Pareciera como si el problema de los daños y
afectaciones por las lluvias se hubieran registrado únicamente en el estado de
Guerrero –a donde el Presidente de la República ha viajado ya quien sabe cuántas
veces- en tanto que otras entidades el tema se va desvaneciendo y que como
ocurre siempre, los perjudicados terminarán arreglándoselas como puedan.
Ahora parece que la polémica y la atención de los
medios se han centrado más en el tema de la corrupción en el otorgamiento de
permisos de construcción de fraccionamientos populares en terrenos que no eran
los adecuados.
Las autoridades estatales han dado a conocer cifras
y números de “afectaciones” pero más bien con miras a que la federación les envíe
millones de pesos para atender a los damnificados.
Se habla de 117 mil viviendas afectadas por los
últimos fenómenos meteorológicos en el estado de Veracruz.
Pero eso de muy poco o más bien de nada, sirve para
las familias que han perdido su patrimonio en las inundaciones.
¿Acaso el gobierno del estado no próspero va a
construir 117 mil viviendas afectadas?
Pero como diría aquel, “ese no es el tema” el
problema es que es lo que se va a hacer con todas esas colonias y
fraccionamientos que se han construido en terrenos que son inundables y por lo
tanto propicios para sufrir inundaciones, sino es este año en los siguientes.
Por lo pronto, el vocero del gabinete de seguridad,
Eduardo Sánchez, anuncia que el gobierno federal mantiene las investigaciones
para ejercer con "toda energía" las acciones penales que fueran
necesarias en caso de negligencia.
El vocero de seguridad del gobierno federal de la
Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez, aseguró que los actos irregulares
de estados y municipios que favorecieron construcciones irregulares “son actos
de corrupción”.
“Quienes cometieron acciones de carácter irregular,
son innegables actos de corrupción“, dijo en conferencia de prensa convocada
para presentar pruebas sobre la presentación de alertas de emergencia.
El funcionario aseguró que los estados han recibido
solicitudes de información para elaborar atlas de zonas de riesgo, además de
que el gobierno federal ha entregado recursos a los estados.
“Es indiscutible y el Cenapred lo ha ratificado.
Hay atlas construidos por los estados, se han entregado recursos importantes
para atender el sector”, sostuvo.
“A partir de ahí se establecerán responsabilidades
y desde luego que si deriva una acción penal se ejercerá con toda energía”,
sostuvo.
Esperemos que así sea, que se castigue a los
fraccionadores y autoridades, municipales, estatales y federales que han
permitido la construcción de viviendas en los cauces de los ríos y lagunas.
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