Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez
De acuerdo a versiones extraoficiales ya suman más de 120
los trabajadores que han sido despedidos luego del cambio de la administración
del Poder Judicial, pero como esos actos no están siendo apegados al derecho,
todos los corridos sin una justificación legal, están procediendo a interponer
las demandas laborales correspondientes.
El pretexto con el que están siendo despedidos los y las
trabajadores del Poder Judicial -que en teoría es el encargado de impartir la
justicia en el estado de Veracruz- es que debido a la crisis financiera del
gobierno del estado se tienen que aplicar acciones para reducir los gastos.
Los despidos de trabajadores incluyen a quienes ya tenían
una base laboral.
Abogados laborales han comentado que todos esos casos de
despidos injustificados, serán ganados por los ahora desempleados, con lo que a
la larga, lo que ahora se pretende justificar como un ahorro se convertirá en
un costoso problema al tener que pagar por el daño causado.
La mañana de este martes, al término de la sesión del
Consejo de la Judicatura, el Magistrado Presidente del Consejo de la
Judicatura, Edel H. Álvarez peña fue entrevistado sobre las transferencias
bancarias que realizó el Poder Judicial para saldar la deuda con el Instituto
de Pensiones del Estado (IPE), por un monto de 152 millones 789 mil 557 pesos,
indicó que “se tuvo capacidad para hacer algunas economías porque se
encontraban de por medio los logros de los trabajadores, quienes estaban
dejando de tener préstamos y jubilaciones por no cumplir con ese pago”.
El Magistrado Presidente reiteró que la cuenta saldada
corresponde al periodo de la primera quincena de mayo de 2015 a la primera
quincena de marzo de 2017, con lo que queda cubierta en su totalidad la deuda
que se tenía con ese organismo público.
Cuestionado sobre la liberación de uno de los jóvenes acusados
en el caso de una joven que presuntamente fue atacada sexualmente en el
fraccionamiento Costa de Oro el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
Justicia aseguró respetar la decisión del juez federal que la emitió.
Edel Álvarez Peña aseguró que el Poder Judicial está para
respetar la ley y “si en este caso un juez federal dictó esa resolución, será
la Fiscalía General del Estado a quien corresponda determinar si es procedente
o no y actuar en consecuencia”.
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