En Suiza descubren cuentas bancarias vinculadas a Duarte

Por Miguel Angel Cristiani G.

En un nuevo episodio del teleculebrón “El Dinero que me robé de Veracruz” se dio a conocer este miércoles que la Procuraduría General de la República ha logrado ubicar en Suiza varias cuentas bancarias que estarían vinculadas a las operaciones ilícitas del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Aunque ya se tienen detectadas las cuentas, la PGR no ha podido acceder todavía a las mismas, para poder conocer con detalle los montos y movimientos efectuados.

Los fiscales encargados del caso reconocen que les falta tiempo para completar las investigaciones contra Javier Duarte, por lo que para hacerlo pedirán 6 meses más al juez, si éste procesa al ex gobernador.

En la audiencia inicial, que se realizó el pasado 17 de julio, la PGR dio a conocer la imputación a Javier Duarte por lavado de dinero y delincuencia organizada, y reveló que tiene indicios de cuentas bancarias ligadas con los propietarios de una empresa, denominada Consorcio Brades, que se utilizó en presuntas operaciones de lavado.

De acuerdo con un amplio reportaje publicado en la página de internet de Animal Político, en la carpeta de investigación, Consorcio Brades es una compañía fondeada con recursos provenientes de múltiples empresas fantasma, que, a su vez, los recibieron de dependencias de la administración de Javier Duarte.

Con ese dinero, la empresa simuló la compra de terrenos ejidales con sobreprecio a prestanombres del ex gobernador y así lavar recursos.

Consorcio Brades también es una compañía fachada constituida por presuntos prestanombres, pero cuyo dueño real, según la Procuraduría, es Moisés Mansur, el principal colaborador de Javier Duarte en las operaciones delictivas.

“Hemos solicitado la asistencia internacional para ver el flujo de recursos hacia esas cuentas pero hasta ahora no hemos conseguido esta información”, reconoció uno de los fiscales de la PGR ante el juez.

Cabe señalar que la Procuraduría asegura que, tan solo a través de Consorcio Brades, se consiguió lavar el origen de 223 millones 896 mil pesos de las arcas públicas y que a la postre se habrían utilizado para la adquisición de un yate, joyas y varias propiedades. Pero los fiscales creen que hay múltiples recursos que no se han localizado y que se indaga su destino.

Suiza es el tercer país al que la PGR pide colaboración internacional en la investigación contra el ex gobernador de Veracruz. Previamente lo hizo a Estados Unidos y España para el rastreo de varias propiedades ligadas al ex mandatario estatal y a su círculo familiar y de amistad.

En la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal, la PGR señaló que necesita más tiempo para conseguir los indicios necesarios que permitan acusar formalmente y llevar a juicio al ex gobernador Javier Duarte.

Para ello, la PGR solicitará al juez de control que autorice un plazo de investigación complementaria, que se contempla en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por un periodo de seis meses para terminar la carpeta de investigación.

Esta solicitud solo será procedente si, en la audiencia del próximo sábado 22 de julio, el juez Gerardo Moreno, a cargo del caso, considera que los datos iniciales ameritan abrir un juicio contra Duarte —es decir, lo vincula a proceso—, y entonces sí dará un aval para la investigación complementaria. Es facultad del juez decidir si autoriza los seis meses o un plazo menor.

Entre los elementos que la PGR necesita integrar en la carpeta de investigación se encuentran peritajes en materias de contabilidad, así como financieros que permitan establecer una conexión de las operaciones que, según la imputación, ordenó Duarte desde su posición como gobernador para su beneficio.

Hasta ahora, la Procuraduría tiene pistas de que Javier Duarte instruyó lo anterior gracias a la declaración de un exabogado suyo, Alfonso Ortega, quien aceptó colaborar con la PGR a cambio de no ser procesado al menos de momento. Pero aún se necesitan evidencias para robustecer estos dichos.

Otro punto clave es identificar el origen del dinero. En la audiencia inicial del caso la PGR imputó a Duarte ser el responsable del desvío de 438 millones de pesos provenientes del erario público; sin embargo, solo pudo demostrar con un dictamen que 38.5 millones provenían de una cuenta bancaria a nombre de la Secretaría de Educación.

Lo que falta por identificar con precisión es el origen de los otros 400 millones de pesos, es decir, las cuentas bancarias de las dependencias de donde habrían salido los recursos.

En el expediente también se identifican cuatro departamentos de lujo, cada uno con un precio de entre 1.3 y 1.5 millones de dólares, en el conjunto Finestre, en Ixtapa Zihuatanejo, que pertenecen a Mansur y otros prestanombres pero que según la PGR en realidad son de Duarte.

La Procuraduría necesita documentar cómo se pagaron esos departamentos, es decir, si fue en efectivo o a través de cheques u operaciones bancarias. Es el mismo caso del yate Aquariva que habría adquirido Ortega por indicaciones del ex gobernador de Veracruz.

Los fiscales señalaron en la audiencia que “la investigación en contra de Duarte es un caso abierto”  y que existen varios elementos más que se están recabando para integrarlos.

 Dos ex colaboradores de Javier Duarte en las presuntas operaciones de desvío de recursos y lavado de dinero no serán consignados por la PGR, luego de que ésta aceptó no presentar cargos en su contra o retirárselos a cambio de que colaboren con el Ministerio Público en la indagatoria.

La confirmación de lo anterior se dio en la audiencia inicial, en la que, a solicitud de los abogados, la PGR aceptó que aplicó “criterios de oportunidad” en ambos casos.

El Código Nacional de Procedimientos Penales establece, en sus artículos 256 y 257, que aplicar “criterios de oportunidad” significa que el Ministerio Público se abstendrá de proceder penalmente en contra de una persona que decida colaborar con la autoridad aportando información que ayude a resolver el caso, siempre y cuando no se trate de delitos violentos.

Una de las dos personas que recibió este beneficio es el abogado Alfonso Ortega López, quien desde el principio aceptó colaborar con la PGR. Dicho abogado dio una declaración en la que detalla múltiples operaciones que realizó bajo las supuestas órdenes de Javier Duarte, entre ellas la creación de empresas fantasma, compra de propiedades, traslado de dinero en efectivo, etc.

El otro “perdonado” por la PGR es Juan José Janeiro, también exabogado de Duarte y quien según la declaración de Ortega dirigía múltiples operaciones irregulares ordenadas por el ex gobernador, entre ellas aparecer como prestanombres en la adquisición de propiedades como ocurrió en el rancho conocido como La Mesa en el estado de México.

Contra Janeiro si se había girado la misma orden de aprehensión que contra Duarte pero la PGR la canceló oficialmente en febrero, a cambio de una declaración que el abogado otorgó y que ya también se incluyó en el expediente.

La defensa de Javier Duarte adelantó que en la audiencia de vinculación a proceso programada para el próximo sábado, donde se definirá si hay elementos para que el gobernador vaya a juicio por los delitos que se le imputan, pedirá la presencia física del Alfonso Ortega para que sea interrogado.

“Esta persona tiene la obligación de comparecer en la audiencia. Si está colaborando con la PGR debe ser presentado para que la defensa le puede hacer planteamientos. Tenemos la impresión de que la PGR solo tiene sustentado el caso en dichos de esta persona y vamos a tratar de demostrarlo” dijo Marco Antonio del Toro, coordinador de la defensa del ex gobernador.

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El show mediático político de Duarte

Por Miguel Angel Cristiani G.

A las 4:30 de la madrugada de este lunes, cuando se abrió la reja de la celda donde estaba Javier Duarte de Ochoa en la prisión de Guatemala, desde el interior se escuchó su vocecita que decía “show, cámara acción” con esas tres palabras definió lo que sería el inicio de una jornada de espectáculo televisivo y ahora también por las redes sociales.

Y es que el proceso se que se sigue al ex gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa se ha convertido precisamente en eso, en un espectáculo mediático, en donde ya no se habla de los miles de millones de pesos que desaparecieron como por arte de magia durante su administración o los delitos por los que debió ser acusado, sino que ahora la atención se enfoca sobre sus famosas frases célebres, sobre su corte de pelo o si usa o no usa lentes multicolores.

Desde que salió de la cárcel guatemalceca, hasta que llegó al Reclusorio Norte en la ciudad de México, cerca de las 14:30 horas, en un convoy formado por una fila india con 11 camionetas -se supone que blindadas- que no se utilizó ni cuando trasladaron al Chapo Guzmán, el tema de Javier Duarte se convirtió en una búsqueda principal en Google donde tuvo más de cinco mil menciones.

Las cámaras de televisión y estaciones de radio, siguieron transmitiendo en vivo desde el aeropuerto hasta el reclusorio, donde habrá de permanecer hasta el próximo sábado, en lo que formó parte del gran espectáculo mediático en vivo y en directo, como gusta presumir a los conductores de noticias.

Pero en realidad, lo importante es el asunto de las acusaciones de la PGR y de la Fiscalía del estado de Veracruz, sobre esos siete delitos por los que hasta ahora se le acusan, dos federales y cinco del fuero común, sus cómplices, porque Duarte no actuó solo.

Sin embargo, en la opinión pública, ya Javier Duarte de Ochoa fue juzgado y sentenciado, como el más corrupto funcionario público en la historia de Veracruz y de México.

Los principales aliados del exgobernador Javier Duarte en su batalla legal son los errores de la PGR y la Fiscalía del estado.

De acuerdo con las versiones de quienes han tenido acceso al expediente de Javidu, no hay peritajes que acrediten el delito de delincuencia organizada.

¿Entonces?

Dicen los que conocen del derecho y del nuevo sistema penal acusatorio, que precisamente las acusaciones que enfrentará el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, “se sostienen con alfileres”.

Es decir que los errores en documentos y contradicciones en las cifras del presunto daño que causó al erario, testimonios controvertidos en el propio expediente e investigaciones por parte de la Fiscalía de Veracruz, que sólo aportaron dos documentos y un par de testimonios, son los elementos que integran las carpetas con las que pretenden probarle al exgobernador cinco delitos.

A nivel federal ocurre prácticamente lo mismo. Peritajes que no demuestran la ruta del dinero que habría desviado Duarte del gobierno del estado, ni tampoco se incluyen en el expediente documentos, peritajes que soporten los testimonios que acrediten la vinculación, como organización criminal, entre el exmandatario, sus subalternos y la adquisición de un terreno.

Al no establecer que existía una estructura criminal para delinquir, no se podrán demostrar los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, que exige comprobar que tres o más personas se organizaron para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos tipificados por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

En el caso de los delitos del fuero común, los documentos que integran las dos carpetas, las 38/2017 y 56/2017, en las que se basan las acusaciones de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición, tienen su origen en las denuncias de un líder partidista, y en una de las auditorías que practicó el Órgano de Fiscalización Superior del estado (ORFIS) en 2014 y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero que apenas cubren un pequeño monto de los presuntos desvíos que se atribuyen al gobierno de Javier Duarte, y que ORFIS calculó en 24 mil millones de pesos en ese ejercicio fiscal.

En la carpeta 56/2017, se vincula a Javier Duarte por el presunto desvío de 220 millones de pesos de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz (CAEV), originado por la denuncia presentada el 13 de diciembre de 2016 por el ORFIS.

Otra vez lo mismo, se asegura que el expediente está tan mal integrado que ni siquiera los montos del presunto peculado coinciden con las auditorías federales. Y en el caso de la segunda carpeta, en la que se le acusa de tráfico de influencias por utilizar un helicóptero del gobierno del estado, cuando ya era gobernador con licencia, la autoridad ni siquiera prueba que utilizó sus influencias para beneficiarse del helicóptero, y tampoco acredita que como gobernador con licencia ya no tenía derecho a usar la aeronave.

La denuncia que presentó el Orfis, como consecuencia de la observación FP- 072/2015/006 DAÑ, se convirtió el 13 de diciembre de 2015 en la carpeta de investigación C.I. FESP/552/2016/VII/12, y que fue radicada en la Fiscalía Séptima de Fiscales Especializados en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General del estado (FGE) de Veracruz. Esta fue una de las primeras denuncias presentadas por el organismo contra la anterior administración.

La acusación señala que fueron transferidos recursos federales de la tesorería de la CAEV a la Secretaría de Finanzas y Planeación. El dinero fue depositado a la Tesorería, que en ese momento encabezaba Tarek Abdalá Saad, ahora diputado federal por el PRI. “Dicha acción correspondía a la reestructuración del estado de Veracruz para dar transparencia a la cuenta pública del 2013”.

Por eso es la risa sarcástica de Javier Duarte de Ochoa cada vez que lo sacan a caminar entre las cámaras y micrófonos de los medios de comunicación, porque como ya lo anunció, las acusaciones son de risa y al final de cuentas todo se reducirá un show político.

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Despido masivo de trabajadores en el Congreso

Por Miguel Angel Cristiani G.

La mañana del pasado viernes, fueron llamados a la biblioteca del Congreso del Estado sesenta empleados, para darles la infausta noticia de que a partir de la fecha, habrían de ser despedidos, por motivos de ahorros presupuestales, en una operación de cese masivo de trabajadores, que no tiene precedente en la historia en la entidad.

Las autoridades-funcionarios que gobiernan en el llamado Poder Legislativo, no se quisieron tomar la molestia de ir llamando uno por uno a los empleados despedidos -como hubiera sido lo más moral- sino que los metieron a todos en el salón de la biblioteca, para comunicarles la nefasta noticia, que deja en el desamparo, de un día para otro, a un total de 70 familias xalapeñas.

Porque a los sesenta que fueron notificados el viernes, hay que sumar otros diez, los de mayor antigüedad y en consecuencia derechos laborales, que ya habían sido corridos con anticipación.

Sin lugar a dudas, se trató de un viernes negro, para los y las empleadas, del Congreso veracruzano, casi todos con los salarios más bajos, pero que, sin embargo, ahora pasarán a formar parte de las filas de los miles de desempleados.

Ese despido masivo de empleados de gobierno estatal, no tiene precedentes, ni siquiera cuando se han dado los cambios de una administración a otra, cuando se supone que las autoridades entrantes colocan a sus cercanos colaboradores.

Pero además, lo más grave es que los funcionarios en el Poder Legislativo, en donde se elaboran y aprueban las leyes, que norman la vida de los veracruzanos, son los primeros en no respetarlas.

Pareciera como si esa “casta divina” de funcionarios sintiera que ellos forman parte de un sector privilegiado, que está exento a “cumplir y hacer cumplir” las leyes en el Estado, que debe de ser de derecho para todos por igual.

Porque al poner en práctica ese despido masivo de trabajadores en el Congreso del Estado, estarían violando -por principio de cuentas- la Iniciativa de Ley de Ingresos y Decreto de Presupuesto de Egresos del gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal 2017, presentada por Flavino Ríos Alvarado, entonces gobernador interino del Estado y que fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado, en el número 7 del 24 de noviembre de 2016, del Primer Año de Ejercicio Constitucional, Primer Periodo de Sesiones Ordinarias de la actual Legislatura, para ser más precisos.

Pero además también se estarían pasando por el arco del triunfo, el Decreto número 8 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el Ejercicio Fiscal 2017.

Dicho documento fue promulgado y publicado en la Gaceta Oficial del Estado, el pasado 30 de diciembre del 2016, mediante el Oficio número 35/2016 firmado por el mismísimo gobernador Miguel Angel Yunes Linares.

Y que es lo que dice la Ley y el Decreto, pues simplemente ordena y establece que “Las Dependencias y Entidades deberán vigilar que las bajas definitivas de personal se ajusten a las disposiciones legales aplicables; por lo que deberán abstenerse de efectuar despidos por vía de hecho o derecho, sin la previa asesoría e intervención de sus áreas jurídicas; ante controversia, se privilegiará la conciliación y solución pacífica de los conflictos laborales; en caso inevitable, se deberá cumplir con el procedimiento para la rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para la Dependencia o Entidad, lo que será informado de inmediato a la Secretaría, a efecto de realizar las provisiones a que haya lugar; por lo que serán improcedentes las solicitudes de pago que no se hayan registrado como pasivos contingentes en el informe financiero trimestral, que para tal efecto deberán remitir a la Secretaría.

Las plazas que se encuentren en controversia, serán congeladas hasta en tanto se resuelva en definitiva el asunto; de resultar indispensable la ocupación del puesto, el nombramiento se otorgará con carácter de provisional.

Los pagos ordenados por la autoridad competente deberán gestionarse de inmediato a su notificación. En este sentido, las Dependencias y Entidades deberán convenir con la autoridad la fecha probable de pago con base en la disponibilidad financiera que para tal efecto le sea comunicada por la Secretaría, lo anterior a efecto de prever posibles recargos, multas y demás actualizaciones ante el incumplimiento en las fechas establecidas en la resolución.

Asimismo, la integración del pago deberá ser avalada por el área jurídica de la Dependencia o Entidad.

En caso de detectar inconsistencias en la integración, substanciación y en general la atención de estos procedimientos jurisdiccionales, dará lugar a que la Contraloría, a través de los Órganos Internos de Control, integre los procedimientos de responsabilidad y sanciones previstas en las disposiciones aplicables al generarse un daño al presupuesto atribuible al inadecuado desempeño del servidor público responsable”.

Artículo 46. La negociación de las Condiciones Generales de Trabajo aplicables a las Dependencias del Poder Ejecutivo, se sujetará a los incrementos, tiempos y montos que se concedan para el Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación del Catálogo Institucional de Puestos dependientes de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal.

De conformidad con lo anterior, las Entidades que lleven a cabo revisión y modificaciones a sus Contratos Colectivos con trabajadores, no podrán pactar prestaciones superiores en tiempo retroactivo, porcentaje e importe a los que se concedan para los trabajadores del Poder Ejecutivo, para lo cual deberán recabar la autorización previa de la Secretaría.

Artículo 47. Para el pago de las nóminas de las Entidades, deberán contar con la autorización administrativa y presupuestal previa de la Secretaría, ajustándose al procedimiento que ésta determine, cubriendo todos los gastos inherentes a las contrataciones, obligaciones por concepto de impuestos, aportaciones de seguridad social y demás pagos y prestaciones que por Ley deban cubrirse.

La aprobación que realicen los Órganos de Gobierno de las Entidades para la contratación de personal eventual o por honorarios asimilados a salarios con cargo a ingresos propios, podrá realizarse siempre que exista Dictamen de Justificación emitido por el área usuaria, en el que se demuestre la existencia de PPs y AIs que impliquen un incremento en las cargas ordinarias de trabajo, y este personal no se encuentre desempeñando alguna función remunerada en alguna otra Entidad o Dependencia del Poder Ejecutivo, en cuyo caso previamente deberá solicitarse a la Secretaría la autorización de la compatibilidad de empleos, sin perjuicio del estricto cumplimiento de las tareas, horarios y jornadas de trabajo que correspondan.

Artículo 48. Las Dependencias y Entidades en ningún caso darán retroactividad mayor a la fecha de autorización por parte de la Secretaría en la ocupación de plazas vacantes ni en la creación de nuevas plazas, debiéndose cubrir al trabajador dentro de los 30 días naturales.

Así las cosas, con las autoridades del Poder Legislativo, ante un irregular despido masivo de trabajadores, solo queda preguntarse ¿Quién podrá salvarlos? O cuando menos, intentar defenderlos.

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Poder Legislativo: les podría salir el tiro por la culata

Por Miguel Angel Cristiani G.

Ahora sí, que como bien dice el filósofo de mi pueblo Pancho López, a los y las diputadas del Congreso Veracruzano “les podría salir el tiro por la culata” si como es costumbre levantan su dedito para aprobar una iniciativa de decreto que fue presentada por el mismísimo Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Juan Nicolás Callejas Roldán en la sesión del pasado martes, que se refiere básicamente a sancionar a los funcionarios públicos que realicen u ordenen un despido de un trabajador de manera injustificada.

Luego se quejan de que los y las diputadas tienen fama de que nada más levantan el dedo para aprobar las iniciativas que se presentan en el pleno, sin tomarse la molestia siquiera de leerlas, con el pretexto de que “ya fueron publicadas en la Gaceta Oficial” y se supone que las deben de haber analizado detenidamente.

Tal parece que el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, diputado -plurinominal, obviamente- no se tomó la molestia de valorar las consecuencias de la iniciativa que presentó, pues aunque aparentemente se trata de “defender los derechos de los trabajadores” no se dio cuenta que también los trabajadores del Congreso del Estado tienen esos derechos, por lo que de ser aprobado el decreto que adiciona un artículo 317 bis al Código Penal del Estado de Veracruz para castigar a los servidores públicos responsables de las relaciones laborales, cuando realicen u ordenen un despido injustificado, en perjuicio tanto del trabajador, al no respetar sus derechos y los procedimientos consignados en la legislación laboral, como de la hacienda pública.

A menos que los y las diputadas del Congreso hayan olvidado ya que no forman parte de ninguna “casta divina” sino que son simples funcionarios públicos, que se supone trabajan en el Poder Legislativo para hacer leyes que beneficien y no que perjudiquen a todos los veracruzanos.

Porque da la casualidad, de que el todavía presidente de la Junta de Coordinación Política y también diputado plurinominal del PAN -es decir que ningún veracruzano lo eligió, sino que fue nombrado por su partido- Sergio Hernández Hernández anunció esta misma semana que serán setenta los empleados del Poder Legislativo los que serán despedidos.

Es decir, que en un futuro próximo estaremos viendo que esos empleados del Congreso, que ya han empezado a ser despedidos sin ninguna justificación legal, más que el argumento de que se trata de hacer ahorros y ajustes en el gasto, habrán de presentar las respectivas demandas y que si los y las diputadas levantadedito lo aprueban, se podría proceder precisamente en contra de los funcionarios responsables de esos despidos en el mismo Congreso veracruzano.

El Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Juan Nicolás Callejas Roldán desde la máxima tribunal en el Estado de Veracruz aseguró que, en los últimos años, las haciendas públicas se han visto afectadas gravemente como resultado de laudos condenatorios recaídos en múltiples demandas laborales en contra de ayuntamientos y de dependencias y entidades de la administración pública estatal.

“De acuerdo con cifras difundidas por magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en diversos medios, se estiman adeudos en esa materia por más de 2 mil millones de pesos, cantidad que representa el 3% del Producto Interno Bruto Estatal y el 67.4% de los ingresos totales de los gobiernos municipales, lo que evidentemente pone en riesgo la estabilidad financiera de las entidades públicas”.

El legislador local, Juan Nicolás Callejas agregó que este problema se ha generado, entre otras causas, por “despidos injustificados motivados por revanchismos políticos y por actos sin apego a los procedimientos establecidos en la legislación laboral aplicable, ello en respuesta, en algunas ocasiones, a lamentables basificaciones masivas de trabajadores realizadas por autoridades salientes, con la intención de dejar con protección laboral a las personas que contrataron o para obstaculizar las funciones de las entrantes”.

Recordó que se han realizado trabajos legislativos para encontrar una solución a esta problemática, como lo fue la adición que se hizo en noviembre de 2010 de un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, al establecer que los nombramientos de los trabajadores de confianza surtirán efectos sólo en la administración de quien los contrató, sin responsabilidad para el Ayuntamiento entrante de volverlos a contratar. Además, se estableció con dicha modificación que en el presupuesto del último año de ejercicio constitucional deberán contemplarse los recursos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones de ley.

Asimismo, dijo que de igual manera, en febrero de 2015 se adicionó un tercer párrafo a dicha fracción, con el objeto de que cada Ayuntamiento clasificara los puestos de confianza y, en particular, se establecieran claramente las causales de terminación del nombramiento. Complementario a lo anterior, se reformaron las fracciones XV y XVI del artículo 30 de la Ley Estatal del Servicio Civil, con el objeto de regular y controlar los despidos en los Ayuntamientos, ordenando a la entidad que se debería notificar al trabajador la terminación de la relación laboral conforme lo establece la ley y, en su caso, fijar en el presupuesto de egresos las cantidades destinadas al pago de indemnizaciones.

El diputado señaló que tales obligaciones han resultado en la práctica letra muerta, ya que los servidores públicos responsables no las acatan, razón por la que consideran que dichas reformas resultaron insuficientes para que los servidores públicos responsables, tanto de la administración estatal como de las municipales, cumplan con la ley, incurriendo con su actuar en conductas contrarias al espíritu del ejercicio de su encargo.

Callejas Roldán puntualizó que actualmente el Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su Título XVII, tipifica una serie de delitos cometidos por funcionarios contra el Servicio Público y, en especial, el Capítulo II, prevé el delito de abuso de autoridad, en el que se establece que será sancionado aquel servidor público que ilegalmente ordene, ejecute un acto o inicie un procedimiento en beneficio propio, ajeno o en perjuicio de alguien.

“En el tema de los despidos injustificados, nos encontramos ante el supuesto jurídico de un acto arbitrario por parte de la autoridad, que con su actuar le causa un perjuicio tanto a la entidad pública, poniendo en riesgo sus recursos, como a los trabajadores injustamente despedidos, por no observar las normas que regulan las relaciones laborales” terminó diciendo el Coordinador de la bancada priista.

Pero también ya esta misma semana, algunos de los trabajadores del Poder Legislativo que están siendo despedidos, se han acercado a algunos de los miembros del Congreso, para que soliciten -por oficio- al presidente de la Junta de Coordinación Política que detalle el motivo, la razón o las bases legales en las que se justifican esos despidos.

Se tiene que “transparenta” cuál es la finalidad de esos despidos, de muchas mujeres que son madres de familia con hijos, para pretender hacer un ahorro.

Se tiene que aclarar si se van a congelar esas plazas o se van a sustituir con nuevo personal.

Se tiene que informar que se hará con ese “ahorro” en el presupuesto.

Se les va a finiquitar conforme a las leyes.

Se tendrán que enfrentar, más adelante, laudos con cantidades millonarias que dañarán severamente las finanzas del Congreso.

Esos y otros puntos más son los que se tienen que analizar y dar respuesta por parte de quienes ahora actúan como los carniceros laborales, pero que mañana pueden convertirse en las reses que serán sacrificadas y castigadas.

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Los sueldazos en el Poder Legislativo

Por Miguel Angel Cristiani G.

Si bien es cierto que como lo comentamos en la anterior Bitácora Política los y las señoras diputadas en el Congreso local se despachan con la cuchara grande cuando se trata de cobrar remuneraciones, dietas y compensaciones por $143,123.38 pesos, libres de impuestos, al mes, también los empleados del llamado Poder Legislativo constituyen una élite que no tiene comparación con cualquier otra instancia del gobierno estatal.

Así lo demuestra el documento en nuestro poder, que es una copia de la nómina que se paga mensualmente en el Congreso del Estado, incluyendo a los y las diputadas, por la cantidad de más de 18 millones de pesos mensuales, con dinero y recursos, naturalmente, de todos los veracruzanos.

Lo más alto de la lista nominal del Congreso Veracruzano -el top teen- lo encabezan Analista Contable, una Asistente y una Secretaria que reciben puntualmente cada mes una “Remuneración mensual bruta” por $120,147.98 el primero, $118,218.84 la segunda y $100,211.48 pesos la tercera.

Esos sueldos no los tiene ni el mismísimo gobernador del estado, Miguel Angel Yunes Linares, aunque la Ley indique que ningún funcionario o simple empleado del gobierno, puede ganar más que el Ejecutivo Estatal.

Pero en el Congreso del Estado al parecer los diputados y diputadas parecen desconocer esa ley, porque son los primeros en estarla violando flagantemente.

Seguramente que usted, amable lector, también se estará preguntando: ¿pues que es lo que hacen esos empleados para ganar tan altos sueldos?.

La respuesta es muy simple, son directivos del sindicato de trabajadores al servicio del Poder Legislativo, que se supone deben de defender los derechos de los empleados del Congreso, en donde por cierto ya se anunció por parte del presidente de la Junta de Coordinación Política el diputado plurinominal Sergio Hernández Herández que serán despedidos un total de 70 burócratas del palacio de la avenida Lázaro Cárdenas.

Pero hay que reconocer que ese sindicato si logra mejoras sustanciales no solo para los directivos, sino para todos sus agremiados, por los sueldos que no tienen comparación con ninguna otra dependencia gubernamental en el estado de Veracruz.

Así las cosas un “analista jurídico” recibe mensualmente $70,000.00 pesos en números redondos, una auxiliar administrativo recibe una percepción de $59,594.80; en tanto que los analistas administrativos reciben $59,348.00; una modesta empleada con categoría de “secretaria” cobra $56,995.90.

Siguen más categorías como la de analista contable que tiene una percepción de $50,604.54; los directores tienen un salario de $50,274.00 pero no pagan impuestos, cuotas al IMSS y al IPE son subsidiados, lo que no tienen en otras dependencias estatales.

Otras categorías que cobran $40,000,00 son las de Analista Administrativo, -que era lo que cobraba el ahora diputado panista José Luis Enríquez Ambell, Secretario Técnico; Asistente, Subdirector De Servicios Jurídicos, Coordinador de Investigaciones Legislativas, Coordinador de Comunicación Social y el Coordinador De Informática, a todos ellos, los impuestos y las cuotas al IMSS son subsidiados con el presupuesto del Congreso, que todavía alcanza para organizar las ya célebres fiestecitas y jolgorios.

En la lista nominal aparecen numerosos empleados con categorías de Secretaria, Auxiliar Operativo o Analista Administrativo, que perciben sueldos entre $39,859.42 y los $38,518.50.

En la categoría de “asistentes” el sueldo que reciben es de $31,760.72 mensuales.

Los llamados “asesores” ganan desde $30,448.70 hasta diez mil pesos mensuales.

En la nómina del Congreso veracruzano el puesto más numeroso es el de los llamados “analistas administrativos” que tienen percepciones que van desde $61,843.88 hasta unos cuantos con ocho mil pesos al mes.

Le siguen los denominados “analistas contables” que cobran desde $120,147.98 (ciento veinte mil 147 pesos con noventa y ocho centavos) hasta el mínimo que es de $16,733.36.

También hay que reconocer que muchos de los empleados del Poder Legislativo tienen ya muchos años de antigüedad laboral, que con las nuevas autoridades del cambio, pretenden despedir al menos a setenta de ellos.

Lo que habrá de llevar a demandas y juicios por despidos injustificados, pero esa es otra historia, diría la Nana Goya, que tendremos que comentar también en la Bitácora Política.

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