Miguel Angel
Cristiani Glez.
El sistema Nacional
Anticorrupción, aprobado por el Senado de la República este martes, no es la
panacea ni la barita mágica con la que se acabarán los negocios millonarios de
funcionarios públicos, sino simplemente es otro pasito más, en lo que debería
de ser el principal asunto en la agenda política nacional.
Con la creación del
Sistema Nacional Anticorrupción lo que se busca es tener una mayor coordinación
entre todos los órganos de gobierno para la prevención, detención y sanción de
actos de corrupción.
Pero también se trata
de poder encontrar y señalar responsabilidades administrativas, así como una
mayor fiscalización y control de los recursos públicos presupuestados.
Hay que aclarar que
con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, no se van a detectar ni mucho
menos castigar, los casos tan de moda en este sexenio, de que desde el
mismísimo presidente de la república, obtenga o compre a quien sabe qué precio,
una residencia en las Lomas de Chapultepec, pero que como está a nombre de su
esposa y no del funcionario público, pues no se puede investigar un posible
tráfico de influencias o conflicto de intereses al darle al contratista
favorito obras multimillonarias.
Tampoco se castigarán
actos públicos y notorios, como el dado a conocer a través de las redes
sociales, del ex director de la Comisión Nacional del Agua, que utilizó un
helicóptero para trasladarse al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
y no tener que padecer las incomodidades del tráfico capitalino en el DF.
Esos son los casos
más recientes, pero sin lugar a dudas, que la mayoría de actos de corrupción,
no se conocen y si se llegan a conocer tampoco pasa nada.
Pero con el nuevo
Sistema Nacional Anticorrupción, se dan algunos avances, aunque no definitivo
para combatir a los corruptos en el país.
Se otorga a la
Auditoría Superior de la Federación la facultad de realizar auditorías en
tiempo real, es decir, durante el ejercicio fiscal en curso, derivado de
denuncias, para investigar y sancionar de manera oportuna posibles actos
irregulares. También podrá hacer auditorías sobre posibles actos irregulares
cometidos en ejercicios fiscales anteriores.
También, la Auditoría
Superior de la Federación podrá fiscalizar los recursos transferidos a los
estados a través de dicha figura de “participaciones federales”. Esto permitirá
fiscalizar todo el gasto público, que actualmente tenía esa salvedad.
El Tribunal Federal
de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos,
impondrá las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades
administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que
participen en actos vinculados.
Se propone ampliar el
plazo de prescripción siete años por las faltas administrativas graves, con lo
que se pretende que la prescripción sea transexenal.
Contra el conflicto
de interés, los senadores proponen que los servidores públicos presenten de
manera obligatoria, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y
de intereses ante las autoridades competentes.
Aunque ya es bien
sabido que las propiedades millonarias se ponen a nombre de la esposa o la
familia.
El nombramiento del
secretario de la Función Pública será ratificado por el Senado, con la
intención de que quien ostente el cargo obedezca a intereses generales con
absoluta imparcialidad.
Dice el filósofo del
pueblo Pancho López:
Habrá que ver hasta
donde el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, realmente sirve de algo o
simplemente es una instancia más del sistema de Gatopardismo, en donde todo se
cambia para quedar en lo mismo.
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