Por Miguel Angel Cristiani G.
El próximo
domingo 20 de octubre, vence el plazo que dio el presidente de la República
Enrique Peña Nieto a la CONAGUA y dependencias federales, para que den a
conocer los resultados de la investigación sobre los responsables de haber
construido fraccionamientos residenciales y viviendas populares, en terrenos
que eran inundables, como acaba de ocurrir recientemente.
Pero el
asunto no termina ahí, porque también a los gobernadores de las otras entidades
que resultaron afectadas por las torrenciales lluvias, les puso de plazo el 31
de este mes, para que entreguen el censo de daños que serán atendidos con
recursos del FONDEN.
Aunque hay
que señalar que en el caso de las otras entidades, no se dio la “recomendación”
para que se investigara y castigara a los responsables de haber autorizado la
edificación de viviendas en lagunas y cauces naturales de los ríos.
Específicamente
en el estado de Veracruz, los daños en esta ocasión, se registraron al norte de
la entidad en Pánuco, Martínez de la Torre y Misantla.
Pero no se
sabe si la CONAGUA en la entidad también lleva a cabo la investigación ordenada
por el Presidente de la República en Guerrero.
Porque no se
deberá esperar a que ocurran daños tan lamentables como los ocurridos en
Guerrero, para entonces, después del niño ahogado, venga el pozo tapado.
En
específico, aquí en el estado de Veracruz, en el puerto y en Boca del Río, se
han venido registrado en los últimos años un crecimiento explosivo de nuevos “fraccionamientos”
que han tenido que rellenar primero terrenos donde había lagunas y manglares,
para después poder levantar miles de viviendas, se supone que con los
respectivos permisos y licencias de construcción de las respectivas autoridades
estatales y municipales.
Recientemente, surgió un conflicto entre los municipios de
La Antigua y Veracruz, ya que durante la administración estatal de Fidel
Herrera Beltrán, se pretendía quitar al primero de los ayuntamientos 3,397
hectáreas para construir ahí un desarrollo urbano del Grupo Dico.
Haciendo el
gran negocio, se pretendía construir desde Cardel hasta la entrada del puerto
de Veracruz.
Se
construirían ocho hoteles de gran lujo, tres universidades, más de ochocientos
lugares para una marina para embarcaciones, además de cinco campos de golf,
treinta mil casas.
¡De ese
tamaño es el negocio!
Los trámites
ya estaban en el Congreso del Estado para dar luz verde a los constructores,
pero las autoridades y vecinos del municipio de La Antigua, al descubrir las intenciones
de despojarlos de esas 3,397 hectáreas, iniciaron un movimiento de lucha para
frenarlos.
El problema
es que el municipio de Veracruz ya no tiene para donde crecer, ya que todo está
construido por esos fraccionamientos populares, construidos sobre lagunas y
esteros, pero que tarde que temprano, habrán de recuperar sus cauces y provocar
las temibles inundaciones.
La pregunta
es, si en Veracruz como en Guerrero se habrá de investigar a las autoridades
que han dado licencias y permisos de construcción a fraccionadores, a sabiendas
de que los terrenos no son aptos para el habitad y en cambio representan una
amenaza para el patrimonio de miles de veracruzanos.
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