Por Miguel Angel
Cristiani G.
Uno de los temas en los que han coincidido prácticamente todos
los candidatos a la gubernatura de Veracruz, es el de combatir la corrupción en
la administración pública, que es un cáncer que lacera las entrañas de la
sociedad y que es uno de los principales motivos del descontento.
Es por eso que cada uno
de los aspirantes, en todas las oportunidades que se les presentan para dirigir
un mensaje, se refieren al tema como uno de los de mayor atención.
Cada candidato asegura
que habrá de combatir a los corruptos, los meterá a la cárcel y les obligarán a
devolver el dinero mal habido.
Pero ese discurso no es
nada nuevo, ya en anteriores campañas electorales, se ha dicho lo mismo, para
tratar de congraciarse con los votantes.
Hay que tener en cuenta que,
aunque dicen los candidatos, que dos años que durará su administración son
suficientes, para castigar a los corruptos, habría que tener en cuenta que la
cosa no es tan sencilla como parece.
Por principio de cuentas,
para acusar a cualquiera, se tienen que tener las pruebas de la corrupción
-tener los pelos de la burra en la mano- dirían en mi pueblo, lo cual significa
que se tienen que realizar investigaciones, auditorías para poder detectar las
pruebas con las que se va a acusar, porque de otra manera, sin pruebas, al
final se desechará la acusación y aquí no pasa nada.
Es cierto que se pueden
rastrear y descubrir los actos ilícitos de corrupción, pero no es cuestión
inmediata, se tiene que solicitar información a otras instancias federales, que
también se toman su tiempo para tramitarlas y si no se quiere destapar la
cloaca, pues simplemente le dan largas al asunto.
Una vez que se tienen las
pruebas de los actos de corrupción, se tiene que ir a presentar la denuncia en
la Fiscalía General del Estado -que hasta ahora no ha dado muestras de ser
eficiente para hacer justicia, sino todo lo contrario- así que ahí está otro
obstáculo, que puede simplemente repetir su “mantra” favorito: “estamos
investigando, estamos trabajando”.
Pero concediendo que la
Fiscalía General llegara a consignar ante el juez a los susodichos, también ahí
tienen su ritmo y sus tiempos, por lo que, si llegaran a resistir un cañonazo
de billetes en una maleta repleta de billetes, también habría que esperar un
buen tiempo.
Total, que para cuando
todo eso pasara, seguramente ya habrían pasado los dos años de la próxima
administración y estaríamos escuchando las mismas promesas de los candidatos,
acabar con la corrupción y con los corruptos.
En lo personal, pensamos
que el asunto requiere simplificar tantos trámites y recovecos legaloides,
habría que empezar a pensar en el ejemplo de otros países, en donde si han
logrado acabar con la corrupción y la delincuencia, aplicando medidas extremas.
Por ejemplo, la semana
pasada, China anunció medidas extremas contra la corrupción de políticos, aquellos
líderes que malversen fondos públicos o reciban sobornos superiores a los 463
mil dólares podrán ser sometidos a pena capital, anunciaron el Tribunal Popular
Supremo de China y la Fiscalía del Estado.
Además, los altos cargos
serán juzgados por complicidad si no denuncian la corrupción de sus colegas,
incluso si forman parte de su familia. Solamente en caso de que el acusado
coopere en la investigación –ya sea que confiese el delito o devuelva el dinero
mal habido – la pena capital podrá suspenderse durante dos años, lo que a
efectos prácticos significa su conmutación por cadena perpetua.
Entonces, como dicen los
candidatos, si se puede, falta que se apliquen penas y castigos más severos.
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