Investigación de los culpables de las inundaciones: nada se volvió a decir

Por Miguel Angel Cristiani G.

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, pero en la investigación ordenada por el presidente Enrique Peña Nieto para conocer y se supone sancionar, a los responsables de haber autorizado la construcción de fraccionamientos y viviendas sobre los cauces de los ríos, ya se cumplió y esta es la hora en que todavía no se dan a conocer los nombres de los funcionarios y constructores involucrados.

Como se recordará, en una de las tantas visitas que hizo el presidente de la república al estado de Guerrero, ordenó que se hiciera  una investigación “hasta sus últimas consecuencias” para determinar los responsables de haber permitido la construcción de casas y fraccionamientos enteros en terrenos que eran cauces de ríos y lagunas.

Es más, el mismo presidente de la república, marcó el plazo y fecha, el 20 de octubre, se debería de dar a conocer el informe.

Pero, como suele suceder en este país en tantas cosas, la atención se desvió con el paso de los días, ya no se volvió a tratar el asunto en reuniones públicas, sino que de manera privada, el secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín, entregó lo que llamó un “avance de la investigación ordenada por el presidente Enrique Peña Nieto sobre el origen de las inundaciones y deslaves”.

Se prometió que en la investigación documental se revelarán omisiones de autoridades federales, estatales y municipales.

“Es imposible que no tengamos responsabilidades, hay responsabilidades federales, estatales, municipales. Hay muchas cosas, es un problema de una magnitud que apenas refleja lo que ha ocurrido a lo largo de mucho tiempo y no puede etiquetarse eso dentro de cajones por partido o por color. Esto es algo que dejamos de hacer”. Declaró a los reporteros antes de entrevistarse con el primer mandatario.
Para, el titular de la Sedatu, las omisiones van desde permisos de construcción en zonas irregulares hasta dinero que otorgó el gobierno federal a constructoras sin supervisión.
Ramírez Marín detalló que la investigación ha sido documental y se ha complementado con algunas fotografías.

“Estamos revisando miles y miles de hojas con licencias de construcción, manifestaciones de impacto ambiental, permisos de construcción, modificaciones de obra, permisos para descargas en aéreas federales y mantos hidrológicos, zona federal ha sido un trabajo muy importante”, apuntó.

De esta manera, no descartó, que tras la presentación de esta investigación algunas autoridades presenten denuncias en contra de funcionarios o ex funcionarios que toleraron actos de corrupción en la construcción de viviendas.

“Eso dependen de las autoridades a las que corresponda cada una de las partes del informe”, expresó.

Ramírez Marín detalló que en los próximos días se implementará el Registro Único de Vivienda para que las autoridades encargadas de dar permisos de construcción revisen en este banco de datos si las zonas donde se tramitan los permisos son peligrosas o permisibles para edificaciones.

“En los próximos días estaremos afinando este convenio que obligará a las autoridades municipales a consultar una herramienta clave que es el Registro Único de Vivienda al que sobrepone la información sobre la reserva territorial de tal manera que antes de otorgar cualquier tipo de permiso los alcaldes verifiquen que este permiso esté en condiciones de ser otorgado”.

También informó que 3 mil 700 casas serán reubicadas en todo el país, además de que 7 mil casas se darán como indemnización a los afectados por el paso de las lluvias.

El paso de las tormentas tropicales “Ingrid” y “Manuel” en México dejaron un millón 698 mil 240 afectados.

Pero de los nombres de los culpables, nada, total, la cosa es calmada…..

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