viernes, 9 de diciembre de 2016

La seguridad en el Congreso Veracruzano


Por Miguel Angel Cristiani G.
Cuando ya van transcurridas ocho sesiones de la sexagésima cuarta Legislatura del Estado, pareciera que ya ha empezado a caerles el veinte a los que ahora son diputados de oposición, por ser minorías en el Poder Legislativo.
En la pasada sesión de este jueves, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Juan Nicolás Callejas Roldán subió a la tribuna para manifestar la posición de sus compañeros diputados, “en contra de cualquier manifestación o conducta que atente contra la autonomía o la integridad de los miembros del Congreso del Estado”
Se refería específicamente al hecho de que durante la ceremonia de toma de protesta del nuevo gobernador constitucional Miguel Angel Yunes Linares fue notable el blindaje policíaco que se estableció alrededor y hasta en el interior del Congreso con cientos de policías -vestidos de civiles con el clásico corte de pelo a casquete corto que los hace inconfundibles- “Los que pudimos asistir a este Palacio Legislativo el día primero de diciembre fuimos testigos de actos que vulneraron la autonomía de este Poder, y el principio constitucional de división de poderes que garantiza a los gobernados libertad y seguridad jurídica”.
Agregó que se vio un acto de despliegue de fuerza y de control de manera unilateral del edificio y de su seguridad, además de acciones para impedir el acceso libre a medios de comunicación y a trabajadores.
Nosotros fuimos uno de esos trabajadores de medios de comunicación a quienes no se nos permitió la entrada al Palacio Legislativo, porque nunca nos llegó el correo con el formato que se tenía que llenar para recibir la acreditación.
Pero el problema no fue solamente el día de la toma de posesión, el pasado martes cuando acudimos a cubrir la sesión ordinaria del Congreso del Estado, en la puerta-caseta de aduana instalada en el portón principal, los elementos de “seguridad” volvieron a impedir el libre acceso a lo que se supone es la Casa del Pueblo, un edificio público.
Cuando intentamos cruzar la puerta, los policías vestidos de civil que impiden el paso, nos lo impidieron y entonces se registró el siguiente diálogo:
-          ¿A dónde va?
-          Al salón del pleno de sesiones, soy periodista y vengo a cubrir la reunión?
-          Identifíquese-
-          Recordando que traía en mi carpeta el gafete que me habían entregado en la Coordinación de Comunicación Social del Legislativo el sábado pasado, para poder pasar a la entrega de la medalla Ruiz Cortes, se lo mostré al guardia, parado en medio de la puerta.
-          -Ese gafete ya no está actualizado-
-          Pero si me lo entregaron apenas hace tres días, aquí mismo en el Congreso-
-          Tiene que traer una credencial de su medio de comunicación, firmada por su jefe-
-          Yo soy periodista independiente, publico mi columna Bitácora Política en mi pagina web, en 70 portales y 20 medios impresos en todo el estado, pero no tengo “credencial” o charola de prensa.
-          Le muestro una tarjeta de presentación con mis datos.
-          Me responde que eso no sirve. Que tengo que traer una credencial firmada por mi jefe.
-          Como en mis más de cuarenta y tres años de ejercicio periodístico una de las cosas que he aprendido, es que nunca hay que discutir con un “polecia” aunque se encuentre disfrazado de civil y menos cuando es más alto y más ancho que yo, decido pasar a la cabina de registro ciudadano.
-          Ahí me piden una identificación oficial, le muestro la credencial del INSEN donde aparece mi foto y nombre, pero me dice que esa tampoco sirve, que tiene que ser la credencial del IFE o la licencia de conducir “actualizada”, aunque no entiendo para que pueden pedir una licencia de manejar como medio de identificación.
-          Le entrego mi credencial de elector, en donde aparecen también mis datos personales, con domicilio, clave de elector, curp y hasta mi edad.
-          Procede entonces a llenar en la computadora, un formato copiando todos mis datos personales, intercambiando mi credencial por un gafete, firmado por el jefe de seguridad del Congreso y finalmente pude entrar al Legislativo.
-          Mientras paso por el arco para detectar objetos metálicos, voy pensando que tal vez deba de acudir a la Comisión Estatal para la Atención y Defensa de los Periodistas, para que en la próxima vez, me acompañen y puedan testificar estos hechos y tal vez hacer una recomendación al Congreso del Estado, para que quiten -como ya lo hicieron en Palacio de Gobierno- los filtros policíacos que impiden el libre acceso.
Cuando entro a la sala del pleno todavía alcanzo a escuchar al diputado Callejas Roldán afirmando que “la posición del Grupo Legislativo del PRI es clara, por lo que aseguró que no están de acuerdo con estas acciones, tras enfatizar que no permitirán este tipo de atropellos contra la Soberanía, la cual no debe estar sometida a nadie”.
Falta que a los otros grupos legislativos que aparentemente son minoría, como Morena, el grupo Unidos Por Veracruz y el mismo PRD, se unan al pronunciamiento y quiten esa garita policíaca a la entrada de la Casa del Pueblo de Veracruz.
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jueves, 8 de diciembre de 2016

Javidu el huracán más dañino en la historia de Veracruz

Por Miguel Angel Cristiani G.
Ninguno de los huracanes de todo tipo de intensidad que han azotado al estado de Veracruz -y vaya que han sido muchos en su historia- causó tanta devastación, como lo hizo el más reciente denominado gobernador Javier Duarte de Ochoa, alias Javidu, que junto con su pandilla de funcionarios se dedicaron a saquear durante seis años las arcas de las distintas dependencias estatales.
Los daños cuantiosos, son en miles de millones de pesos, hasta la fecha no ha sido posible determinar con exactitud a cuánto asciende lo desaparecido.
Todos los días, van surgiendo noticias, que hablan de cuantiosos robos al erario público, por lo que ya hasta pareciera que deja de sorprendernos que se hablen de cifras millonarias, cien millones, mil millones, cien mil millones, eso difícilmente se puede uno imaginar a que equivale tanto dinero.
Pero sin lugar a dudas que el cinismo con que actuaron los miembros de la banda de Javier Duarte fue el detonante entre la población veracruzana, que en las pasadas elecciones estatales le propinó al partido oficial en el poder, la también histórica derrota del Poder Ejecutivo.
Es que prácticamente en todas las dependencias se desviaron los recursos económicos, que deberían de haber servido para pagar jubilaciones, sueldos a los maestros, las partidas presupuestales para los municipios, son solamente unos cuantos ejemplos de los miles de millones de pesos que fueron a parar al patrimonio personal de la camarilla de delincuentes.
En las cinco cuentas públicas de la administración de Javier Duarte de Ochoa dadas a conocer hasta la fecha -la última se dará a la luz pública hasta el año próximo- revelan algunos montos del “daño Patrimonial” como se denomina pomposamente para referirse al dinero que fue desviado de su destino y que nadie sabe a donde fue a parar.
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) -contabilizó un faltante por 10 mil 358 millones de pesos durante los primeros cinco años del gobierno de Duarte- pero el monto seguramente será mayor, ahora que con el nuevo gobierno de Miguel Angel Yunes Linares se apliquen auditorías internas a cada una de las dependencias estatales.
El año de mayor saqueo, de acuerdo con los documentos del ente estatal, correspondió a 2015, cuando se diagnosticó un "daño patrimonial" por nueve mil 231 millones de pesos.
La dependencia que aparece con más frecuencia en los expedientes negativos de la Cuenta Pública de Veracruz es la Secretaría de Infraestructura, que desde marzo de 2013 es dirigida por Tomás Ruiz González, quien también fue presidente del partido Nueva Alianza, director de la Lotería Nacional, director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), director de Banobras y secretario de Finanzas en el arranque del gobierno duartista.
En 2012, la Secretaría de Infraestructura presentó desvíos por 44.6 millones de pesos, lo que afectó la realización de 17 obras; en 2013 se detectó un daño patrimonial por 12.5 millones de pesos; en 2014 el desfalco fue por 14.5 millones en deterioro de cuatro obras, y en 2015 el faltante fue de 40.3 millones, en perjuicio de 19 obras.
En conjunto, durante los primeros cinco años de la administración de Javier Duarte, la corrupción obligó a la cancelación de 12 proyectos para la construcción de caminos rurales, la suspensión de 11 puentes, el abandono de 11 proyectos para ampliar la red de distribución de agua potable, la cancelación de ocho obras para dotar de drenaje a zonas urbanas del estado, la postergación de ocho programas de pavimentación, ocho proyectos para tratamiento de agua, cuatro obras deportivas, cuatro obras viales y dos obras de electrificación.
Otra de las dependencias que aparecen con mayor frecuencia en los desvíos de recursos documentados por el Orfis es el Instituto de Espacios Educativos, instancia creada en 2009, penúltimo año del gobierno de Fidel Herrera, y cuya misión es "construir más y mejores espacios educativos, contribuyendo así a la obtención de una educación de calidad en el Estado, así como administrar y aplicar los programas relativos a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los espacios destinados a la educación".
El organismo tuvo cuatro titulares en todo el sexenio y los malos manejos financieros durante los primeros cinco años se reflejaron en 28 escuelas, donde la corrupción impidió que se construyeran aulas didácticas, servicios sanitarios, cooperativas, bibliotecas, patios, explanadas y canchas.
También se cristalizó en 16 instituciones educativas que ya no recibirán servicios de mantenimiento y rehabilitación como pintura, impermeabilización, reparación de ventanas, mantenimiento a instalaciones eléctricas, remozamiento de muros y techos, así como cambio de pizarrones, debido al malo uso de los recursos.
El apoyo a los grupos vulnerables es una de las formas más tangibles de percibir los efectos de la corrupción. Por ejemplo, el 22 de octubre de 2015, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia para 52 municipios de Veracruz, derivada de las intensas lluvias, inundaciones y desbordamiento de ríos ocurridos entre el 16 y el 20 de octubre de ese año.
Para atender a la población damnificada, la dependencia federal entregó a la Secretaría de Desarrollo Social estatal, encabezada por Alfredo Ferrari Saavedra, 33.4 millones de pesos para la compra y reparto de despensas; 66.5 millones de pesos para la adquisición y distribución de cobertores y colchonetas; 99.9 millones para la reconstrucción de muros de casas dañadas, 99.9 millones para la instalación de pisos firmes en zonas de alta marginación y 99.9 millones para la compra y reparto de techos.
Nada de eso se entregó y, de acuerdo con el Orfis, ocurrió un daño patrimonial superior a 431 millones de pesos.
Esta práctica fue constante a lo largo del año, lo que da como saldo 413 mil 025 paquetes de techos fijos no entregados a familias pobres. Si se considera que en cada hogar habitan, en promedio, cuatro personas, la corrupción afectó hacia 1.6 millones de habitantes cuyas viviendas resultaron afectadas por huracanes, lluvias o deslaves.
También se contabilizaron 309 mil 818 despensas no entregadas a damnificados por desastres naturales, 237 mil 680 cobertores no facilitados a afectados por los frentes fríos y ondas gélidas, 139 mil 811 colchonetas no repartidas a personas perjudicadas por desastres naturales, 27 mil 777 paquetes para la instalación de piso firme que no se entregaron a familias de zonas marginadas de la entidad y ocho mil 801 paquetes para instalación de muros que tampoco se repartieron en hogares ubicados en zonas de alta marginación.
Por eso es que decimos que el huracán Javidu ha sido el más dañino y perjudicial, para el pueblo veracruzano, que en dos años no podrá salir de la crisis en que se encuentra, ya que según los especialistas cuando menos se necesitan 10 años para al menos pagar parte de la deuda millonaria que existe por parte del Gobierno del Estado.
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martes, 6 de diciembre de 2016

Transparentar el trabajo legislativo

Por Miguel Angel Cristiani G.
Entre los asuntos tratados en la orden del día de la sesión de este martes en el Congreso del Estado de Veracruz, merece la pena poner atención a la propuesta del diputado panista Sergio Hernández Hernández para modificar el Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, con el propósito de que las reuniones de las comisiones -que ahora son a puerta cerrada- sean públicas e incluso transmitidas por medios electrónicos oficiales.
La iniciativa que fue turnada a comisiones para su estudio, seguramente que en fecha próxima habrá de ser dictaminada para ser presentada ante el pleno para su discusión y aprobación.
Para poder hacer públicas las reuniones de las distintas comisiones de trabajo se tendría que reformar el artículo 45 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado.
La propuesta que fue presentada a nombre de la fracción parlamentaria del PAN tendría que ser aprobada por lo menos por otras dos fracciones de los distintos partidos políticos representados en el Congreso, para alcanzar la mayoría necesaria.
 Se supone que el hecho de hacer públicas las sesiones de las comisiones del Congreso y ser transmitidas por medios electrónicos oficiales como el internet, es para lograr una mayor transparencia y que los veracruzanos se puedan dar cuenta de cuáles son las posiciones y argumentos en favor o en contra de los distintos partidos políticos.
 Durante la séptima sesión ordinaria, del primer año de labores, el diputado planteó esta modificación a nombre del grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) con el propósito de dar transparencia al momento en que las comisiones legislativas discutan un proyecto de ley. Esta garantía de transparencia es para que los gobernados puedan expresar y participar en el momento en que se discuta una ley, añadió.
 El también presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Sergio Hernández aseguró que en la actualidad una de las cuestiones que más demanda la sociedad a sus autoridades es sin duda la transparencia, misma que debe ser eje rector de los actos y actividades de estas, máxime cuando la tendencia y el derecho humano a ella en sentido progresista va encaminada a que sus actividades se desarrollen a la luz de la publicidad.
 Por su parte, el filósofo del pueblo Pancho López opina que aprovechando que existe interés por parte de la bancada panista, por transparentar el trabajo legislativo, permitiendo la participación ciudadana con propuestas a las comisiones de trabajo, sería también saludable que -como ya ocurrió en la sede del Poder Ejecutivo en Palacio de Gobierno- se retiraran los agentes de seguridad que se encuentran instalados en la entrada del palacio Legislativo, que impiden el libre acceso a quienes acuden a tratar algún asunto, sometiéndolos previamente a un interrogatorio, revisión personal y requiriendo una identificación oficial, con sus datos personales, para poder entrar a la que se supone es la Casa del Pueblo.
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Recuperar la confianza ciudadana en el gobierno

Por Miguel Angel Cristiani G.
Se ha dicho ya en reiteradas ocasiones que la administración del gobierno estatal que encabeza el gobernador Miguel Angel Yunes Linares de dos años, apenas si alcanzará para establecer las bases de una nueva estructura en el gobierno, que permita lograr todos los cambios necesarios para salir de la crisis generalizada en que nos encontramos los veracruzanos.
De ahí la importancia del Plan Veracruzano de Desarrollo, que se pretende sea una carta de navegación gubernamental para los próximos dos años.
Todo avance dependerá de la medida en que las nuevas autoridades que recién tomaron el poder, como un nuevo gobierno puedan transitar unidos con la sociedad, en las rutas establecidas en el PVD.
Aunque hasta ahora, por principio de cuentas, el PVD no aparece publicado como debería de ser, en todos los portales de las secretarias y organismos del gobierno del estado, para que pueda ser conocido y consultado por la ciudadanía, solamente en la Gaceta Oficial del Estado es donde lo pudimos localizar.
Ahí se dice que “el plan es el mapa, no el destino. La finalidad es el progreso material y el bienestar de la sociedad veracruzana, con respeto a su heterogeneidad cultural y con el cuidado y conservación de su biodiversidad.
El bienestar de los ciudadanos de Veracruz depende en gran medida de que ellos mismos supervisen los desempeños gubernamentales y exijan rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos”.
Precisamente una de las acciones primordiales del PVD es el reforzar el estado de derecho y reorganizar a las instituciones para fortalecer la seguridad ciudadana.
Acatar el estado de derecho significa básicamente el respeto de la ley, pero su plena vigencia, requiere de autoridades, instituciones y servidores públicos con la ética y responsabilidad necesarias para garantizar a los ciudadanos la seguridad y certeza jurídica.
La impunidad derivada de la ausencia del estado de derecho en la entidad veracruzana ha facilitado la reproducción de violencia, fenómeno que se ha incrementado a tasas intolerables para la convivencia social, por lo que es una exigencia social la renovación de las instituciones de seguridad, así como las de procuración de justicia, como parte fundamental del proceso de reconstrucción del estado de derecho.
El objetivo de la política sobre seguridad ciudadana es garantizar al ciudadano sus derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad física.
Las proposiciones y reflexiones ciudadanas aportadas en los distintos foros de consulta son elocuentes, así como los datos que arrojan los estudios y las estadísticas.
Se encuentra que es necesario, modificar la reglamentación interna de las dependencias del Poder Ejecutivo, como activar procesos legislativos. La sociedad expresa la necesidad de reformar y actualizar determinados marcos legales, destacando, las preocupaciones por garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, asegurar la transparencia y rendición de cuentas, así como robustecer los sistemas de procuración e impartición de justicia, para erradicar problemas como la corrupción, la impunidad y la inseguridad.
Las participaciones de la sociedad veracruzana en el proceso de la consulta ciudadana corroboran, que la impunidad, la corrupción y la inseguridad, se perciben como los problemas que prioritariamente aquejan a los veracruzanos. Las causas que han originado estas problemáticas son multifactoriales, pero muchas de ellas competen a la administración pública, principalmente a las instituciones responsables de la seguridad, procuración e impartición de justicia, por lo que éstas no cuentan con la confianza ciudadana.
Veracruz demanda la plena vigencia y aplicación de las leyes para enfrentar los demás temas que obstaculizan su desarrollo, por lo que el estado de derecho y la seguridad ciudadana son premisas que circunscriben a todos los demás factores del Plan de Desarrollo 2016-2018 y se exponen en un solo bloque para establecer los objetivos y acciones tendientes a propiciar un clima de orden y paz para los habitantes del Estado.
De acuerdo con el PVD el objetivo primordial debe de ser conformar una administración pública renovada, respetuosa de la legalidad y sus instituciones, para cimentar el restablecimiento del estado de derecho.
Se mencionan también las que deberán ser las estrategias a seguir en los próximos dos años:
Proponer las reformas legislativas necesarias para armonizar, adecuar y actualizar el marco legal local, y efectuar modificaciones al marco reglamentario del Poder Ejecutivo.
Generar un acuerdo democrático por Veracruz, con la finalidad de garantizar a los veracruzanos el compromiso de diseñar políticas públicas necesarias para restablecer el Estado de derecho en Veracruz.
Implementar una re-ingeniería normativa que confiera protección, tutela y garantía de los derechos humanos protegidos por la Constitución Local, a fin de conferir al ciudadano la seguridad y confianza en sus instituciones, reforzando el Estado de Derecho.
Proponer una re-ingeniería de la normativa orgánica institucional, efectuando las modificaciones reglamentarias necesarias para dirigir a la administración
pública, bajo los principios de eficacia, eficiencia, transparencia rendición de cuentas y legalidad.
Reorganizar y trasparentar el sistema del transporte público.
Así las cosas, una vez pasados los tiempos de las promesas, es hora de entrar en acción, para cumplir con las expectativas del cambio, que los veracruzanos y veracruzanas demandan.
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lunes, 5 de diciembre de 2016

La lista de convenios con medios de la Legisver

Por Miguel Angel Cristiani G.
Seguro que son muy pocos los diputados de la nueva LXIV Legislatura del Estado de Veracruz que estuvieron pelando en el reparto de las distintas comisiones, los que saben que aunque no es propiamente una comisión, hay un área que maneja dentro del Congreso un presupuesto anual multimillonario.
Se trata del área de Comunicación Social, que para tener una idea de su importancia, en el último año de la pasada Legislatura, manejó de manera discrecional -porque no existen criterios para su reparto- nada más en “convenios con medios de comunicación” un monto superior a los 15 millones de pesos. Esa cantidad, no la maneja ninguna comisión legislativa.
Un amigo lector de la Bitácora Política, nos hizo llegar un archivo por correo electrónico, en el que aparece la relación de medios de comunicación a los que la Legislatura del Estado, pagó distintas cantidades por un monto de 13, 500,000.
Pero se supone que debe de existir otra relación -manejada también discrecionalmente y con máxima opacidad-, donde deben aparecer los reporteros, fotógrafos, columnistas y demás periodistas, que no son medios de comunicación como tales.
En las primeras sesiones de la actual Legislatura, la diputada Janeth García Cruz presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para que el Congreso de Veracruz cuente con una Contraloría Interna.
Con el fin de investigar y, en su caso sancionar faltas administrativas de naturaleza no grave cometidas por servidores públicos, así como para demandar la intervención de los órganos jurisdiccionales respecto a las consideradas como graves.
La Contraloría Interna del Congreso será la unidad administrativa del Poder Legislativo responsable del control, evaluación y desarrollo administrativo del mismo.
Tendrá entre sus atribuciones proponer y aplicar las normas y criterios en materia de control, fiscalización y evaluación que deban observar las unidades administrativas del Congreso que ejerzan recursos del presupuesto de egresos del Poder Legislativo.
Vigilar que las unidades administrativas cumplan con las políticas y programas establecidos por la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Administración y Presupuesto.
La Contraloría del Congreso deberá también, supervisar los procedimientos, actos y contratos de adquisición de bienes muebles y contratación de servicios que se lleven a cabo, de conformidad con la ley de la materia.
Por principio de cuentas, tal como ya se ha anunciado que se hará por parte del Poder Ejecutivo que encabeza Miguel Angel Yunes Linares, se habrá de llevar a cabo una auditoria para detectar los pagos millonarios que se estuvieron haciendo a medios de comunicación a través de la Coordinación de Comunicación Social Estatal, también en el Congreso del Estado se debería de promover una acción semejante, ya que posiblemente se encontrarían también empresas fantasmas, que cobraron cantidades exorbitantes.
La lista de “convenios con medios de comunicación para la difusión pública, conforme el artículo 23 del reglamento de servicios administrativos del H. Congreso del Estado, en el ejercicio 2016” tiene el sello de la pasada Legislatura, en la que aparece el nombre del medio y el monto total cobrado:
A simple vista, sin confrontar los nombres de los “medios” con el SAT para comprobar que realmente existen, hay algunos que como diría aquel, resultan claramente sospechosos de ser “medios fantasmas”.
Opciones de Oriente S.A. de C.V $382,800; Periódico Newsver $255,993.60; Avan Noticias S.A. de C.V 864,000.00; NoticiasdesdeVeracruz.com $72,000.00; Gráfico de Xalapa $700,000.00; Crónica de Poder S.A. de C. V. $200,000.00; Grupo Líder Editorial S.A. de C.V. $300,000.00; La primerísima S.A. de C.V. 334.950.00; Diario Az S.A. de C.V. $478,500.00; Empresas Franes S.A. de C.V. $560,000.00.
Otros “medios de comunicación” son Editora Samhe S.A. de C.V. $560,000.00; Editora Sur Centro S.A. de C.V. $560,000.00; Diario de Poza Rica S.A. de C.V. $560,000.00; Editora Sánchez S.A. de C.V $560,000.00; Editora Sur Centro S.A. de C.V. $280,000.00; Diario de Tantoyuca $280,000.00; jfentanes.mx $640,000.00; periódico Chiltepin $160,000.00; Imagen Siglo XXI $120,000.00; Fam Radio Networks $402,000.00.
Sigue la lista de medios: L&G Comunicación Especializada S.C. $160,000.00; Zonadenoticias.Com.Mx $160,000.00; Análisis Político $75,000.00; Centro Radiofónico de Xalapa S.A. de C.V. $375,000.00; Portal Comun.veracruzana S.A. de C.V. $290,000.00; Xeqt S.A. $199,375.00; Enlace del Golfo $100,000.00; Periódico Marcha S.A. de C.V. 60,000.00; la voz del pueblo $119,000.00; Editorial Noreste S.A. de C.V. $398.750; Desarr.Creat. Ctro de Invest.En Estd.Estratég. y de Opin.Pub. de Ver. S.C. $60,000.00; Tlacuilo $105,000.00; Garciver S.A. de C.V.$170,000.00; Periodicoveraz.com $75,000.00; Xalapa mia.com $105,000.00; cambio digital noticias multimedios S.A. de C.V. $150,000.00.
Orca Media S.A. de C.V. $100,000.00; Avanoticias.com.mx $80,000.00; Comercial Berman S. de R.L. $384,000.00; Alef.mx $100,000.00; Asesoría en Propaganda y Difusión S.C. $30,000.00; Formato Siete $160,000.00; Grupo Radiodifusores Capital S.A. de C.V. $100,000.00; diarionoticias.com.mx $160,000.00; Referente.com.mx $100,000.00; Versiones $50,000,00; Televisión de Puebla S.A. de C.V. $280,000.00.
La lista sigue: Oye Veracruz 159,500.00; Jesús González Ávila, compra de periódicos $143,522.00; TV Azteca S.A. de C.V. $350,000.00; Espejo, imagen y comunicación S.A. de C.V. $64,000.00; El mercurio semanario S.A. de C.V. $64,000.00; Voces de Veracruz $80,000.00; Reportb.com $64,000.00; Golpepolitico.com $64,000.00; Plumas Libres Periodistas S.C. $64,000.00; Estudio 101.9 S.A. de C.V. $92,800.00; Buzonxalapa.com $64,000.00; Editorial Coatzacoalcos S.A. de C.V. $360,000.00; Comunicación Especializada del Sureste S.A. de C.V. $300,000.00; Imagen Radio 62.5 FM $90,000.00; Periodismo Trascendente del Golfo Veracruzano S.A. de C.V. $180,000.00.
Fuente: Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros y Coordinación de Comunicación Social del Congreso.
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