- No se ponen de acuerdo para la eliminación de esa figura jurídica
- Morena pretendía crear otra forma protectora, llamada “inmunidad constitucional”
- Solo es un engaño a 30 millones de mexicanos que votaron en por quitar privilegiosPor Miguel Angel Cristiani G.
Pues por lo pronto, ya no se cumplirá con lo prometido en
campaña por los diputados, senadores y hasta el mismísimo presidente de la
república, respecto a eliminar la figura del fuero que protege a funcionarios
públicos para que no puedan ser juzgados y encarcelados por algún delito que cometan.
En la sesión de la Cámara de Diputados federal el dictamen
para eliminar el fuero al presidente de la república, senadores, diputados,
gobernadores y hasta presidentes municipales, se atoró cuando era discutido
para su aprobación en lo particular.
Todo iba muy bien en la aprobación para desaparecer el fuero
en lo general, pero cuando se tenía que discutir y aprobar determinados artículos
en lo particular, los diputados de MORENA que aunque tienen mayoría, no
alcanzaron la llamada mayoría calificada, es decir las dos terceras partes de
los y las diputadas en la Cámara, para poder aprobar la eliminación del fuero.
En lo general, el dictamen pasó con 469 votos a favor, tres
en contra y seis abstenciones, pero en lo particular la votación fue con 280
votos a favor, 171 en contra y 4 abstenciones.
Así, se enviaron al Senado los artículos aprobados en lo
general y particular, pero se desecharon los que no lograron la mayoría
calificada, como los del fuero.
El grupo parlamentario de Morena acusó al PRI, PAN y
Movimiento Ciudadano de impedir la aprobación de la eliminación del fuero, y
señalaron que volverán a presentar una iniciativa al respecto en febrero
próximo.
Pero resulta que el nuevo dictamen, aunque hablaba de desaparecer
la figura del fuero a funcionarios, en realidad lo estaba cambiando por otra
figura protectora, llamada “inmunidad constitucional”.
En consecuencia, se estaba tratando de hacer aparecer como
que se estaba haciendo un cambio, cuando en el fondo lo que se estaba haciendo
era crear otra figura para proteger a los funcionarios públicos que ahora
tienen el fuero constitucional.
El cambio de nombre del fuero se aprecia en uno de los
artículos rechazados en el que se señalaba que: “El presidente o la presidenta
de la República, las y los diputados y senadores, las y los ministros de la
Suprema Corte, las y los magistrados del Tribunal Electoral, la o el Fiscal
General de la República, las y los consejeros del INE, gozan de inmunidad y, por tanto, no pueden ser privados de su
libertad durante el tiempo en que ejercen su cargo, salvo que exista una
sentencia condenatoria en su contra…”.
Entonces ahora ningún funcionario público podría ser
detenido por la acusación de algún delito, y a través de la también llamada
“inmunidad procesal” podría seguir todo el proceso en libertad, “como mecanismo
para evitar la persecución política y evitar el riesgo de inestabilidad en la
función pública”.
También se precisaba que las y los gobernadores y la o el
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quienes también gozan de inmunidad,
serían sujetos de proceso penal por la comisión de delitos federales. Cuando se
dicta sentencia condenatoria, el juez comunica a la Legislatura respectiva el
retiro de la inmunidad y la separación de cargo.
“Los diputados y los magistrados de los tribunales superiores
de justicia de las entidades federativas gozan de inmunidad. Cuando el juez
dicta sentencia condenatoria por delitos federales, este mismo comunica al
órgano respectivo el retiro de la inmunidad y la separación del cargo del
sentenciado”.
Además, la reforma retiraba de la Constitución el fuero que
protege a los funcionarios públicos y permitirá juzgar al presidente,
gobernadores, funcionarios públicos y legisladores por cualquier delito, “sin
necesidad de autorización del Congreso de la Unión o los congresos estatales”.
El fuero permite hasta ahora que ningún funcionario público
federal pueda ser juzgado si la Cámara de Diputados no inicia un juicio de
procedencia para el retiro de esa protección, lo que se ha constituido en un
mecanismo que favorece la impunidad.
La diputada María Alemán Muñoz del PRI, desde la tribuna
afirmó que esta reforma era “solo una simulación y un engaño a 30 millones de
mexicanos que dieron su confianza a Morena, porque los funcionarios seguirán
gozando de privilegios”.
Por su parte el controversial diputado Gerardo Fernández
Noroña, del PT-Morena, anunció su voto en contra de la reforma, y argumentó que
con esta “vamos a entregar atado de pies y manos al presidente electo a la
oligarquía, al Poder Judicial y a los adversarios del pueblo”.
Criticó a la mayoría de Morena por su “irresponsabilidad” y
los llamó a que “con esa misma fuerza defiendan la pensión a los adultos
mayores a los 65 años” y que no la suba a los 68.
El panista guanajuatense Ricardo Villarreal pidió a Morena
que “ojalá y el presidente electo recapacite y deje de decir que perdonará a
los corruptos. Eso no solamente es ilegal sino también es inmoral”.
Por lo pronto, el dictamen se regresó a comisiones para su
modificación, para que el año entrante, vuelva a ser presentado ante el pleno y
sea discutido por los diputados, a ver si ahora si desaparecen finalmente el
fuero a funcionarios.
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