Por Miguel Angel Cristiani G.
Una de las estrategias de comunicación
que se siguen cuando se pretende manipular a la opinión pública acerca de un
hecho determinado, mediante un distractor del tema, es el de bombardear con
información de basura o desecho, que no sirve, pero que puede dar la impresión
de que se está manejando un gran volumen de datos y haciendo transparente todo
lo que interesa conocer.
Así ocurre ahora que se está poniendo de moda,
para poder cumplir con la ley de Acceso a la Información, el publicar en portales de internet la
información de las respectivas dependencias y entidades gubernamentales.
Incluso ocurre, que en el propio Congreso
del Estado, en donde los diputados y diputadas tienen como una de sus
principales ocupaciones el hacer las leyes, entre ellas las de Acceso a la
Información, se cuenta con una Comisión especial encargada de transparentar la
información.
Así las cosas, hasta se
presume -mediante un boletín de prensa- que la Legislatura Estatal reporta una avance
del cumplimiento del 94 por ciento de obligaciones de transparencia.
Se informa a los veracruzanos que la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz "cumple con lo establecido en los artículos 70 al 79 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al cargar en su página de internet 96 de 102 formatos, a los que está obligada a difundir, lo que representa un avance del 94 por ciento, lo que lo sitúa como uno de los sujetos obligados con mayor índice de cumplimiento."
Se informa a los veracruzanos que la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz "cumple con lo establecido en los artículos 70 al 79 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al cargar en su página de internet 96 de 102 formatos, a los que está obligada a difundir, lo que representa un avance del 94 por ciento, lo que lo sitúa como uno de los sujetos obligados con mayor índice de cumplimiento."
Lo
cual es verdad, pero…resulta, que la mayor parte de la información que se hace
pública, no es precisamente la que más interesa conocer a los veracruzanos.
Por
ejemplo, en el área de Comunicación Social se difundió esta semana un boletín
en el que se asegura que “La información relativa al proceso de contratación
2017, se encuentra disponible en el apartado de transparencia del portal web de
Legisver desde el pasado 21 de junio”.
Cuando
finalmente logramos llegar en la página web al archivo en donde se presenta la información de
los medios y comunicadores que están contratados por la actual Legislatura,
encontramos que en efecto hay mucha información, pero la mayoría no es de mayor
interés, porque en ese aspecto lo que interesa conocer es los nombres de los
medios con los que se está invirtiendo el presupuesto asignado.
Aparece
una gran cantidad de información, pero como ya decíamos al principio de esta
columna, son datos que no son interesantes, como por ejemplo: la Función del sujeto obligado, Área administrativa encargada de solicitar el servicio,
Clasificación de los servicios, Ejercicio, Periodo que
se informa, Tipo de servicio, Tipo de medio, Descripción
de unidad, Tipo, Campaña o aviso institucional, Nombre de la campaña o Aviso Institucional, Año de la campaña, Tema de la
campaña o aviso institucional: Objetivo institucional, Objetivo de comunicación, Costo por
unidad, Clave única de identificación de
campaña, Autoridad que proporcionó la clave,
Cobertura, Ámbito
geográfico de cobertura, Fecha de
inicio de la campaña o aviso, Fecha de
término de los servicios contratados, Sexo, Lugar de residencia, Nivel educativo, Grupo de edad,
Nivel socioeconómico, Respecto a los proveedores y su contratación, Respecto a los recursos y el presupuesto, Respecto al contrato y los montos, Fecha de validación, Área responsable de la información, Año, Fecha de actualización, Nota.
Sin embargo los conceptos de “Respecto a los proveedores y su contratación” “Respecto a los recursos y el presupuesto” Respecto al contrato y los montos” no aparecen ni
los nombres, mucho menos contratos, aunque si las cantidades a pagar, pero no se
sabe a quién.
Entonces, estamos ante un montón de
información, que la mayoría se repite en todas las columnas, pero no se dan a
conocer los nombres de los y las beneficiadas con esas contrataciones.
En un boletín de prensa, se afirma
que la inversión autorizada para este año en Comunicación Social del Congreso es
de 9.93 millones de pesos, un 30% menos que lo dispuesto para este rubro en
2016. La información, que se encuentra en línea de los medios de comunicación
seleccionados, se apega a los lineamientos indicados en el derecho a la
protección de datos personales, pero están disponibles datos complementarios
para cualquier ciudadano que lo solicite a través de la unidad de
transparencia.
Como no se dan a conocer los
nombres de los medios o comunicadores con los que se contrata la publicidad,
nada más se tiene el monto -el mínimo pagado es de $11,600.00 a un periódico impreso
de la región de Coatzacoalcos, en contraste con una radiodifusora que tiene el
pago más elevado -incluso que una televisora-con $108,000.00 pesos.
En cuanto a los medios o portales
de internet el monto varía desde los $11,600.00 pesos hasta $58,800.00 pesos
los más altos.
Aunque la suma del costo por unidad
de los medios de comunicación que se presenta es de $1,962,375.00, no se sabe si es el gasto
mensual o el total, porque habría una diferencia de más de ocho millones de
pesos, con lo que se afirma es la inversión anual.
En otra parte del comunicado se
explica que desde el pasado 4 de mayo entraron en vigor obligaciones en materia
de transparencia, por lo que una vez concluido el protocolo de firma de
contratos, se procedió a publicar la información a la plataforma nacional y
estatal de transparencia para su consulta.
Se afirma en el boletín que, para
desarrollar la estrategia de difusión del Congreso del Estado en 2017, la
Coordinación de Comunicación Social con la autorización de la Junta de
Coordinación Política, seleccionó a 38 portales de internet, 13 medios
impresos, 9 estaciones de radio y un canal de televisión, para dar a conocer
sus campañas de comunicación, dirigidas a informar sobre los trabajos
legislativos y educar sobre el funcionamiento del Poder Legislativo. Cabe
resaltar que varias empresas que cumplieron con los criterios arriba señalados,
no fueron elegidas principalmente por cuestiones de restricción presupuestal.
Pero al final de cuentas, muchos
datos, irrelevantes y nada respecto de los nombres de las empresas de
comunicación con las que se están haciendo los negocios.
Habrá que hacer todo el trámite burocrático, para poder conocer los nombres de las empresas y periodistas contratados.
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