Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez
Tenemos que manifestar nuestra total solidaridad con el
compañero periodista Walter Ramírez, director del portal en internet Noticias
desde Veracruz, el cual fue reprimido al ejercer el derecho a la información y
la libertad de expresión, por funcionarios menores del Congreso del Estado de
Veracruz, quienes en un acto de prepotencia ordenaron al cuerpo de “seguridad”
que lo sacaran de las instalaciones.
No es el primer “incidente” que se registra en la actual
Legislatura del Estado, para impedir el trabajo de los reporteros y periodistas
que tenemos que cubrir las sesiones o los eventos que se realizan en el Palacio
Legislativo.
Nunca antes en toda la historia del Poder Legislativo en
Veracruz, se había suscitado un hecho tan reprobable en contra de la libertad
de expresión.
Lamentablemente no existe unidad en el gremio periodístico,
para reprobar y defender con toda energía hechos lamentables como el que se
registró en el área de Comunicación Social.
Hasta ahora la unidad del gremio se manifiesta -incluso públicamente-
cuando se trata del asesinato de un periodista, pero cuando se trata de una
agresión a sus derechos laborales, de libertad de expresión y de acceso a la
información, no pasa nada.
Habría que recordar que la libertad de expresión es un
derecho fundamental o un derecho humano, consagrado en el artículo 19 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Las constituciones de
los sistemas democráticos también lo señalan. De la libertad de expresión
deriva la libertad de prensa.
Pero todo ello parece ser ignorado por los y las señoras
diputados en el Congreso de Veracruz.
El pretexto para actuar en contra del reportero, es que “había
agredido a personal en la sala de prensa” pero en realidad el motivo del enojo
es que habría solicitado vía derecho a la información datos sobre el grado o
título académico que ostenta el encargado de Comunicación Social del Congreso.
Resulta contradictorio que apenas hace unos días se aprobó
por mayoría de votos de los diputados locales, precisamente transparentar toda
la información del Congreso, pero que al parecer cuando se trata de ejercer ese
derecho, vienen las repercusiones en contra de quienes lo ejercen.
También resulta irónico que se haya creado una Comisión de
Atención y Defensa de los Periodistas en el Congreso, que preside la diputada
María Josefina Gamboa Torales, pero que al parecer únicamente le preocupa lo
que se hace afuera del recinto y no lo que ocurre en el interior de la llamada
Casa del Pueblo Veracruzano.
A propósito, la Comisión Estatal para la Atención y Defensa
de los Periodistas, que ha sido severamente cuestionada, ya ha tomado cartas en
el asunto y habrá de proceder legalmente y en consecuencia.
El periodista Marco Antonio Aguirre quien también cubre la
fuente informativa de la Legislatura se refirió también al hecho reprobable en
los siguientes términos:
Prepotencia y
agresiones en el Congreso. En el Congreso del estado de Veracruz se
están tomando actitudes de prepotencia y de franco contubernio entre los
diputados del PAN, y -por lo menos- con algunos de la llamada fracción Juntos
por Veracruz.
La prepotencia y los ánimos represivos en el Congreso del
estado se manifestaron sobre todo contra Walter Ramírez, director del portal
Noticas Desde Veracruz, al cual lo calumniaron al decir que había “agredido a
diverso personal en la sala de prensa” y por lo mismo le “restringieron” el
acceso al recinto legislativo, según dice en algo que parece un oficio con
número DSJ/608/2017, pero al cual le cubrieron tanto el nombre de quien firma,
como a quien va dirigido.
El conflicto de raíz es que Walter Ramírez hizo una
solicitud vía acceso a la información sobre el manejo de la Coordinación de
Comunicación Social del Congreso; Sergio Melo Hernández (quien se firma como
licenciado cuando en realidad es técnico en electrónica automotriz) titular de
la dependencia, le dijo que retirase la solicitud y que además le firmase un
documento donde se comprometía a nunca más volver a solicitar información de
ningún tipo.
Walter Ramírez se negó y ante esto Sergio Melo lo amenazó
con que terminarían las relaciones comerciales con él y con el portal, lo cual
cumplió de inmediato. Después vino el incidente de expulsión.
La calumnia de la supuesta agresión se levantó, junto con
una supuesta acta circunstanciada y con este soporte se elaboró el oficio de
expulsión.
Presumiblemente el oficio lo firma el notario público Ángel
Ramírez Bretón, quien por ahora ocupa el cargo de Director de Servicios
Jurídicos, pero al cubrirse el nombre, se carece de la certeza de que así sea.
Pues bien, con esa calumnia, de la cual se admite la falta
de soporte en el mismo escrito, a Walter Ramírez lo sacaron 7 policías del
Palacio Legislativo.
De acuerdo con el artículo 21 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Poder Legislativo sólo el presidente del Congreso, en
este caso la diputada María Elisa Manterola Sáenz, tiene la facultad exclusiva
de ordenar que el personal de vigilancia intervenga.
Si esto no fue así, Sergio Melo y Ángel Ramírez Bretón se
tomaron atribuciones que no les corresponden y deben ser corridos.
Además, se debe dilucidar la intervención del presidente de
la Junta de Coordinación Política del Congreso, el panista Sergio Hernández,
quien es en realidad el que controla lo que ocurre en el Palacio Legislativo.
¿Qué Manterola Sáenz y que Sergio Hernández no sabían que
esto ocurrió?, ¿pues clase de control tienen sobre lo que ocurre en el palacio
legislativo?
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