologista de México por el conjunto y magnitud
de violaciones graves, sistemáticas y reiteradas cometidas en contra de la
Constitución y de las Leyes en materia electoral en el marco de los comicios de
2015.
Las razones para
exigir el retiro de la cancelación del registro al Partido Verde Ecologista de
México son entre otras:
El Partido Verde
Ecologista de México (PVEM) debe ser descalificado del proceso electoral en
curso y su registro como partido político retirado por el conjunto de actos
ilegales y de corrupción cometidos desde septiembre de 2014, trastocando
las reglas del juego democrático, obteniendo con ello ventajas indebidas en la
competencia electoral.
No es la primera vez que este Partido viola la ley.
Desde 2009, con el apoyo de servidores públicos emanados de sus filas y
empresas privadas como Televisa y Televisión Azteca, ha tenido un
comportamiento sistemático que intenta burlar las prohibiciones en materia de
propaganda electoral. Dicho sea de paso, no es casual que nadie como el PVEM
promueva entre sus candidatos a tantos empleados o perfiles vinculados con el duopolio
televisivo.
Es evidente que ante la tibieza de la autoridad el
PVEM ha desarrollado una estrategia calculada, dolosa e ilegal para tratar de
posicionarse ante la ciudadanía. Desde finales de 2014 y de cara al actual
proceso electoral ha hecho un gasto millonario con recursos públicos y privados
empleados de modo ilegal en propaganda político-electoral. La propia Sala
Superior del TEPJF ha señalado que “desde septiembre de dos mil catorce y hasta enero de dos mil quince, por
lo menos […], el Partido Verde Ecologista de México ha llevado a cabo una
campaña reiterada y constante de publicidad, a través de diferentes medios de
comunicación social, que busca favorecerlo frente a la ciudadanía de manera
indebida, ya que implica una conducta irregular y sistemática contraria al
modelo de comunicación previsto en el artículo 41 constitucional.”
A más de seis meses de que las y los mexicanos
hemos sido inundados con propaganda ilegal del Partido Verde, el INE aún no ha
resuelto las quejas y los procedimientos iniciados en su contra en materia de
fiscalización. Sin embargo, es claro que la intensidad y magnitud de esta
campaña rebasa con mucho los recursos ordinarios y de campaña a que este
partido tiene derecho durante un año electoral.
Éstas son las conductas y prácticas ilegales por
las que el Partido Verde se ha beneficiado y por las que le debe ser retirado
su registro:
·
Uso de recursos públicos y privados ilegales.
·
Contratación y adquisición mediante sus legisladores de cerca de 300 mil
spots en televisión de manera ilegal.
·
Transmisión ilegal y reiterada en los tiempos del Estado Mexicano de
propaganda prohibida por las autoridades electorales.
·
Contratación de espectaculares y propaganda fija ilegal en miles de
espacios urbanos en todas las entidades del país.
·
Compra y transmisión ilegal de propaganda (cineminutos) en prácticamente
todas las salas cinematográficas del país.
·
Propaganda ilegal en tortillerías.
·
Contratación de propaganda ilegal en las revistas del Grupo Televisa.
·
Distribución en todo el país, de miles de tarjetas de descuento que
contravienen las disposiciones electorales.
·
Campaña ilegal para la entrega de beneficios a ciudadanos, consistente
en la entrega de vales de lentes con graduación gratuitos en distintas
entidades del país.
·
Uso y transmisión de propaganda falsa con la que ilegalmente pretende
engañar a la ciudadanía usando programas de gobierno para promoverse.
·
Invasión de nuestra privacidad ya que, sin autorización alguna, somos
molestados ilegalmente en nuestras casas a través de llamadas telefónicas para
anunciarse.
·
Impresión y distribución de 4 millones de calendarios producidos con
materiales no biodegradables prohibidos por la ley.
·
Uso ilegal de nuestros datos personales, del padrón electoral, de
padrones públicos y de empresas privadas para hacernos llegar propaganda.
·
Desacato reiterado de órdenes provenientes de autoridades electorales
para suspender su propaganda ilegal.
¿Qué más tiene que ocurrir para que las autoridades
actúen ya y retiren el registro al Partido Verde? ¿Cómo pretenden que confiemos
en el proceso democrático si permiten que un Partido viole en esta magnitud las
reglas de la democracia? ¿Cómo admitir que siga en la competencia electoral si
desde antes del inicio de la campaña electoral, el Partido Verde ha atentado de
forma reiterada y sistemática contra la equidad de la competencia política?
La tibieza con la que se han conducido las
autoridades electorales es por demás preocupante. Su actuación ha estado
marcada por la imposición de multas que, de facto, se convierten en incentivo para seguir actuando
al margen de la ley con resoluciones que, para decirlo claramente, sirven de
comparsa a quienes atentan contra los principios básicos de la vida
democrática.
Las Autoridades Electorales tienen todos los
argumentos y hoy todas las facultades para cancelar el
registro al PVEM. Sin embargo, se han limitado a investigar en lo individual,
una tras otra, las conductas ilegales en que ha incurrido y a sancionarlas con
multas que serán pagadas con los mismos recursos públicos que el partido recibe
del Estado Mexicano y, la mayor parte, una vez concluido el proceso electoral
cuando la inequidad provocada por el Verde ya haya surtido efectos
irreversibles e incuantificables.
Ésta no es una historia nueva; tanto en las
elecciones de 2009, como en las de 2012, los magistrados
del TEPJF exoneraron al Partido Verde por hechos similares; incluso, cuatro de
los siete integrantes de la Sala Superior lo libraron, al margen de los méritos
del caso y argumentando una falta procesal inexistente, de sanciones por cerca
de 200 millones de pesos.
Queremos mandar un mensaje respetuoso pero muy
claro a las autoridades electorales de nuestro país, recordándoles que es su
obligación constitucional y su deber defender los avances democráticos que
tanto han costado a todos. No restituiremos la confianza en las principales
instituciones democráticas con actos de simulación y acompañamiento. Las
sanciones económicas cobradas en mensualidades y pagadas con recursos públicos
que no afectan siquiera los recursos correspondientes a las campañas
electorales, constituyen un incentivo a la violación permanente de la
Constitución. Solo la campaña en televisión del Partido Verde de 230 mil spots
asciende a más de 400 millones de pesos mientras la
sanción se ubica en tan sólo 76 millones. El incentivo es más que claro;
más que incorrecto.
Quienes impulsamos esta petición no pretendemos
apoyar o perjudicar a partido político alguno. Queremos defender el proceso de
cambio democrático del país, en un momento de crisis de las instituciones del
Estado mexicano, cuando nuestros derechos y libertades se encuentran
amenazados, cuando para muchos sectores del país el voto ha dejado de ser un
instrumento de participación efectiva y de transformación del País, defender
las reglas mínimas de competencia democrática y denunciar y combatir la
impunidad es indispensable.
Permitir que las y los candidatos del PVEM por la
vía uninominal y plurinominal accedan a la cámara de Diputados es claudicar y
negar el principio de legalidad en términos de la competencia democrática. Es
admitir que la representación política puede ser producto de la corrupción,
ahondando en la crisis de confianza que vive la República.
Ninguna democracia en el mundo puede tolerar que un
Partido, como es el caso del Verde, viole dolosa e impunemente, en la magnitud
en que ha ocurrido en México, las reglas de la competencia política, sin
consecuencias eficaces. Si el Verde se mantiene en el sistema de partidos, el
fraude a la Ley y a la Constitución será responsabilidad de las propias
instituciones encargadas de su defensa y resguardo.
Para consultar la demanda completa presentada este
miércoles hay que seguir el siguiente link: http://mariasantosv.blogspot.mx/2015/04/peticion-formal-al-ine-y-al-tepjf-para.html
Opina el filósofo del pueblo Pancho López:
Que no solamente al Partido Verde Ecologista de
México se le debe retirar el registro, sino también a los otros disque
partidos, pero que en realidad son franquicias que manejan unos cuantos para
beneficiar a sus familiares con las prerrogativas electorales y las
candidaturas a todos los niveles.
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