Tenemos que reconocer que es una buena noticia la que dio ayer en conferencia de prensa en palacio el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en el sentido de que se han detectado a más de 156 empresas constructoras que defraudaron por un monto superior a los mil millones de pesos.
Pero lo trascendente es que además de reconocer el daño patrimonial al gobierno del estado, anunció que se va a proceder en contra de todo aquel que haya cometido un fraude al no cumplir o realizar obras de mala calidad.
Esto significa que no solo los contratistas que recibieron anticipos multimillonarios para la supuesta realización de obras, que algunas de ellas ni siquiera se iniciaron y otras se efectuaron con materiales de mala calidad, sino también los funcionarios que permitieron esas graves irregularidades, que al parecer ahora se ha decidido dar a conocer.
Es que en esto de la corrupción gubernamental no solo son protagonistas los constructores, sino también los funcionarios que lo permiten, asignando contratos directos por millones de pesos, incluso sin que la Secretaría de Finanzas tenga conocimiento de esas obras.
“Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata”, dice la sabiduría popular.
Ambos funcionarios y contratistas son cómplices de la corrupción, que en primera instancia reporta un daño patrimonial al estado de Veracruz por más de mil millones de pesos.
Habrá que estar pendiente si en verdad en la lista de corruptos están todos los que son, porque debe de llegar la cadena hasta los más altos niveles.
En donde cuenta la anécdota de un secretario que cuando le reclamaron por la lentitud y mala calidad en las obras por contratistas, respondió: “con todo respeto, señor, son los que usted me mandó”.
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