Son “muchísimos” los defraudados con placas de Taxis

Apenas comentábamos ayer en la bitácora política que el siguiente escándalo de corrupción que estaba en puerta era el de la venta de placas de taxis y pocas horas después, el secretario de gobierno de Veracruz, Gerardo Buganza Salmerón al ser entrevistado en la capital, declaró a los reporteros que "Fueron engañados muchos ciudadanos en todo el Estado con la entrega de concesiones para dar el servicio de taxis, por lo que ya se realizan las investigaciones para proceder contra los responsables.

El funcionario encargado de la política interna en la entidad reconoció que incluso hay casos en los que hubo depósito de dinero en Sefiplan, con el otorgamiento de concesiones con más de 150 mil pesos a los ciudadanos que realizaban trámites para hacerse de una concesión y planteó a los engañados a denunciar, para que se pueda aplicar la ley a los estafadores.

Aunque en primera instancia, si hubo un depósito en la secretaría de Finanzas del gobierno estatal debería de haber cumplido con determinados requisitos, por lo que deberá investigarse a los funcionarios que estuvieron participando en esas promesas de entrega de concesiones.

Afirmó que a la fecha las personas estafadas no son cuantificadas en su totalidad, pero se habla "de muchas, muchísimas personas", que fueron engañadas por algunos "vivales" que recibieron dinero a cambio de entregarles concesiones falsas.

"El caso lo estamos investigando, tenemos muchos casos en donde las personas se presentan en la Secretaría de Gobierno con toda su documentación falsa, incluso hasta las tarjetas de circulación están clonadas.

Pero precisamente, en la Secretaría de Gobierno es en donde se debió de empezar la investigación de las irregularidades, pero sucede que ahora el ex secretario de gobierno, Reynaldo Escobar Pérez es quien debería también de dar seguimiento a esas denuncias en las que seguramente saldrán a relucir nombres de sus entonces subordinados en la secretaría de gobierno y en la dirección de tránsito.

Por eso es que –entre otras razones de peso- la ley impedía que el secretario de gobierno  pudiera ocupar el cargo de procurador de justicia, pero ahora se modificó hasta la ley para que pueda ser designado el ex secretario.

El actual secretario de gobierno Gerardo Buganza comentó que "Al decirle esto a los ciudadanos y negarles las placas, ellos han dado los nombres de quien les han pagado incluso hasta 150 mil pesos por juegos de placas, lo cual es un buen paso para integrar una averiguación al respecto y emitir las sanciones correspondientes", agregó.

De acuerdo con Buganza Salmerón, en este momento su secretaría se encuentra integrando los expedientes para ayudar a los ciudadanos a presentar las denuncias respectivas, con el fin de que se apliquen las sanciones de ley.

"Hay muchos, muchisisimos, y nos preocupa que han engañado por mucho tiempo a la gente, haciéndoles pensar que los pagos están realizados en la tesorería, y no es cierto, haciéndoles creer que pronto tendrán una concesión cuando no es así", puntualizó.

Ante dicha situación, Buganza Salmerón exhortó a la población a presentar la denuncia correspondiente en contra de los funcionarios que los hayan timado con dinero o emisión de documentos falsos a fin de que se integre una investigación en referencia al caso.

"Tenemos muchos nombres, incluso algunas personas que pasaron por esa institución y ahora estamos a la espera de que aquellos que se fueron defraudados, presenten su averiguación previa ante la procuraduría a fin de deslindar responsabilidades", dijo Gerardo Buganza.

Afirmó que la instrucción del gobernador, Javier Duarte de Ochoa, es que actúen con contundencia y para aquellos que hicieron ese tipo de fraudes, se apliquen las sanciones establecidas en la ley.

No sería la primera ocasión, en que al terminar una administración estatal, por el escandaloso caso de la venta de placas de taxis, el director general de tránsito vaya a parar a la cárcel. Habrá que esperar a que empiecen a dar nombres y empiecen a cantar los cómplices en esta nuevo capítulo de la corrupción en la administración estatal.


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