Añorando las Giras Presidenciales

• Cuando la visita del primer mandatario era todo un acontecimiento
• Los medios de comunicación jugaban un papel fundamental
• Publican la nueva Política de Comunicación Social del gobierno

                                  Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez

En la anterior entrega de la Bitácora Política comentamos acerca de la gira del presidente de la república Andrés López Obrador por el estado de Veracruz, lo que nos hizo recordar con -bastante nostalgia- aquellos otros tiempos, cuando la visita del primer mandatario de la república significaba todo un ritual, en el que lógicamente, los medios de comunicación jugaban un papel fundamental.

La verdad es que, si se añoran aquellos tiempos, cuando por principio de cuentas, se tenían que montar las famosas “salas de prensa” con cien o ciento cincuenta máquinas de escribir -todavía no existían las computadoras- para los reporteros de medios estatales y nacionales que se acreditaban como enviados especiales.

En algunas ocasiones se montaban hasta dos salas de prensa en una misma ciudad, para los medios locales y otra para los periodistas que venían de los nacionales.

Porque no solamente se montaban las mesas de trabajo, asemejando a los de una sala de redacción, sino que también se instalaban copiadoras, para sacar los duplicados que se tenían que entregar a todos los reporteros con los textos de los mensajes y hasta había bufetes para que los reporteros pudieran comer en el lugar sin tener que abandonar su trabajo.

En esas salas de prensa, se podía ver trabajando a las más destacadas figuras del periodismo nacional de ese entonces, quienes en su mayoría hacían no solo las notas informativas, sino lo más interesante era quizás las llamadas “nota de color” en la que se transmitían los detalles de la gira, los personajes, rumores, observaciones, análisis y comentarios.

Todos los medios de comunicación, asignaban a sus mejores elementos, para cubrir de la mejor manera y de la forma más profesional a los reporteros de la Fuente Presidencial, lo cual al parecer ya no ocurre así, según se puede apreciar en las conferencias mañaneras, en donde por principio de cuentas figuran medios “piratas” que tienen nula penetración y mucho menos circulación, con unos nombres que asemejan más un acertijo.

Parte importante era también el traslado de los periodistas, que de igual manera, se hacía en camiones para la prensa nacional -dependiendo del número de los enviados especiales, redactores, fotógrafos, camarógrafos, técnicos de sonido- y otros tantos vehículos para mover a la prensa local.

Aunque seguramente lo que más se extraña, es el ritual en el que casi todos participaban, aunque había quienes aseguraban que no recibían los famosos sobres amarillos, que eran entregados personalmente en algún privado, por el encargado de comunicación social de la presidencia o del gobierno del estado, según fuera el caso.

Uno a uno, se iba corriendo la voz, “te llaman en la habitación X” cuando estaban en algún hotel o “te esperan en el salón del fondo” era la clave para ir a recibir un apoyo en efectivo.

Pero no solo los reporteros recibían ese estimulo económico, también se entregaban las famosas “ordenes de inserción” de una o dos planas de publicidad, con tarifa política especial, para que de esta manera también los medios de comunicación recibieran un estímulo económico.

Todo eso es ya parte del pasado, que para los medios de comunicación en general, es cada día más complicado y difícil de mantener una empresa, grande o pequeña, pero que de todas maneras implica un gasto mensual.

Ahora todo parece ser que se trata de complicar y poner más obstáculos a los medios de comunicación para que puedan obtener de manera lícita, la publicidad oficial.

Así lo demuestra la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la llamada “politica de comunicación social para todas las áreas de las dependencias y entidades”

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el martes pasado, el “acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para el registro y autorización de los programas de comunicación social y de promoción y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2019”.

En el acuerdo, se establece que la Presidencia de la República determinará la política de comunicación social del gobierno federal para las áreas de comunicación social de las dependencias y entidades.

En este año la presentación de los Programas y Estrategias Anuales deberá realizarse en la primera quincena del mes de febrero

Se indica que se apegarán al programa de austeridad

El otorgamiento y distribución de publicidad oficial debe realizarse bajo criterios objetivos, imparciales y transparentes que garanticen la igualdad de oportunidades a favor de los distintos medios de comunicación

No podrán realizar erogaciones por concepto de notas, entrevistas o imágenes con fines periodísticos. Las publicaciones que realicen con cargo a recursos públicos deben estar directamente vinculadas con las funciones de las mismas y de sus campañas de comunicación social o de promoción y publicidad.

En el caso de difusión de campañas gubernamentales se seleccionarán los medios conforme a criterios objetivos, tomando en consideración las características, tarifas, destinatarios, cobertura y especialidades que cada uno presenta.

Para la contratación de medios de comunicación y servicios correlativos, las dependencias y entidades deben verificar que los proveedores no estén inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública.

Así las cosas, el futuro de los medios de comunicación, en la llamada Cuarta Transformación del país, que como puede apreciarse, en lugar de ser más ágil, se convierte en un laberinto burocrático con cada vez más trabas y requisitos.

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La segunda gira de AMLO a Veracruz

• En dos meses del gobierno federal ya van dos visitas presidenciales
• A ninguna otra entidad del país ha viajado tanto para anunciar apoyos
• La mano que le quiere zarandear la cuna a Cuitláhuac García

Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez

Para responder a quienes en las últimas semanas han estado difundiendo por las “benditas redes sociales” rumores acerca de un posible cambio de timón en el gobierno del estado, resulta importante destacar la gira de trabajo que todo el fin de semana hará por el estado de Veracruz, el mismísimo presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Habría que destacar en primer término, el hecho de que en los dos meses de gobierno federal, el presidente de la república habrá venido también en dos ocasiones al Estado de Veracruz.

A ninguna otra entidad del país ha viajado en igual número de ocasiones, desde que asumió la presidencia de la república.

Como se recordará, la primera visita fue al día siguiente de haber tomado posesión, para venir personalmente a Xalapa la capital del estado, a anunciar los programas de bienestar social que se están operando en Veracruz.

La segunda gira por territorio veracruzano será este fin de semana, para poner en marcha otros programas federales.

Para quienes no se han querido dar cuenta todavía, en el estado de Veracruz, se están aplicando prácticamente todos los programas del llamado paquete de bienestar familiar, desde el apoyo a los adultos mayores, becas para estudiantes, empleo para jóvenes en empresas y ahora en el sur en Minatitlán el relacionado con el medio ambiente y el tiradero de basura, en la zona centro del estado se reunirá con alcaldes para darles a conocer más beneficios y apoyos.

Al respecto del tema de los apoyos de la federación hacia el estado de Veracruz, hay que apuntar también que en este primer año de gobierno de MORENA se van a recibir alrededor de cuarenta mil millones de pesos en participaciones para la entidad y los municipios.

El mismísimo gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez en su cuenta de Twitter anunció así la gira del primer mandatario:

“El presidente @lopezobrador nos visitará el 01 de febrero en #Minatitlán, el 02 en #Acayucan y el 03 en #Córdoba. Trae muy buenas noticias para nuestro estado.

Los esperamos este fin de semana para presenciar los proyectos en los que estamos trabajando en conjunto. pic.twitter.com/vYZX7fAlhI “

Luego de la gira presidencial -en la que se habrán de dar a conocer más y más apoyos para todos los veracruzanos- habrá de quedar bien claro, el aprecio y la estima que tiene el presidente López Obrador por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.

Con este recorrido de tres días por el estado de Veracruz, habrá de ponerse fin a los falsos rumores de que habrá cambios en el gobierno.

De cualquier manera, resulta interesante el investigar cual es la “mano que mece la cuna” que al hamaquear el ambiente político, está exhibiendo una desmedida ambición por adelantar los tiempos -aún muy lejanos- de una sucesión gubernamental.

Habrá que estar pendiente, de quienes son los personajes de la política que en esta gira, aparecen cercanos al presidente López Obrador en los templetes y a quienes de plano los dejan abajo como a los chinitos, milando, milando.

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La conjura contra Orizaba desde el Congreso, al descubierto

• Nahún Álvarez Pellico pretende que lo nombren alcalde sustituto
• Alta dosis de ignorancia y alentada por la ambición del diputado
• Ahora pretende embarcar a su compañera Cristina Alarcón Gutiérrez

Por Miguel Angel Cristiani G.

Vaya favor que le están haciendo los diputados de Morena al gobernador Cuitláhuac García con el asunto de Orizaba. Nos estamos acostumbrando a las pifias de una de las peores Legislaturas que tengamos memoria, aderezada con una alta dosis de ignorancia y alentada por la ambición. Veamos por qué. 

En noviembre pasado, el diputado de Morena Nahúm Álvarez Pellico convirtió una auténtica tragedia –la muerte de dos hermanos profesionistas a manos de policías orizabeños- en un espectáculo mediático cuando desde el Congreso exigió abrir un juicio político contra Igor Fidel Rojí, presidente municipal de Orizaba.

En Xalapa fue bien sabido que su jugada era eliminar a Igor Fidel mediante la vía de la destitución para que ¡oh sorpresa! él resultara designado por sus amigos legisladores como presidente sustituto. Una presidencia exprés, sin esfuerzo y sin votaciones.

Para mala suerte de Álvarez Pellico, el gobierno entrante de su jefe Cuitláhuac García encontró más apoyo en el gobierno de Orizaba que en el Xalapa, Coatzacoalcos o Poza Rica, controlados por Morena, pues el presidente Rojí se supo mover y en dos patadas se echó al bolso al gobernador y al secretario de Gobierno, Eric Cisneros. Eso detuvo lo del juicio político… por el momento.

Pero ambicioso como es, el diputado moreno se valió de la ignorancia de su paisana, la también diputada de Morena Cristina Alarcón Gutiérrez, para que sea ella quién en las próximas sesiones satanice y condene todo lo que ocurra en la Ciudad de las Aguas Alegres. Y así, hasta llegar al juicio político, otra vez.

El plan comenzó el pasado 17 de enero cuando la inocente anciana, una desconocida de la cual no existe rastro alguno de su trayectoria política o profesional, que llegó al cargo por las famosas “tómbolas” de Morena, es decir, en su vida ha recorrido las calles, nunca ha pedido un voto y no conoce a la gente, se dejó seducir por Álvarez Pellico y arengó en la sesión del Congreso sobre el delicado tema de la violencia contra las mujeres… pero sólo en Orizaba.

Si la diputada Alarcón hubiera puesto el dedo en la llaga de todo el estado, su participación habría sido creíble y más que oportuna, especialmente por lo que ocurre en el sur de Veracruz. Pero sólo se dedicó a denostar a un personaje en particular, Igor Fidel Rojí, haciendo evidente y público lo que era conocido tras bambalinas.

Quizás ese haya sido el primer clavo del ataúd político de Nahúm Álvarez Pellico, que comienza a ser visto con desconfianza en el Palacio de Gobierno de Xalapa, debido a su adicción al poder.

Lo menos que hubiera podido hacer es asesorar bien a su compañera, pues de nada sirven los altos sueldos que se le pagan –con cargo al erario- a los ideólogos de Facebook, Eduardo Zárate y Plinio Soto, dos impresentables de Orizaba que fungen como consejeros de la diputada Cristina Alarcón y que nada hicieron por evitar que su jefa hiciera un ridículo monumental en plena tribuna.

De entrada, porque en su discurso de hace dos semanas, Cristina Alarcón habló de víctimas con nombre y apellido, violando en perjuicio de las víctimas que tanto dice defender el consagrado principio de confidencialidad.

Es decir, la diputada evidentemente desconoce la ley y eso que encabeza la Comisión de Derechos de la Niñez y la Familia. Esto quedará en los anales de las más grandes pifias morenistas.

Además de que habló de feminicidios que no ocurrieron en la administración de Igor Fidel, pues hizo la alusión directa a este munícipe, cambió los nombres de las víctimas pero su mayor error fue echar en el mismo costal el doloroso caso de la hija de la diputada Carmen Medel, que según Cristina Alarcón, también es responsabilidad de Rojí. ¡De ese tamaño!

La diputada morenista omite decir que los feminicidios que mencionó tienen un origen más profundo, que van desde la miseria y el hambre, pasando por el desempleo hasta las estúpidas costumbres misóginas que persisten en Veracruz. Se ampara, y ahí sí tiene razón, en la culpa que tienen Fidel Herrera y Javier Duarte y sus administraciones.

Pero ahora es su turno y bien haría en ponerse a trabajar para resolver esos “errores del pasado”, pues para eso se le paga y muy bien, en vez de dejarse engañar por un hombre ambicioso y sin escrúpulos para obtener lo que quiere, como lo es Nahúm Álvarez Pellico. Si quiere que en Veracruz acabe la violencia contra las mujeres, Cristina Álvarez debería empezar por poner el ejemplo.

Más pifias legislativas

• Exhortan a todos los ayuntamientos a publicar su información
• Mostrando su desconocimiento de la Ley de Transparencia
• Corresponde al IVAI el vigilar y hacer que se cumpla

Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez

Ahora sí que para no variar en las pifias legislativas, resulta que la llamada Junta de Coordinación Política, -integrada por los coordinadores de todos los partidos en el Congreso- presentó en la más reciente sesión del pleno, un proyecto de punto de acuerdo por el que se exhorta a los todos los ayuntamientos de la entidad, para publicar y actualizar los portales de transparencia correspondientes a cada uno, en términos del artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El cual, como pareciera lógico y necesario, fue aprobado por el pleno de los 40 diputados presentes de todas las fracciones políticas, cero abstenciones y cero votos en contra.

Pero resulta que la ocurrencia -no puede llamarse de otra manera- fue del ex presidente de la mismísima Junta de Coordinación Política en la pasada Legislatura, que repitió en la actual como diputado plurinominal, Sergio Hernández Hernández quien cuando se trató la propuesta de exhortar al municipio de Tierra Blanca a que actualizara su información en el portal de internet, pues simplemente dijo ¿y porqué no exhortarlos a todos?

Pues resulta que, con esta brillante idea, se pone de manifiesto varias cuestiones que resulta interesante y oportuno destacar.

Primero, que los exhortos, son como las llamadas a misa, les hace caso quien quiere ir y quien no, pues no pasa nada.

Pero quizás más grabe es que el bilegislador, a estas alturas del partido, al parecer todavía no está enterado que existe precisamente una Ley de Transparencia y de Acceso a la Información  que en su Artículo 2 establece que los motivos de dicha legislación son: I. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información y la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de la información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y en atención, en todo momento, a las condiciones sociales, económicas y culturales;

II. Hacer exigible el acceso a la información pública a través del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;

III. Coadyuvar a la mejora de la gestión pública y a la toma de decisiones en las políticas

gubernamentales;

IV. Preservar la información pública y mejorar la organización, clasificación, manejo y sistematización de documentos en posesión de los sujetos obligados por esta Ley; y V. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan.

Lo anterior quiere decir que es el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales quien en su caso tiene la responsabilidad de vigilar y hacer que se cumpla la ley y no el Poder Legislativo.

En dicha Ley hay todo un capítulo IV titulado De la Verificación de las Obligaciones de Transparencia en el que establece con toda claridad:

Artículo 29. El Instituto vigilará que las obligaciones de transparencia que publiquen los sujetos obligados cumplan con lo dispuesto en los artículos 15 al 28 de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Las determinaciones que emita el instituto deberán establecer los requerimientos, recomendaciones u observaciones que formulen y los términos y plazos en los que el sujeto obligado deberá atenderlas. Su incumplimiento será motivo para aplicar medidas de apremio, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.

Artículo 30. Las acciones de vigilancia referidas en el artículo anterior, se realizarán a través de la verificación virtual o presencial. Esta vigilancia se llevará a cabo de manera oficiosa por el Instituto al portal de Internet, mesas o tableros de los sujetos obligados o de la Plataforma Nacional, ya sea de forma aleatoria, muestral o periódica.

Artículo 31. Las verificaciones tendrán por objeto revisar y constatar el debido cumplimiento a las obligaciones de transparencia, en términos de lo previsto en los artículos 15 al 28 de esta Ley, según corresponda a cada sujeto obligado, y en las demás disposiciones aplicables.

Artículo 32. La verificación que realice el Instituto se sujetará a lo siguiente:

I. Constatar que la información esté completa, publicada y actualizada en tiempo y forma;

II. Emitir un dictamen en el que podrán determinar que el sujeto obligado se ajusta a lo establecido por esta Ley y demás disposiciones o, contrariamente, determinar que existe incumplimiento a lo previsto por la Ley y demás normatividad aplicable, en cuyo caso formulará los requerimientos que procedan, a efecto de que el sujeto obligado subsane las inconsistencias detectadas dentro de un plazo no mayor a diez días;

III. El sujeto obligado deberá informar al Instituto sobre el cumplimento de los requerimientos del dictamen; y IV. El Instituto verificará el cumplimiento de la resolución una vez transcurrido el plazo y, si considera que se dio cumplimiento a los requerimientos del dictamen, emitirá un acuerdo de cumplimiento.

El Instituto podrá solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que requiera, para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para llevar a cabo la verificación.

Cuando el Instituto considere que existe un incumplimiento total o parcial de la determinación, le notificará, por conducto de la Unidad de Transparencia, al superior jerárquico del servidor público responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a los requerimientos del dictamen.

En caso de que el Instituto considere que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días, se informará al Pleno para que, en su caso, imponga las medidas de apremio o sanciones, conforme a lo establecido por esta Ley.

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¿Promoción o paseos turísticos por España?

• El presidente municipal de Poza Rica con su familia también se fue de viaje
• Con el pretexto de hacer “hermanamientos” con alcaldías de la Madre Patria
• La Ley de Austeridad Estatal no es aplicada por funcionarios de MORENA

Por Miguel Angel Cristiani González.

En anterior entrega de la columna Bitácora Política titulada ¡Que Chulo Veraneando! Nos referíamos a la contradicción que representa en estos tiempos de la austeridad republicana de la llamada Cuarta Transformación, los viajes al extranjero por funcionarios mexicanos para “promover” el turismo en ferias internacionales, que solo significan un gasto y un viaje de placer para quienes los realizan, con pobres resultados.

Un amable lector, nos envió un correo electrónico en el que -por más increíble que pueda resultar- el actual presidente municipal de Poza Rica, Francisco Javier Vázquez Vallejo -por cierto- del partido MORENA el mismo del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se fue una semana a Madrid España con el pretexto de “presentar las Cartas de Intensión para el Hermanamiento con diferentes Alcaldías”.

Pero lo más interesante de la “gira de trabajo” es que se llevó también a su esposa e hijo, para aprovechar el viaje y que como se consigna en las redes sociales, el cabildo por mayoría de votos le autorizó los gastos de viáticos, aunque no se dijo cuánto es lo que le aprobaron para gastar.

Pero como se trata de presentar una “delegación pozarricense nutrida” pues también se llevó el generoso alcalde en su viaje todo pagado a España el regidor Séptimo Comisionado en Turismo, Aldo Maldonado Macías y el Director de Turismo, Edgar de León Silva que se ausentarán del 20 al 29 de enero.

Otro pretexto para irse de “trabajo” a Madrid es que se van a presentar “oportunidades de inversión a los españoles para que vengan a utilizar los terrenos donde operaba el Complejo Petroquímico Escolín”

¡Hágame usted el grandísimo favor! ¡Cuánta imaginación y creatividad!

Por principio de cuentas, habría que cuestionar cual es el motivo o pretexto para el hermanamiento de Poza Rica con alcaldías españolas-así se llaman allá los municipios-. Y si no sería más fácil y sencillo hacer unas llamadas telefónicas o hasta video conferencias y mandar por correo electrónico las buenas intenciones.

Otro amigo lector de la Bitácora Política nos comentó que casualmente -no sabemos si el  presidente municipal de Poza Rica, Francisco Javier Velázquez Vallejo está enterado- de que estos días es la mejor época del año para ir a pasear y hacer compras en las grandes tiendas de marca y almacenes como el www.corteinglés.es porque ponen muchas ofertas y rebajas de precios.

Así que habrá que poner atención ahora que regresen nuestros esforzados funcionarios municipales de Poza Rica y la secretaria de turismo del estado Xóchitl Arbesú Lago, quienes seguramente habrán de regresar con un guardarropa renovado y luciendo seguramente las famosas mantillas españolas.

Nada más para tener una idea de los gastos de viáticos que tendrán que comprobar tanto el presidente municipal de Poza Rica como la secretaria de turismo estatal, hay que decir que el boleto de avión a Madrid -por Aeroméxico porque en otras compañías es mucho más caro- está en 23 mil pesos, eso si apegándose a la politica de austeridad del presidente de la república Andrés López Obrador viajan en clase turística, porque si se suben a la primera clase entonces tendrán que pagar alrededor de 80 mil pesos por pasajero de la delegación de promotores turísticos.

Habrá que esperar para conocer el “informe de resultados” de la gira de “trabajo” a Madrid España, porque por principio de cuentas, en la página de Facebook ya el alcalde de Poza Rica anuncia uno de los logros el haber platicado con el secretario de turismo de México Miguel Torruco Márquez “con quien intercambió impresiones e ideas sobre el programa de hermanamiento con alcaldías de España, así como de estrategias en materia de promoción turística que beneficien al municipio pozarricense, de igual manera sostuvo acercamiento con autoridades de varias alcaldías españolas.”

Y Pancho López el filósofo de mi pueblo se cuestiona ¿si no era más fácil y económico ir a platicarlo en la Ciudad de México, en lugar de tener que ir hasta Madrid España para entrevistarlo?

Algo semejante ocurre con la secretaria de turismo de Veracruz, Xóchitl Arbesú Lago quien ya anunció como uno de sus “logros del a gira”, el que nuestra entidad vaya a ser elegida como sede del tianguis turístico nacional -que se hacía tradicionalmente en Acapulco- para el año 2020.

Será acaso que ambos funcionarios, el presidente municipal de Poza Rica y la secretaria de turismo estatal, no han escuchado ni oído al presidente Andrés Manuel López Obrador y al mismísimo gobernador del estado, Cuitláhuac García que se tiene que aplicar una política de austeridad total en el gasto de los presupuestos.

Aunque alguien en el Congreso del Estado o en el Poder Ejecutivo les debería de invitar también a una platicadita sobre los significados de la austeridad republicana.

En fin, que bueno que en estos tiempos de crisis, todavía hay funcionarios estatales y municipales que pueden expresar ¡Que Chulo Veraneando! Y ¡Olé!.

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Celebra la Comisión Instructora la audiencia de pruebas y alegatos en el proceso de juicio político en contra del titular de la Fiscalía General del Estado

Actúa LXV Legislatura con apego a legalidad y respeto: diputado Rubén Ríos

La Sexagésima Quinta Legislatura actúa con estricto apego a legalidad y respeto a derechos humanos, señaló el diputado Rubén Ríos Uribe, presidente de la Comisión Permanente Instructora, durante la audiencia de pruebas y alegatos, celebrada en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Poder Legislativo, como parte del proceso de Juicio Político en contra del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La audiencia tuvo carácter de privada, en atención al artículo 7 de la Ley de Juicio Política y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que dicta “en el juicio político y la declaración de procedencia, los acuerdos del Congreso del Estado y las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia se tomarán en sesión pública o privada, según puedan afectarse las buenas costumbres o el interés general”.

El legislador Ríos Uribe subrayó que la Comisión Instructora tiene una conformación plural, toda vez que él, en su calidad de presidente, pertenece al Grupo Legislativo “Del Lado Correcto de la Historia”, la diputada Jessica Ramírez Cisneros, secretaria, de Morena y el diputado Enrique Cambranis Torres, vocal, del Partido Acción Nacional (PAN).

Dijo que esta instancia legislativa, en uso de las atribuciones que le confiere la ley, tiene la obligación de desahogar los asuntos que le son turnados por el Pleno y en esta ocasión corresponde escuchar las pruebas que presenten el denunciante y el denunciado y, con base en el artículo 22 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia,  dictaminar –tres días posteriores a la fecha de la audiencia- los hechos denunciados.

El diputado Rubén Ríos descartó “tintes políticos o partidistas” en este proceso de Juicio Político y –aseguró- que se trata del cumplimiento de la ley. “Como diputados nos corresponde hacer nuestra labor en el Congreso del Estado, viendo en todo momento por el interés superior de las y los ciudadanos. Considero que es el pueblo quien juzga y ellos no se equivocan”.

Por último, el legislador hizo un llamado a los actores políticos involucrados en el tema a conducirse con civilidad y respeto, toda vez que la división y el encono perjudican a las instituciones y a la sociedad en su conjunto.

Comparece ante el Congreso el titular del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla

• Acude el auditor ante las y los legisladores para ampliar detalles respecto al Informe de Labores del Orfis, correspondiente a 2018.

Ante la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado, presidida por el diputado Eric Domínguez Vázquez, compareció el titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, quien, además de rendir un informe sobre las actividades realizadas en el ejercicio 2018, respondió las preguntas de las diputadas y los diputados de la LXV Legislatura.

A las 16:00 horas, en la sala Venustiano Carranza del Poder Legislativo, la Comisión de Vigilancia dio inicio a la comparecencia, en cumplimiento a lo que marca la Constitución Política del Estado y la legislación secundaria en la materia.

En la primera ronda, el diputado del Grupo Legislativo  de Morena, Eric Domínguez Vázquez, preguntó sobre los procesos de adquisición e instalación de las 6 mil 476 cámaras que integran el sistema estatal de video vigilancia, que anunció el ex Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, con una inversión superior a los 700 millones de pesos y que dicho sistema se encuentra operando en tan solo un 40 por ciento de su capacidad, al respecto solicitó al titular del ORFIS un informe de los avances que se tienen de este tema o bien, en su caso, cuál es el programa de trabajo para realizar dicho informe.

El titular del ORFIS contestó que se ha iniciado una revisión al proceso de adquisición e instalación de las cámaras del sistema de video vigilancia, de la cual la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en el contrato que elaboró con el proveedor en relación a la adquisición, suministro, electrificación, instalación y puesta en operación del sistema de circuito cerrado y televisión CCTV con un costo de mil millones de pesos con la empresa COMTELSAT S.A. de C.V, misma  que se comprometió a dar el servicio de electrificación hasta por un máximo de 116 municipios.

El proyecto propone la instalación de cerca de 6 mil 500 cámaras de video vigilancia de 3 tipos, y que tendrían como objetivo dotar de la tecnología a 6 centros regionales de monitoreo en las ciudades de Pánuco, Poza Rica, Xalapa, Boca del Río, Fortín y Cosoleacaque, de acuerdo con las adecuaciones técnicas correspondientes.

Portilla Vásquez, aseguró que con base en todo lo especificado en el contrato  se está realizando una revisión al  anexo técnico y al mismo contrato de acuerdo a lo que describe el proyecto como solución integral en tema de seguridad, por lo que será responsabilidad del proveedor proporcionar el equipamiento necesario para el funcionamiento adecuado de las video cámaras.

Sostuvo que se ha solicitado a la SSP los documentos y anexos que conlleva este contrato para realizar la revisión a profundidad y verificar el cumplimiento de las cláusulas del mismo, además  de la revisión física de postes y cámaras pero de la calidad de la imagen, es decir, que sean nítidas  y visibles desde los diversos sistemas de monitoreo.

Por su parte el diputado Domínguez Vázquez, agregó que el programa cumple con las expectativas de seguridad de la ciudadanía, sin embargo es importante saber su real utilización y funcionamiento, además que se ha hecho referencia que la empresa  proveedora tiene  una inhabilitación, sancionada por la Secretaría de la Función Pública en el 2013,  por lo que hizo un exhorto al titular del ORFIS para realizar una investigación al respecto.

Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada María Graciela Hernández Iñiguez solicitó la opinión técnica del titular del ORFIS al plantear que derivado de las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en favor de algunos municipios, por el cual otorga hasta 90 días para cumplir con la sentencia de pago y que se podría fincar alguna responsabilidad a las autoridades correspondientes en caso no atender este fallo.

El auditor Lorenzo Antonio Portilla respondió que este tema se deriva que durante el ejercicio fiscal 2016, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) dejó de ministrar en el último trimestre recursos  hacia los 212 Ayuntamientos, lo que significó una cantidad de mil 478 millones de pesos, por lo cual los municipios interpusieron las denuncias correspondientes y que ante los cuestionamientos del Órgano Fiscalizador la SEFIPLAN confirmó  que la SCJN falló a favor de 80 municipios, con lo cual se les deberá pagar dichos recursos con los intereses generados a la fecha, por lo que al haber una resolución definitiva pudiera existir una responsabilidad penal ya que se debe cumplir con la sentencia en su totalidad.

Por otra parte, la diputada Hernández Iñiguez cuestionó que si al existir una firma de convenio que disminuye el monto de la devolución podría ser considerado como un presunto delito de daño patrimonial; a lo que el auditor del ORFIS aseguró que lo que ya se sentenció se debe reintegrar a los municipios  por parte de SEFIPLAN de acuerdo al monto señalado por la resolución, señaló que siendo un recurso destinado al fondo social y pobreza extrema debe ser aplicado a ese fin, -añadió- que ya se tiene planeado reuniones con los municipios involucrados en este proceso para asesorarlos en cómo deben aplicarse dichos recursos.

La diputada Florencia Martínez Rivera, del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia”, preguntó cuánto ha invertido el ORFIS en el desarrollo de diversas herramientas informáticas y qué acciones preventivas ha desarrollado para el fortalecimiento de la gestión pública municipal.

El compareciente detalló que todas las herramientas tecnológicas del ORFIS han sido desarrolladas por un equipo multidisciplinario que trabaja en el organismo, por lo que no han significado gasto alguno.

Respecto a las acciones preventivas, dijo que dentro del Plan Maestro 2012-2019 se establece que la prevención es fundamental para evitar y contener actos de corrupción, razón por la que se implementaron el Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER) y el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER); además de mecanismos de acceso a la información como el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz (COMVER).

Durante su intervención, la diputada Magaly Armenta Oliveros, del Grupo Legislativo de Morena, preguntó si la Comisión Permanente de Vigilancia de la Legislatura anterior, solicitó al ORFIS alguna opinión técnica sobre las observaciones determinadas a 64 municipios que comparecieron y solventaron de manera total y parcial diversas observaciones por un monto total de 326 millones de pesos.

Lorenzo Antonio Portilla respondió que sí fue convocado; sin embargo, explicó que su función en ese proceso es únicamente aclaratoria y explicativa, sin que ello implique la reapertura de los informes. “El procedimiento de fiscalización superior concluye en el momento en que son entregados los informes a este Honorable Congreso”, puntualizó el funcionario.

Tomando en cuenta la experiencia del ORFIS en el procedimiento de fiscalización superior, la diputada Magaly preguntó si en un par de horas, sin contar con el personal especializado en auditorías financiera, presupuestal y técnica a la obra pública, sea posible solventar observaciones por posible daño patrimonial a las arcas públicas municipales, aún cuando dichos ayuntamientos tuvieron 30 días para solventar el pliego de observaciones emitido por el ORFIS y no lo hicieron.

No obstante, el titular del ORFIS se abstuvo a dar respuesta, considerando que su posición podría influir en los criterios sobre los cuales caerá la resolución que en su momento se emita, con motivo de la denuncia presentada ante el Órgano Interno de Control del Congreso del Estado, por el decreto número 784 publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 2 de noviembre de 2018, por medio del cual, la LXIV Legislatura aprobó los informes individuales y el informe general ejecutivo de las cuentas públicas del ejercicio 2017.

Al hacer uso de la voz, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, representante del PAN, se refirió a una denuncia de habitantes de Comapa y señaló la aparente dificultad que enfrentan los ciudadanos para utilizar los mecanismos de transparencia y denuncia que el ORFIS pone a disposición de la sociedad. Dijo que es deseable que el Organismo refuerce su marco normativo a fin de facilitar la presentación de quejas y obtengan una respuesta clara.

El Auditor aseguró que la queja señalaba una red de energía eléctrica que está funcionando y una red hidráulica, en ese caso, mencionó que la autoridad municipal reportó que estaba operando, pero no dijeron la verdad, por lo que se presentó la denuncia correspondiente.

No obstante, la legisladora refutó, asegurando que la ampliación de red eléctrica no se encuentra funcionando y que las fotografías que aparecen en el COMVER pertenecen a otra localidad, por lo que consideró el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz no es una herramienta que dé certeza de las obras.

El Auditor General, del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez dio respuesta a los cuestionamientos del diputado  Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, del Grupo Legislativo de Morena, sobre las graves faltas administrativas detectadas en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), por un  monto de 800 millones de pesos.

Sobre lo anterior, el titular del ORFIS, respondió que el órgano a su cargo detectó en la Cuenta Pública 2017, y en esos contratos, un conflicto de intereses, lo que hizo del conocimiento de la SIOP para que actuara en consecuencia.

El diputado Wenceslao González Martínez, integrante del Grupo Legislativo de Morena, cuestionó al Auditor en torno a las observaciones hechas a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), sobre el daño patrimonial detectado por 361 millones de pesos.

Portilla Vásquez señaló que se hizo lo conducente para que la UPAV realizara la determinación de responsabilidades y fincará las medidas necesarias a fin de conocer el destino de los recursos recaudados por el patronato; y actualmente esa institución educativa solicitó la reconsideración de las medidas a aplicar.

La legisladora Mónica Robles Bajaras, del Grupo Legislativo de Morena, preguntó cuál fue la opinión del Orfis sobre la reestructuración de la deuda pública, realizada en 2017, así como el proceso y seguimiento a la licitación de la misma y respecto al presunto daño patrimonial, en la cuenta pública 2017, del ayuntamiento de Coatzacoalcos por un monto de 142 millones de pesos (mdp).

El auditor respondió que la reestructura no resolvía la crisis financiera de ese momento y agregó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) avaló esta reestructura y se cumplió con la normatividad y las disposiciones de los bancos. De igual forma confirmó el presunto daño patrimonial del ayuntamiento de Coatzacoalcos y señaló que en este momento está la fase de solventación y que será hasta marzo cuando se tenga una respuesta; en caso contrario recurrirán al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa o a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

La diputada Rosalinda Galindo Silva, del Grupo Legislativo de Morena, cuestionó sobre la disparidad en las cifras sobre los bienes recuperados por la anterior administración estatal y que correspondían al monto de mil 522 mdp. Además preguntó si realizan revisiones de campo a los bienes recuperados.

Al respecto, Portilla Vásquez refirió que la fiscalización se realizó con base en documentos de la cuenta pública y, sobre la cifra recuperada de 793.4 mdp en efectivo, expuso que fue auditada en cheques y el rendimiento generado. Detalló que el Orfis pretende en este año revisar la cuenta pública 2018 y revisar al momento 2019 para ver las diferencias. También dijo que van a revisar si los bienes recuperados están registrados en patrimonio del estado, que cuenten con su documento notarial y estén incorporados legalmente.

Por último, el legislador Rodrigo García Escalante, del PAN, agradeció al auditor la labor que ha realizado al frente del Orfis y la coordinación que se ha establecido con la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.

A las 18:25 horas, el diputado Eric Domínguez Vázquez, presidente; con la participación de las legisladoras Mónica Robles Barajas, secretaria y Florencia Martínez Rivera, María Graciela Hernández Iñiguez y Florencia Martínez Rivera, vocales, concluyó la comparecencia.

IVEA mega pista de Aviadores

• Detectaron 250 plazas que eran cobradas sin ser trabajadas
• Surgen infinidad de cuestionamientos sobre ese tema
• ¿Quiénes son los funcionarios responsables de permitirlo?

Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez

Cuando pareciera que nuestra capacidad de asombro está tan desgastada con tantas y tantas noticias que a diario nos bombardean, pues resulta que no dejó de causarnos admiración, la declaración del gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez quien reveló que en el proceso de entrega recepción del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos IVEA, se detectaron 250 plazas que eran cobradas por aviadores.

Y no se trata precisamente de los pilotos que manejan las aeronaves en el Lencero, sino de personal que cobraba mensualmente un sueldo sin acudir a cumplir con las labores que supuestamente debieran cumplir para mejorar básicamente los niveles de analfabetismo en la entidad.

Dialogando con nuestro amigo Pancho López el filósofo de mi pueblo, surgieron una serie de preguntas, en el más puro estilo Socrático, para tratar de llevar a una conclusión verdadera.

Algunas de las interrogantes que nos hicimos y que sería saludable que le hicieran al nuevo responsable del IVEA y a los miembros de la Junta de Gobierno de ese instituto, son entre otras, las siguientes:

¿Quiénes son los funcionarios responsables de que 250 personas cobraran sin trabajar?

¿Desde cuándo el IVEA empezó a operar como un aeropuerto estatal, es decir, sirvió como pista de aterrizaje para operadores políticos y recomendados?

¿Quiénes formaban la Real Fuerza Aérea RFA del IVEC, sus nombres y sueldos?

¿Qué no hay una contraloría interna, que supuestamente, debería de haber detectado y reportado esas tremendas irregularidades?

¿A cuánto asciende el monto-daño que se le hizo a la institución?

¿Pues entonces, cuántos trabajadores tiene el IVEA?

¿Qué le van a hacer a esas 250 plazas?

¿Se procederá, ahora sí y de acuerdo con la ley de responsabilidades, a denunciar a quienes permitieron que ese fraude se cometiera?

¿Quiénes son los funcionarios que permitieron y autorizaron esas 250 plazas de aviadores?

¿Se va a investigar -como dirían los abogados- hasta sus últimas consecuencias para castigar a los responsables?

¿Se trata de una mera declaración mediática, simplemente para criticar ante los medios, pero que no tendrá mayores consecuencias?

¿Se les aplicará la política del “perdón y olvido” y como ya ha ocurrido no se les tocará ni con el pétalo de una rosa?

¿Se les va a exigir a los aviadores, que reintegren el dinero cobrado indebidamente’

¿Habrían dentro de ese escuadrón de aviadores, algunos compañeros periodistas?

Esas y muchas otras interrogantes, fueron algunas de las que nos planteamos en la conversación con el filósofo de mi pueblo, pero seguramente que las respuestas quedarán flotando en el aire de la Atenas Veracruzana y finalmente se las llevará el viento, porque no chocarán con el muro de la transparencia informativa, que desafortunadamente no existe.

Aunque en la reunión en la que se nombró al nuevo director del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos IVEA -la cuarta reunión ordinaria- el gobernador del estado reiteró que la formación es la mejor estrategia para acabar con la pobreza y la corrupción

“La educación de calidad será una de las principales características de la actual administración y la Cuarta Transformación” sentenció el Ejecutivo.

Convocó Cuitláhuac García a transformar al IVEA para ofrecer una educación integral a jóvenes y adultos en todo el estado, especialmente en las comunidades indígenas, rurales y con altos índices de marginación.

El nuevo director del IVEA y quien podría dar respuesta a muchas de esas interrogantes es Héctor Leonel Amezcua Cardiel, el cual luego de que le fue entregado el nombramiento, se comprometió “a trabajar para cumplir la encomienda del presidente Andrés Manuel López Obrador y del Gobernador, que es servir y llevar la atención a comunidades y pueblos originarios.”

A ver si ahora si cumplen con esa obligación-responsabilidad.

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Turismo ¡Que chulo veraneando!

• Las ferias internacionales para lo que sirven es para paseo de funcionarios
• A pesar de la Ley de Austeridad la Secretaria de Turismo se fue a España
• Para promover destinos y hermanar a municipios de la Madre Patria

Por Miguel Angel Cristiani G.

Bueno pues, aunque todo mundo sabe y opina que las llamadas ferias de turismo internacionales, para lo único que sirven es para que los funcionarios en turno, se puedan ir a pasear y viajar con cargo al presupuesto, porque de que vayan a venir visitantes como resultados de esas “promociones” no hay nada de eso.

Eso se supone que ya lo deben de tener bien claro, quienes se encuentran relacionados con la llamada industria sin chimeneas del turismo, pero todo parece indicar que a las novatas autoridades de la materia en Veracruz todavía no les han informado nada al respecto.

Porque a pesar de que en el Congreso del Estado se acaba de autorizar una Ley de Austeridad, que entre otras cuestiones limita los gastos de viajes al extranjero, la titular de la SECTUR, Xochitl Arbesú Lago, se acaba de lanzar una gira hacia la Madre Patria para iniciar una “gira de trabajo de promoción y fomento de los destinos, rutas y demás atractivos turísticos del Estado, en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se celebra en Madrid, España”

Y olé!!!

Que chulo veraneando, diría Don Rubén Pabello Acosta.

El pretexto o excusa para que la secretaria de turismo de Veracruz viajara a España es que ¿se busca? promover y concretar destinos turísticos, así como el hermanamiento entre municipios veracruzanos y alcaldías españolas.

Habría que esperar para ver cuantos turistas, no solamente de España sino de otras partes del mundo, van a venir a Veracruz como resultado de la participación de la funcionaria.

Porque eso de que se busca el hermanamiento de municipios de Veracruz con alcaldías españolas, seguramente se podría haber dado con simples llamadas telefónicas o hasta correos electrónicos.

De que van a venir españoles a Veracruz es casi seguro, pero serán unas cuantas autoridades de alcaldías que de todas formas van a venir por la celebración de los 500 años de la fundación del puerto de Veracruz.

Según la secretaria de turismo Xochitl Arbesú Lago “Estos lazos se verán reforzados con las conmemoraciones y visita de españoles a tierras veracruzanas para los próximos meses, así como una estrecha colaboración entre las secretarías de Turismo nacional y estatal para compartir métodos, herramientas y tecnologías; además de plataformas de promoción en apoyo al sector empresarial turístico”

Para justificar su viaje a España, el subsecretario de Turismo de Veracruz, Iván Martínez Olvera, comentó que en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) “se firmarán acuerdos de colaboración y promoción entre la Secretaría de Estado de Turismo de España y la Secretaría de Turismo de México, para afianzar lazos entre ambas naciones, donde Veracruz jugará un rol importante.”

Al parecer los funcionarios de turismo en el Estado de Veracruz, todavía no se enteran que a nivel nacional, el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador ordenó cerrar las actividades del llamado Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), por considerar que era un gasto millonario que no redituaba ni justificaba su existencia.

Sería bueno que alguien les avise de una vez que aquí en México, los conocedores de la industria, advierten que también en el Tianguis Turístico de Acapulco, que se celebrará del 7 al 10 de abril próximos, la presencia poco representativa de compradores del producto turístico mexicano, así como la escasa asistencia de representantes de los medios de comunicación internacionales y, por supuesto, nacionales serán la característica relevante del evento.

Comenta Pancho López el filósofo de mi pueblo que sería saludable también, que alguien les informara a nuestras nobeles autoridades en materia de turismo, que hasta la fecha, esas famosas “giras de trabajo”, solo sirven para intercambiar buenos deseos y ahora con la modernización tecnológica hasta una “memoria” con fotos y textos, pero que al final de cuentas, no se ven reflejadas en un flujo masivo de turistas de los mercados más importantes como son Francia, España, Estados Unidos y China.

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Arranca la construcción de la Refinería en Tabasco

• Desde el pasado viernes, inician los trabajos para la obra en Paraíso
• Con la instalación de la residencia de obras de ingeniería del proyecto
• El inconveniente de transportar la gasolina desde el sur de la república

Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez

Posiblemente porque toda la atención de los medios de comunicación se encuentra enfocada hacia el tema del huachicoleo y ahora a la explosión de un ducto de PEMEX en el estado de Hidalgo, no tuvo la relevancia informativa que merece el hecho de que el pasado viernes arrancó formalmente, el proyecto para la construcción de la refinería en Dos Bocas municipio de Paraíso en el vecino estado de Tabasco.

La secretaria de Energía, Rocío Nahle y el gobernador tabasqueño Adán Augusto López Hernández anunciaron la instalación de la residencia de obras de ingeniería del proyecto, que como es sabido forma parte del Plan Nacional de Refinación.

Pancho López el filósofo de mi pueblo, nos comentaba este fin de semana, que precisamente los problemas que ahora han surgido con los llamados huachicoleros, que provocó el desabasto de gasolina en diez estados del país y la trágica explosión de un ducto de PEMEX con un creciente número de muertos, pudiera haber hecho recapacitar a las autoridades federales, sobre el inconveniente de construir en un estado del sur de la república una planta de refinación y producción de gasolina, que lógicamente, tendrá que ser enviada y bombeada como se hace en otros sitios hasta los estados consumidores del centro.

Si casualmente, en los últimos días, el gasoducto que conduce gasolina del puerto de Tuxpan, a donde llegan por barco miles y miles de barriles de importación, ha registrado dos “accidentes”, pues que se puede esperar cuando se tenga que traer la gasolina desde Tabasco pasando por varios estados para entregarla en las gasolineras de entidades del centro y hasta del norte de la república.

Que bueno que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador haya decidido continuar con ese viejo proyecto, de construir una nueva refinería, pero consideramos que se debió de llevar a cabo precisamente en el municipio de Tuxpan, por ser el punto más cercano hacia la capital del país que es el principal consumidor de gasolinas y por donde en un futuro próximo se tendrá que transportar, por pipas o gasoductos desde el estado de Tabasco.

Pero por lo pronto, el llamado proyecto de la refinería en Dos Bocas, en el municipio de Paraíso Tabasco ya inició el pasado viernes, cuando la secretaria de Energía Rocío Nahle acompañada del gobernador Adán Augusto López Hernández, pusieron en operación las instalaciones en donde se instalarán los ingenieros encargados de la construcción.

Rocío Nahle informó que a partir de ese día un flujo de profesionistas y especialistas en el área de hidrocarburos arribarán a la entidad para ocupar las instalaciones del Instituto del Petroleo, ubicado en el fraccionamiento Carrizal de la ciudad de Villahermosa.

“Hoy se quedan ya técnicos de Petróleos Mexicanos (Pemex), del IMP y asesores de la SENER, que estarán a cargo del director del proyecto de construcción de la refinería, el ingeniero Jorge Arganiz”, precisó la funcionaria federal, quien subrayó que este es el primer bloque de trabajadores que arriba a Tabasco con el fin de iniciar la organización del proyecto.

Agregó que también en el transcurso del mes, personal adscrito a la Subdirección de Proyectos de Pemex serán comisionados a Tabasco, para integrarse al equipo de trabajo que pondrá en marcha la refinería de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso.

Finalmente, Rocío Nahle indicó que se vigilará que las empresas que participarán en la construcción de esta magna obra impulsada por el gobierno de López Obrador no tengan vínculos de corrupción.

Aunque como diría la Nana Goya, esa es otra historia….porque a ver si no luego resulta que con el argumento de que ya urgía iniciar los trabajos de construcción de la refinería, no se hacen las convocatorias y licitaciones establecidas en la legislación, precisamente para acabar con la corrupción que tanto se pregona.

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Juicio Político

•  Aplica cuando hay determinados actos u omisiones de los servidores públicos
• También por las violaciones a los derechos humanos
• El legislativo lo acusa y el Tribunal Superior de Justicia dicta la sentencia

Por Miguel Angel Cristiani González

Ahora que se encuentra en marcha el procedimiento para separar del cargo al Fiscal General del Estado de Veracruz, Jorge Winckler y que en algunos medios se ha hablado incluso de aplicarle el llamado Juicio Político, resulta interesante analizar algunos conceptos al respecto, para que luego no nos salgan con que a “chuchita la bolsearon” y como no se siguió el debido proceso, no se puede aplicar.

Al respecto platicamos con Pacho López el filósofo de mi pueblo -que también sabe algo de derecho y leyes- sobre la posibilidad de aplicarle al Fiscal la medida denominada Juicio Político y esto fue lo que nos comentó:

El Juicio Político es un procedimiento de orden constitucional, que realizan las cámaras del Congreso -la Cámara de Diputados como órgano de acusación y la Cámara de Senadores como órgano de sentencia-, cuando los actos u omisiones de los servidores públicos señalados por el artículo 110 de la Constitución redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales por violaciones graves a la Constitución, a las Leyes Federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

Aquí en el terruño veracruzano el procedimiento es algo semejante, se inicia en el Congreso del Estado y luego se turna al Tribunal Superior de Justicia para dictar la sentencia.

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos especifica como motivos de juicio: i) el ataque a las instituciones democráticas; ii) el ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal; iii) las violaciones a los derechos humanos; iv) el ataque a la libertad de sufragio; v) la usurpación de atribuciones; vi) cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones; vii) las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y, viii) las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal.

Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero Presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

A nivel estatal, pueden ser sujetos a Juicio Político, los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Es importante señalar que cualquier ciudadano podrá formular por escrito una denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados por las conductas antes señaladas, como de hecho ya ocurrió en el caso del Fiscal General del Estado, en donde dos particulares y una organización civil presentaron las respectivas denuncias, pero solo procedieron las dos de las personas particulares.

 El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones. Las sanciones se aplicarán en un plazo no mayor de un año, a partir de iniciado el procedimiento.

Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución.

 Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde un año hasta veinte años.

Aunque aquí en el terruño veracruzano, hay muchos ex funcionarios que se les pudiera haber acusado por alguna de las causales, hasta la fecha, el Fiscal del Estado sería el primero al que se le estaría aplicando la ley, esa que todos al tomar posesión juran y perjuran que habrán de cumplir, pero luego como que les da amnesia y actúan fingiendo que ya no lo recuerdan haberlo hecho.

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Winckler va para largo

• Todavía no se trató el tema en el pleno del Congreso este jueves
• Será hasta la próxima semana cuando acuda a responder acusaciones
• Tardarán varias semanas en poder aplicar “el debido proceso de Juicio Político”
  
  Por Miguel Angel Cristiani González

Bueno pues para quienes esperaban que este jueves en la décima segunda sesión ordinaria del Congreso del Estado, se acordara la remoción del cargo de Fiscal General del Estado, esta no ocurrió porque, aunque desde el pasado 8 de enero se aprobó el decreto que reforma el artículo 33 de la Constitución local, que brinda facultades a los diputados y diputadas para remover al funcionario, todavía no será posible, porque se tiene que respetar el proceso establecido para poder separarlo del cargo, mediante el llamado Juicio Político.

Aunque se supone que ya los diputados de las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia y Puntos Constitucionales, en su mayoría Morenista, aprobaron dos de los tres dictámenes que fueron presentados y ratificados en el Congreso local, el camino todavía tendrá varios días y hasta semanas de duración.

Porque no basta con que se tenga el dictamen de las comisiones del Congreso, ahora el fiscal tendrá que presentarse en una audiencia de ofrecimiento, admisión, desahogo de pruebas y alegatos con todos sus argumentos para responder a las dos denuncias en su contra, la cual será el próximo miércoles 23 en que se cumple el plazo para que asista a presentar sus argumentos a favor.

De acuerdo con la Ley de Juicio Político y Procedencia del estado de Veracruz, en su Artículo 22 1. La Comisión Permanente Instructora dictaminará los hechos denunciados, en el plazo de tres días posteriores a la fecha de la audiencia de pruebas y alegatos. 2. Si de las constancias existentes se desprende que el denunciado no es responsable de los actos u omisiones imputados, la Comisión Permanente Instructora, en su dictamen, propondrá al jurado de acusación que acuerde no ha lugar a proceder en contra del servidor público. Pero también en el Artículo 23 se indica que si de las constancias del procedimiento apareciere la responsabilidad del servidor público, la Comisión Permanente Instructora dictaminará: I. Que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia y la responsabilidad del encausado; y II. La propuesta de sanción que deba imponerse. 2. El dictamen que emita la Comisión Permanente Instructora lo turnará a la Secretaría General.

A continuación, la secretaría General del Congreso a cargo del diputado Jorge Moreno Salinas enlistará el dictamen en la siguiente sesión del Pleno para su acuerdo, el que se votará en el plazo de siete días posteriores a la fecha de su turno. Determinada la fecha de la sesión, la Secretaría General citará al acusado y a su defensor. Artículo 25 1. Enlistado el dictamen y conforme al turno que le corresponda en el orden del día, el presidente de la mesa directiva declarará al Pleno que se erige en jurado de acusación, y se procederá conforme a lo siguiente:

La Secretaría de la Mesa Directiva dará lectura al dictamen o una síntesis que contenga los puntos substanciales y las conclusiones de la Comisión Permanente Instructora; II. En seguida se concederá la palabra al servidor público o a su defensor, hasta por treinta minutos para que replique lo que a sus intereses convenga; III. El presidente de la mesa directiva solicitará que el servidor público y su defensor se retiren del recinto; y IV. El jurado de acusación acordará, por el voto de las dos terceras partes del número total de sus integrantes, si ha lugar a continuar el procedimiento. 2. Si el jurado de acusación no resuelve, por la mayoría calificada requerida, que es procedente la acusación, se ordenará archivar el expediente como asunto totalmente concluido.

Si el jurado de acusación acuerda que ha lugar a continuar el procedimiento, el acusado será puesto a disposición inmediata del Tribunal Superior de Justicia, al que deberá consignar el expediente que contiene la acusación y las constancias del procedimiento. La comisión Permanente Instructora sostendrá la acusación ante dicho tribunal.

Lo señalado en el párrafo anterior será aplicable si la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace la declaratoria correspondiente, en los términos del artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los servidores públicos y por las causas que refiere el artículo 13 de esta ley.

Siguiendo con lo estipulado en el Artículo 27 de la ley, recibido el expediente en la Secretaría General de Acuerdos, se turnará al Pleno del Tribunal Superior de Justicia para declarar que la Sala Constitucional se erige en Comisión de Enjuiciamiento y le enviará sin demora las constancias.

La Comisión de Enjuiciamiento dictará auto de radicación en el plazo de tres días posteriores a que le turne el Pleno el expediente, y lo notificará por oficio, por conducto de la Secretaría General de Acuerdos, a la Comisión Permanente Instructora y al acusado, para que en el plazo de tres días posteriores a que surta efectos el emplazamiento, presenten por escrito sus alegatos.

La Comisión de Enjuiciamiento escuchará a la Comisión Permanente Instructora que sostiene la acusación y al acusado o su defensor. Asimismo, podrá disponer la práctica de las diligencias que considere necesarias para integrar su proyecto de resolución. 2. Transcurrido el plazo que señala el párrafo 2 del artículo anterior, con alegatos o sin ellos, la Comisión de Enjuiciamiento formulará su proyecto de resolución, en vista de las consideraciones hechas en la acusación y en su caso los alegatos formulados admitiendo la sanción propuesta por la Comisión Permanente Instructora, o proponiendo la que en su concepto deba imponerse al servidor público y expresando los preceptos legales en que se funde.

Emitido el proyecto de resolución, la Comisión de Enjuiciamiento lo depositará en la Secretaría General de Acuerdos del Pleno. Recibido el Proyecto de Resolución por la Secretaría General de Acuerdos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia convocará al Pleno para erigirse en Jurado de Sentencia, en el plazo de setenta y dos horas siguientes a su depósito, y citará a la Comisión Permanente Instructora, al acusado y a su defensor.

A la hora señalada para la audiencia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia declarará al Pleno que se erige en Jurado de Sentencia, y se procederá conforme a lo siguiente: I. La Secretaría General de Acuerdos dará lectura al proyecto de resolución formulado por la Comisión de Enjuiciamiento; II. Acto continuo, se concederá la palabra a la Comisión Permanente Instructora y, al servidor público o su defensor; y III. El Jurado de Sentencia dictará resolución absolutoria o, por el voto de las dos terceras partes del número total de sus integrantes, resolución condenatoria y, en su caso, la sanción correspondiente, la que se notificará personalmente a las partes. 2. Si la resolución del Jurado de Sentencia es absolutoria o no se obtiene la mayoría calificada que exige el precepto anterior, se denegará la declaración de inhabilitación o destitución.

Si la resolución del Jurado de Sentencia es condenatoria, se sancionará al servidor público, si está en funciones, con la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un período de uno hasta diez años, atendiendo a la gravedad de la infracción. Si no está en funciones, se decretará su inhabilitación en los términos indicados.

Así las cosas, el proceso para separar al cargo al Fiscal del Estado Jorge Winckler va para largo todavía.

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La Nueva Ley de Comunicación Social

• Entró en vigor a partir del primero de enero de este año
• Tiene aplicación también para los Estados y se tendrá de homologar
• Para tener publicidad los medios tendrán que estar registrados en un padrón

Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez

Posiblemente porque apenas se encuentra en proceso de “implementación” muchos medios de comunicación no han analizado en detalle la nueva Ley General de Comunicación Social, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de mayo -a unos días de las elecciones y todavía bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto- en la que se disponen las también nuevas medidas para la contratación de publicidad oficial en los distintos niveles de la administración.

Aunque se trata de una legislación federal, en el artículo tercero transitorio se establece que “El Congreso de la Unión, los Congresos Locales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México deberán armonizar su legislación, en un plazo no mayor a 90 días a partir de la publicación del presente Decreto.”

Esto quiere decir que a nivel de los estados, las Legislaturas tendrán que hacer la respectiva ley estatal, para coincidir con lo ya establecido a nivel federal.

En un principio de la actual administración federal, se había dicho que sería a través de la presidencia de la república directamente como se haría la llamada “relación de publicidad” con los medios de comunicación, unos días después se aclaró que siempre no, que sería, como lo establece la Ley de Comunicación Social a través de la Secretaría de Gobernación, igual que se venía haciendo anteriormente.

Pero entre las novedades que presenta la nueva ley de comunicación está el Capítulo VIII denominado “Del Padrón Nacional de Medios de Comunicación” que en su Artículo 35 sentencia que “los Medios de Comunicación que pretendan participar en la contratación de Comunicación Social a que se refiere la presente Ley, deberán estar inscritos previamente en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, a cargo de la Secretaría de Gobernación.

La información contenida en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación será pública y accesible a distancia.

Artículo 36.- El empadronamiento de los Medios de Comunicación en ningún caso, por ese solo hecho, implicará la obligación de contratación por parte de los Entes Públicos.

Artículo 37.- La Secretaría de Gobernación llevará a cabo la organización del Padrón, de conformidad con los Lineamientos que para tal efecto expida.”

Otro capítulo que merece atención es el VII denominado De la Vigilancia y Control de la Contratación de la Comunicación Social, que en el Artículo 33 apunta que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal registrarán en el Sistema Público a cargo de la Secretaría de la Función Pública, dentro de los primeros diez días naturales siguientes a la terminación de cada mes, la información de las erogaciones referidas a gasto en Comunicación Social.

Cada informe deberá contener lo siguiente:

I. Partida de gasto afectada; II. Fecha de la Erogación; III. Descripción del servicio contratado; IV. Unidad de medida; V. Cantidad (número de unidades de medida contratadas); VI. Costo, tarifa o cuota unitaria contratada; VII. Monto total erogado (incluido el Impuesto al Valor Agregado), y VIII. Nombre de la persona física o moral contratada y su Registro Federal de Contribuyentes.

Las administraciones públicas de las Entidades Federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, reportarán a través de su Sistema Público la información en los términos del párrafo anterior a la Secretaría o unidad de la función pública o control interno que corresponda, en el plazo que prevea la legislación aplicable.

Artículo 34.- Las Entidades Federativas establecerán un Sistema Público local de gastos de Comunicación Social a cargo de la Secretaría o unidad responsable del control interno que deberá registrar la información equivalente a la prevista en el artículo 33 para las dependencias y entidades de la administración pública local.

En el Artículo 1 se indica que la presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en toda la República y reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la propaganda, bajo cualquier modalidad de Comunicación Social.

Artículo 2.- La presente Ley tiene por objeto establecer las normas a que deberán sujetarse los Entes Públicos a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

Artículo 3.- Son sujetos obligados al cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, los poderes públicos, los órganos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dota de autonomía, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro Ente Público de los tres órdenes de gobierno.

Secretaría Administradora: La Secretaría de Gobernación y la dependencia o unidad administrativa equivalente en el ámbito de las Entidades Federativas y los municipios, encargada de regular el gasto en materia de Comunicación Social, así como las áreas o unidades administrativas con funciones o atribuciones equivalentes o similares que determinen el resto de los Entes Públicos.”

Así las cosas, en materia de Comunicación Social todo parece indicar que el gobierno de la Cuarta Transformación, ha decidido no hacer cambios en las estrategias de difusión y seguir aplicando ahora, las recetas y leyes que dejó firmadas el ex presidente priista Enrique Peña Nieto.

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