- Para olvidar y perdonar todos los actos de corrupción que se han dado
- La corrupción se sitúa entre los tres problemas más graves en el país
- Sólo 1.15 de cada 100
delitos llegan a una determinación de justicia
Por Miguel Angel
Cristiani G.
Las declaraciones del presidente electo Andrés Manuel López
Obrador en el sentido de que habrá nuevamente “borrón y cuenta nueva” para
olvidar y perdonar todos los actos de corrupción que se han dado en los últimos
años en nuestro país, han causado no solo molestia sino indignación entre la
gente.
Para no ir muy lejos, ahora resulta que en una de esas
ocurrencias de perdón, hasta el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, de quien
se asegura entregaba diez millones de pesos mensuales a los representantes de
MORENA en el sur del estado, también podría verse con esa política de exonerar
a los que hayan cometido actos de corrupción.
Primero fue en un programa de televisión el lunes pasado,
cuando declaró el presidente electo que no habrá de investigar y mucho menos
perseguir a quienes hubieran incurrido en actos de corrupción, luego volvió a
declarar en una de sus ya tradicionales entrevistas de banqueta, que no se
ocupará en castigar a quienes hayan incurrido en el todavía presente y pasado
en atracos presupuestales.
Al respecto, la organización civil Mexicanos Contra la
Corrupción y la Impunidad se ha manifestado respecto a que se habrá de poner en
práctica una amnistía para los actos de corrupción cometidos durante la
presente administración federal, a pesar de que es un hecho que:
• La
corrupción se sitúa entre los tres problemas más graves que identifica la
población.
• Tan solo en
el último año México ha descendido 12 lugares en el Índice de Percepción de la
Corrupción elaborado por Transparencia Internacional y se coloca en el lugar
135 de entre 180 países.
• La impunidad
alcanza el 98.85% de los delitos cometidos, esto es, sólo 1.15 de cada 100
delitos llegan a una determinación por parte del sistema de justicia.
• En palabras
de López Obrador, la corrupción cuesta al país 500 mil millones de pesos al
año.
La campaña del hoy
Presidente Electo se centró en el problema de la corrupción como un mal
endémico que afecta el crecimiento, el desarrollo social y la equidad a la vez
que deteriora la confianza en los políticos y las instituciones públicas que
ellos encabezan. Asimismo, prometió, una y otra vez, desterrar la impunidad.
Más de 30 millones de
votos o 53% de los electores creyeron en su promesa y manifestaron su rechazo a
la corrupción y a tolerancia a la misma de los gobiernos que lo antecedieron.
No obstante, en
entrevistas ampliamente difundidas López Obrador afirmó que pondrá “punto final
a la época en que un gobierno entrante perseguía a exfuncionarios que
presuntamente habían cometido actos de corrupción” y que “perseguir a presuntos
exfuncionarios corruptos crearía condiciones de discusión en el país que él no
considera adecuadas”. En consecuencia, plantea una suerte de amnistía a la
corrupción del pasado, aunque agrega que no se trata de “truncar procesos
judiciales ya abiertos por la actual administración”, los cuales, insistió,
“deben seguir su curso legal”. Por si hubiese alguna duda, agregó: “Es un
perdón, sí, es un perdón. Así, es lo que se está planteando”.
Esta declaración
constituye en el mejor caso una amnistía a los actos de corrupción y a las
redes que los hicieron posibles y, en el peor, un pacto de impunidad acordado
con el gobierno saliente.
Una amnistía
aseguraría la impunidad para un número sin precedente de funcionarios que han
desviado recursos públicos cuyo destino debió haber sido el desarrollo económico,
los programas sociales y el fortalecimiento de la seguridad y no el
enriquecimiento personal, el beneficio privado o las campañas políticas.
A esta decisión, se
agregan otras medidas que ponen en duda la voluntad del próximo gobierno para
honrar el mandato de combatir la corrupción y la impunidad que recibió en las
urnas: su negativa a reformar el artículo 102 de la Constitución para dar
garantías de autonomía y eficacia a la nueva Fiscalía General de la República;
la expedición de una Ley Orgánica de la FGR que no garantiza la independencia
de la institución ni la creación de capacidades de investigación; la libertad
del Poder Ejecutivo para remover al Fiscal; el anuncio de la iniciativa para
eliminar las cinco salas especializadas en combate a la corrupción del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa; y el respaldo a la llamada Ley Compadre que
permitirá al gobierno de Tabasco asignar de manera directa aquellas obras de
infraestructura que sean estratégicas.
Todas estas acciones
tienen el potencial de debilitar, no de fortalecer las capacidades del Estado
para combatir la corrupción y la impunidad.
La adopción de estas
medidas debe llamar a una profunda reflexión, a un debate público sobre sus
consecuencias y a la construcción de una Agenda Nacional Anticorrupción
integral que hagan creíbles los compromisos de combatir la corrupción y la
impunidad, así como reforzar el Estado de derecho en nuestro país.
La impunidad lleva a
más corrupción no a su disminución.
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