Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez
El próximo martes se cumple ya un mes, desde que el
gobernador del estado Miguel Angel Yunes Linares anunciara en palacio de
gobierno, la reestructuración del Transporte Público en la entidad, medida que
pretende “acabar con el desorden y abatir la corrupción y la inseguridad” que
supuestamente habrá de iniciarse y entrar en vigor este mes de marzo, pero en
el Congreso del Estado, apenas si será discutida -si es que se logra agendar-
en la próxima sesión del día 16.
Precisamente fue el 16 de febrero, cuando en una ceremonia
especial en palacio de gobierno, en el patio central, el gobernador Yunes
Linares dio a conocer que enviaría al Congreso la iniciativa de reforma a la
ley para poner orden, en un enmadejado sistema de corrupción, que se ha ido extendiendo
y ramificando a lo largo de los últimos 20 años.
El tema más emblemático quizá en esa red de corrupción, es
el de la venta de concesiones de taxis, que se dieron no en base a necesidades
del transporte, sino a la demanda de quienes pudieron pagarlas, pero que al final
de cuentas terminaron matando la gallina de los huevos de oro.
Pero n fue solamente la venta excesiva de concesiones de
taxi, también se trata de las de servicio urbano y rural, que vinieron a hacer
crisis, que ahora se pretende remediar.
Ya los taxistas de Orizaba y otras regiones en la entidad,
están exigiendo que se revisen las numerosas concesiones que se otorgaron
-muchas de ellas para pagar favores políticos- así como las que están
trabajando de manera apócrifa, amparados en una hoja de papel, pero que
finalmente no tienen legalidad.
En Xalapa, la capital del estado, donde circulan más de 14
mil taxis en la zona conurbada de Xalapa, Banderilla, San Andrés Tlalnehuayocan
y Las Trancas, los camioneros amenazan con suspender las rutas que ya no les resultan
redituables por invasiones y por la disminución en el número de usuarios del
servicio.
En contra parte a la reestructuración del Transporte
Público, todos los protagonistas, taxistas o camioneros, están demandando
aumentos en sus tarifas, entre otros argumentos por los aumentos en las
gasolinas.
Pero mientras tanto, en el Congreso del Estado, que es donde
supuestamente habrá de aprobarse la reestructuración del Transporte, todavía no
pueden sacar la otra reestructuración la de la deuda pública, que es más
urgente e importante.
Ya van tres intentos por pasar la reestructuración de la
deuda y la presidencia de la Junta de Coordinación Política, no ha podido
convencer a los coordinadores de los grupos parlamentarios para que pueda ser
votada y aprobada.
Ya se tiene el antecedente, de la iniciativa de reforma que
pretendía quitar el fuero a funcionarios públicos, que se presentó en el pleno
y no fue aprobada.
La reestructuración de la deuda pública -que amenaza con
llevar a la administración estatal a una crisis económica todavía mayor a la
que ya estamos sufriendo- tiene más de un mes en la Comisión de Hacienda y
todavía el coordinador de los diputados panistas Sergio Hernández Hernández no
logra convencer a sus compañeros diputados para que pueda ser votada a favor.
El Programa de Regularización y Reordenamiento del Transporte Público sería el tercero y
posiblemente el último asunto que tendrá que consensuar el Presidente de la
Junta de Coordinación Política, pero resultará todavía más complicado, porque
no se trata de convencer solamente a los legisladores para que lo aprueben,
sino también con los sindicatos y agrupaciones de taxistas y transportistas de
todo el estado, que no permitirán que se les afecten sino todo lo contrario.
Pero todo esto se tendrá que dilucidar el próximo martes, en
la sesión extraordinaria del pleno del Congreso del Estado, donde todavía es
presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista Sergio Hernández
Hernández.
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