Leyes de Transparencia y Anticorrupción, ¿se aplicarán?

Por Miguel Angel Cristiani Glez.

La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información con 264 votos a favor, 68 en contra y una abstención, luego de cuatro meses de que inició su transitar por el trabajo legislativo, prácticamente junto con la Ley Anticorrupción que será discutida el martes, serán las últimas que se aprueben dentro del paquete de reformas estructurales propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto, cuando que debieron de haber sido las primeras.

Porque de poco o nada, servirán todas las reformas energética, educativa, si no es aplicada la reforma en materia de Transparencia y Anticorrupción.

Ya ha dejado de ser noticia, las revelaciones de actos cínicos de corrupción en nuestro país.

Prácticamente no hay un día en que no surja un hecho que exhibe actos de corrupción.

Pero lo malo es que no pasa nada, es decir, aumenta la indignación entre la población, sin que se llegue más allá de la publicación en los medios.

Ya no se recuerda, cuándo fue la última vez, que se dio a conocer un escándalo de corrupción entre funcionarios públicos de primer nivel, que fueran castigados con pena de cárcel.

Con que salgan a negar las pruebas presentadas, o declarar que fue un error, borrón y cuenta nueva.

Se supone que la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información, obligará a funcionarios y entidades que manejan recursos públicos a permitir el acceso a la ciudadanía.

Así se deberán conocer los beneficiados con contratos millonarios en todos los niveles de la administración pública, federal, estatal y municipal.

A ver si el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información IVAI, logra que los municipios cumplan con proporcionar y subir la información a que están obligados y no nada más amenace con sancionarlos y exhibirlos, pero pasa el tiempo y no pasa nada.

De acuerdo con los especialistas, la legislación aprobada este jueves por la Cámara de Diputados Federal contiene los siguientes puntos clave para poder ejercer el derecho a la información:

Identifica como sujetos obligados de entregar información, a las autoridades, entidades, órganos y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal.

No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Ni cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables.

En caso de que alguno sujeto obligado busque clasificar información, deberá presentar la prueba de daño, a fin de justificar toda negativa; también incluir la prueba de interés público, con el objeto de evitar la publicación de información confidencial, estableciendo condiciones para desclasificar la información, como la necesidad, idoneidad y proporcionalidad.

Cuando algún sujeto obligado incumpla con las solicitudes de información, actúe con negligencia, oculte o destruya información, los institutos de transparencia podrán denunciar a los funcionarios, realizar una amonestación pública o imponer una multas de ciento cincuenta hasta mil quinientos días de salario mínimo general y una multa adicional de hasta cincuenta días de salario mínimo a quien persista en las infracciones.

Los Órganos Garantes serán autónomos, especializados, independientes, imparciales y colegiados con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena autonomía técnica y de gestión. El Órgano Garante nacional y federal será el IFAI, quien encabezará y coordinará el Sistema Nacional de Transparencia. Además tendrá facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad e imponer medidas de apremio y sanciones.

Pregunta el filósofo del pueblo, Pancho López

¿Las leyes de Acceso a la Información y Anticorrupción, serán cumplidas, o solamente serán letra muerta, que los funcionarios públicos ignorarán, como ha venido ocurriendo hasta ahora?.

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