martes, 28 de marzo de 2017

Despido masivo de empleados del Poder Judicial

Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez
De acuerdo a versiones extraoficiales ya suman más de 120 los trabajadores que han sido despedidos luego del cambio de la administración del Poder Judicial, pero como esos actos no están siendo apegados al derecho, todos los corridos sin una justificación legal, están procediendo a interponer las demandas laborales correspondientes.
El pretexto con el que están siendo despedidos los y las trabajadores del Poder Judicial -que en teoría es el encargado de impartir la justicia en el estado de Veracruz- es que debido a la crisis financiera del gobierno del estado se tienen que aplicar acciones para reducir los gastos.
Los despidos de trabajadores incluyen a quienes ya tenían una base laboral.
Abogados laborales han comentado que todos esos casos de despidos injustificados, serán ganados por los ahora desempleados, con lo que a la larga, lo que ahora se pretende justificar como un ahorro se convertirá en un costoso problema al tener que pagar por el daño causado.
La mañana de este martes, al término de la sesión del Consejo de la Judicatura, el Magistrado Presidente del Consejo de la Judicatura, Edel H. Álvarez peña fue entrevistado sobre las transferencias bancarias que realizó el Poder Judicial para saldar la deuda con el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), por un monto de 152 millones 789 mil 557 pesos, indicó que “se tuvo capacidad para hacer algunas economías porque se encontraban de por medio los logros de los trabajadores, quienes estaban dejando de tener préstamos y jubilaciones por no cumplir con ese pago”.
El Magistrado Presidente reiteró que la cuenta saldada corresponde al periodo de la primera quincena de mayo de 2015 a la primera quincena de marzo de 2017, con lo que queda cubierta en su totalidad la deuda que se tenía con ese organismo público.
Cuestionado sobre la liberación de uno de los jóvenes acusados en el caso de una joven que presuntamente fue atacada sexualmente en el fraccionamiento Costa de Oro el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia aseguró respetar la decisión del juez federal que la emitió.
Edel Álvarez Peña aseguró que el Poder Judicial está para respetar la ley y “si en este caso un juez federal dictó esa resolución, será la Fiscalía General del Estado a quien corresponda determinar si es procedente o no y actuar en consecuencia”.
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lunes, 27 de marzo de 2017

Perote por un cambio real al hacer las cosas: Herbert

Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez
Tuvimos la oportunidad de conversar nuevamente con el doctor Juan Francisco Herbert Prado, quien ahora sí está confirmado que habrá de ser el abanderado de la alianza partidista del Partido Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista para alcanzar la presidencia municipal de Xalapa. 
Como es bien sabido el doctor Juan Francisco Herbert Prado es un reconocido médico con una amplia trayectoria de más de 29 años de servir no sólo a los peroteños sino a todos los vecinos que se le han acercado en alguna ocasión a solicitar su apoyo y atención.
Por ello considera que es hora de hacer las cosas de una manera diferente a como se han venido dando en el municipio de Perote  en los últimos 12 años, “hay que trabajar cercanos a la gente, conocer sus necesidades directamente, para poder comprenderlas y resolverlas.
En ocasiones se ha hecho mucha obra pública, pero como ocurría recientemente en la administración de Paul Marie no se estableció una comunicación directa y la población lo sentía como un alcalde lejano. 
A propósito de cercanías, el doctor Juan Francisco Herbert Prado es un amigo cercano del senador José Yunes Zorrilla quien es un político que sabe trabajar y es en consecuencia un servidor público que conoce y también atiende a sus paisanos peroteños, por lo que se considera como un hecho que en la próxima administración municipal que encabezará el doctor Juan Francisco Herbert Prado se habrá de tener una adecuada sincronía para lograr atraer los recursos necesarios para aterrizar numerosos programas federales.
El doctor Herbert Prado goza de una impecable y bien ganada fama pública, es decir que nadie puede señalarlo de haber actuado mal o perjuicio de la comunidad, sino todo lo contrario.
Luego de 29 años de servicio en el sector salud, 5 mil cirugías, más de tres mil partos, el doctor decidió participar en la política “para hacer las cosas diferentes”.
En una plática con los periodistas del Grupo de los 10, el doctor Herbert Prado nos comentó: Tenemos que hacer las cosas diferentes a como lo hicieron las últimas dos generaciones de políticos.
Hay que entender que la política se trata de servir a los demás y no servirse uno del puesto para resolver situaciones personales o de grupo.
Por eso decidí que era el momento de hacer las cosas diferentes a como se ha hecho hasta ahora y por eso es que quiero ser alcalde de Perote.
“El alcalde tiene que estar cercano a su  gente, tiene que escuchar los problemas y buscarles solución.
Tampoco va a poder resolverlo todo el, tiene que delegar las funciones y por eso es tan importante que se rodear de un equipo de buenos colaboradores que no vayan a dejar en mal una administración.
Porque al final de cuentas lo que buscan los ciudadanos es tener una autoridad con la que puedan tratar.
No es sólo de hacer obras, al anterior alcalde Paúl Marie construyó más de 200 calles con pavimento hidráulico, pero la gente no estaba conforme, porque no lo sentían un presidente municipal cercano.
Hay que trabajar intensamente para brindarle a la ciudadanía lo que están reclamando en materia de generación de empleos, educación, seguridad y salud que son los principales problemas que enfrentan de manera cotidiana la ciudadanía peroteña.
El doctor Herbert Prado reúne ya todos los requisitos para ser el abanderado de la coalición PRI-Verde Ecologista, por lo que seguramente habrá de resultar el candidato vencedor en las próximas elecciones del 4 de junio.
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viernes, 24 de marzo de 2017

El ORFIS y el Lobo Feroz

Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez
En mi pueblo cuando querían educar a los niños para que no dijeran mentiras, les advertían: te va a pasar lo que a Juanito con el lobo, que de tanto decir “ahí viene el lobo” cuando al fin llegó, nadie le creyó y se lo comió.
Lo anterior me vino a la mente, cuando vi la noticia de que nuevamente el ORFIS anuncia que ha interpuesto denuncias penales por el desvío de 12 mil millones de pesos en la pasada administración estatal que encabezó el gobernador prófugo Javier Duarte de Ochoa.
¿Cuántas veces hemos visto declaraciones semejantes, que se han detectado desvíos multimillonarios por parte de funcionarios municipales y estatales, sin que pase nada.?
¿Cuántos de esos funcionarios denunciados están en la cárcel?
Si realmente se procediera en contra de los responsables del mayor saqueo de los recursos públicos en la entidad Veracruzana, a estas alturas del partido, ya deberían de estar llenos los penales con más de 300 ex funcionarios que desviaron según el ORFIS más de 12 mil millones de pesos que no es cualquier cosa.
Sin embargo, el Auditor del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Antonio Portilla al ser entrevistado por los reporteros aclaró que aún no hay fecha para que se giren ordenes de aprensión y en consecuencia tampoco se pueden meter a la cárcel.
“Ayer nuestro coordinador jurídico estuvo en la Fiscalía ampliando las denuncias (…) Estamos trabajando de manera coordinada a fin de que las denuncias que presentamos estén, que lo están, debidamente sustentadas". 
Por razones obvias no dio a conocer los nombres de los funcionarios que ya han sido denunciados, porque se presentan contra quien o quienes resulten responsables, sin personalizar la denuncia.
Eso en cuanto a los desvíos por ex funcionarios de la administración estatal, pero también a nivel municipal, se han detectado desvíos millonarios.
Pero como los presuntos culpables tiene un sin número de plazos para que puedan justificar y hasta devolver lo desviado, pues todavía no hay nada.
Será hasta la semana próxima cuando se va a concluir el plazo para los 14 municipios que no han solventado las observaciones de la cuenta pública, por lo que de no justiciarlas se podría presentar nuevas denuncias.
En esas denuncias se vincula a todos los funcionarios que tienen que ver con el manejo de los recursos como son el Presidente Municipal, Síndico, el encargado de la Comisión de Hacienda, el Tesorero, el Contralor y el director de Obras Pública.
“La próxima semana daremos los resultados de esos municipios, quienes solventaron y contra quién procede las denuncias ante la Fiscalía”.
Aclaró que los 23 entes del Estado se les notificaron de que están en la última etapa de la solvatación.
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jueves, 23 de marzo de 2017

Represión a periodista en el Congreso Estatal

Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez
Tenemos que manifestar nuestra total solidaridad con el compañero periodista Walter Ramírez, director del portal en internet Noticias desde Veracruz, el cual fue reprimido al ejercer el derecho a la información y la libertad de expresión, por funcionarios menores del Congreso del Estado de Veracruz, quienes en un acto de prepotencia ordenaron al cuerpo de “seguridad” que lo sacaran de las instalaciones.
No es el primer “incidente” que se registra en la actual Legislatura del Estado, para impedir el trabajo de los reporteros y periodistas que tenemos que cubrir las sesiones o los eventos que se realizan en el Palacio Legislativo.
Nunca antes en toda la historia del Poder Legislativo en Veracruz, se había suscitado un hecho tan reprobable en contra de la libertad de expresión.
Lamentablemente no existe unidad en el gremio periodístico, para reprobar y defender con toda energía hechos lamentables como el que se registró en el área de Comunicación Social.
Hasta ahora la unidad del gremio se manifiesta -incluso públicamente- cuando se trata del asesinato de un periodista, pero cuando se trata de una agresión a sus derechos laborales, de libertad de expresión y de acceso a la información, no pasa nada.
Habría que recordar que la libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano, consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Las constituciones de los sistemas democráticos también lo señalan. De la libertad de expresión deriva la libertad de prensa.
Pero todo ello parece ser ignorado por los y las señoras diputados en el Congreso de Veracruz.
El pretexto para actuar en contra del reportero, es que “había agredido a personal en la sala de prensa” pero en realidad el motivo del enojo es que habría solicitado vía derecho a la información datos sobre el grado o título académico que ostenta el encargado de Comunicación Social del Congreso.
Resulta contradictorio que apenas hace unos días se aprobó por mayoría de votos de los diputados locales, precisamente transparentar toda la información del Congreso, pero que al parecer cuando se trata de ejercer ese derecho, vienen las repercusiones en contra de quienes lo ejercen.
También resulta irónico que se haya creado una Comisión de Atención y Defensa de los Periodistas en el Congreso, que preside la diputada María Josefina Gamboa Torales, pero que al parecer únicamente le preocupa lo que se hace afuera del recinto y no lo que ocurre en el interior de la llamada Casa del Pueblo Veracruzano.
A propósito, la Comisión Estatal para la Atención y Defensa de los Periodistas, que ha sido severamente cuestionada, ya ha tomado cartas en el asunto y habrá de proceder legalmente y en consecuencia.
El periodista Marco Antonio Aguirre quien también cubre la fuente informativa de la Legislatura se refirió también al hecho reprobable en los siguientes términos:
Prepotencia y agresiones en el Congreso. En el Congreso del estado de Veracruz se están tomando actitudes de prepotencia y de franco contubernio entre los diputados del PAN, y -por lo menos- con algunos de la llamada fracción Juntos por Veracruz.
La prepotencia y los ánimos represivos en el Congreso del estado se manifestaron sobre todo contra Walter Ramírez, director del portal Noticas Desde Veracruz, al cual lo calumniaron al decir que había “agredido a diverso personal en la sala de prensa” y por lo mismo le “restringieron” el acceso al recinto legislativo, según dice en algo que parece un oficio con número DSJ/608/2017, pero al cual le cubrieron tanto el nombre de quien firma, como a quien va dirigido.
El conflicto de raíz es que Walter Ramírez hizo una solicitud vía acceso a la información sobre el manejo de la Coordinación de Comunicación Social del Congreso; Sergio Melo Hernández (quien se firma como licenciado cuando en realidad es técnico en electrónica automotriz) titular de la dependencia, le dijo que retirase la solicitud y que además le firmase un documento donde se comprometía a nunca más volver a solicitar información de ningún tipo.
Walter Ramírez se negó y ante esto Sergio Melo lo amenazó con que terminarían las relaciones comerciales con él y con el portal, lo cual cumplió de inmediato. Después vino el incidente de expulsión.
La calumnia de la supuesta agresión se levantó, junto con una supuesta acta circunstanciada y con este soporte se elaboró el oficio de expulsión.
Presumiblemente el oficio lo firma el notario público Ángel Ramírez Bretón, quien por ahora ocupa el cargo de Director de Servicios Jurídicos, pero al cubrirse el nombre, se carece de la certeza de que así sea.
Pues bien, con esa calumnia, de la cual se admite la falta de soporte en el mismo escrito, a Walter Ramírez lo sacaron 7 policías del Palacio Legislativo.
De acuerdo con el artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo sólo el presidente del Congreso, en este caso la diputada María Elisa Manterola Sáenz, tiene la facultad exclusiva de ordenar que el personal de vigilancia intervenga.
Si esto no fue así, Sergio Melo y Ángel Ramírez Bretón se tomaron atribuciones que no les corresponden y deben ser corridos.
Además, se debe dilucidar la intervención del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, el panista Sergio Hernández, quien es en realidad el que controla lo que ocurre en el Palacio Legislativo.
¿Qué Manterola Sáenz y que Sergio Hernández no sabían que esto ocurrió?, ¿pues clase de control tienen sobre lo que ocurre en el palacio legislativo?
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miércoles, 22 de marzo de 2017

Candidatos camaleónicos a las alcaldías

Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez
¿Qué es lo que está pasando con la selección de candidatos de la alianza electoral del PAN-PRD a las presidencias municipales, que pareciera que están abriendo las puertas de par en par a ex militantes del PRI, que han sido señalados de formar parte de las pasadas administraciones estatales priistas en donde ocuparon destacados puestos públicos?
Y que no nos salgan con el cuento de que las puertas de sus partidos están abiertas a todos los veracruzanos que quieran participar en las elecciones municipales.
Porque si bien es cierto que tanto en el PRD como en el PAN la caballada está flaca, también es cierto que hay sus contadas excepciones, de militantes de esos partidos que pueden hacer un mejor papel como candidatos a la presidencia municipal.
El caso más escandaloso de esos precandidatos -que pareciera que pasaron por una regadera y salieron empapados de la nueva doctrina partidista- es el del ex contralor y ex alcalde de Pánuco, Ricardo García Guzmán a quien el gobernador panista perredista Miguel Angel Yunes Linares señaló públicamente en campaña de ser la principal tapadera de la corrupción en el gobierno del prófugo de la justicia Javier Duarte de Ochoa.
Se entiende que el PRI no vaya a abanderar a esos candidatos ahora tránsfugas de ese partido, que hasta hace poco tiempo, ocupaban los presídiums en actos públicos y le levantaban la mano al gobernador priista en turno, pero de eso a que de la noche a la mañana, aparezcan como miembros militantes del PAN o del PRD y que la dirigencia estatal los acepte para ser candidatos a presidentes municipales, pues francamente deja mucho que pensar.
Otro caso que ha llamado la atención y merecido la reprobación de la militancia partidista, es el del ex alcalde priista Rafael Faraoni Mortera, que ahora se quita la camisa roja para buscar ser abanderado por el PAN.
Como Faraoni Mortera ha empezado a promoverse en el municipio de San Andrés Tuxtla, los militantes del PAN se dejaron venir a la capital del estado, en donde se manifestaron en las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal para protestar por esa posible candidatura.
“San Andrés Tuxtla, protesta”, “exigimos candidato partidista”, “no queremos a Faraoni para San Andrés Tuxtla”, “sin candidato partidista no hay voto” advertían algunas pancartas con las que acompañaron sus protestas.
En internet hay numerosas fotografías en donde aparece el neo panista Rafael Faraoni Mortera acompañando en actos políticos al ex gobernador Fidel Herrera Beltrán y también por su puesto con el prófugo de la justicia Javier Duarte de Ochoa.
Algo semejante ocurre en la capital del Estado, en donde el ex alcalde y diputado local priista por obra y gracia de la familia Chedraui, David Velasco, como ya no puede ser candidato por el PRI, ahora pretende a toda costa, que el PRD estatal lo designe, ignorando que hay otros aspirantes como el empresario Andrés Moreira que ya renunció a la precandidatura por esa necedad de imponer al candidato apodado como Tontin, o la comunicadora Ana Miriam Ferráez que no tiene cola que le pisen y por el contrario trae un proyecto renovador y de cambio en la administración pública.
Si bien es cierto que la alianza del PAN y PRD logró ganar la gubernatura del estado canalizando el descontento popular existente en contra de la administración de Javier Duarte de Ochoa, en el próximo proceso electoral las cosas son diferentes, porque se trata de elegir a un político cercano a la gente en los municipios y que no pueda ser señalado con el dedo índice de la corrupción y la incapacidad.
Se la ponen fácil a los candidatos a alcaldes del PRI, nada más con que publiquen carteles con la foto de los susodichos, preguntando: ¿este es el ex alcalde que quieres que te vuelva a gobernar?
En fin, que las dirigencias estatales del PAN y PRD parece que están engolosinadas, pensando que pueden repetir el triunfo en las próximas elecciones municipales, pero aguas, no vaya a ser que por no tomar las decisiones adecuadas, se vayan a terminar indigestando.
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