Por Miguel Angel Cristiani G.
Luego de los distintos hechos de violencia que se han
presentado en el estado de Veracruz en los últimos días, que han merecido la
atención no solo de los medios de comunicación nacional sino también a nivel
internacional sino también de diversas organizaciones, uno tiene que preguntar:
¿Qué hace la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Veracruz?.
Ya hasta la Oficina en México del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas y de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), señalaron que los
medios que difundieron la foto de la Anabel Flores Salazar muerta atentaron
contra la dignidad de la periodista.
Incluso también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
emitió un comunicado respecto a los asesinatos y ataques en contra de los
periodistas, en el que destaca que el 90% de ellos queda impune y acusa que es
por culpa del gobierno.
Mientras esto sucede a nivel nacional e internacional, la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos que debería de ser la primera
instancia, permanece callada, sin decir ni hacer nada, esperando posiblemente
que le den instrucciones acerca de lo que debe de decir o hacer.
Su titular, recientemente nombrada Namiko Matzumoto Benítez
quien viene de la secretaría de la Comisión Estatal para la Defensa de los
Periodistas está más ocupada en atender y despedir a personal del organismo,
para colocar a sus incondicionales, que en las tareas que se supone debería de
cumplir.
Resulta también que gracias a un interesante desplegadito
que se publica hoy en algún diario y se reproduce en redes sociales, para
exigir el apoyo financiero a la Universidad y al Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Veracruzana, en donde figura también como “investigadora”.
Seguramente que a estas alturas del partido, la presidenta
de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Veracruz, ya ha sido
informada por sus superiores de la CNDH que desde el año 2000 hasta el 31 de
enero de 2016 han ocurrido en nuestro país 109 homicidios de periodistas; desde
el 2005 otros 20 han desaparecido; además se han registrado 48 atentados a
medios de comunicación desde 2006 y desde el 1 de enero de 2010 han recibido
515 quejas por agravios a los mismos.
Mientras que en Veracruz la CEDH aplica la política de la
aveztruz de meter la cabeza en un hoyo, a nivel nacional la CNDH, criticó que “la
investigación deficiente y la falta de sanciones de las autoridades de los tres
niveles de gobierno han provocado que el 90 por ciento de las agresiones en
contra de los periodistas y medios de comunicación queden en la impunidad”.
“La omisión del Estado Mexicano se refleja en la ausencia de
agencias del Ministerio Público especializadas en la persecución de delitos
cometidos contra la libertad de expresión, así como de Fiscalías o Unidades
investigadoras en las entidades federativas en que se advierte mayor incidencia
de agresiones contra periodistas y comunicadores”.
El organismo autónomo dio a conocer que emitió una serie de
recomendaciones a los titulares de las instituciones de seguridad estatales,
federales y municipales, así como al presidente de la Junta de Gobierno del
Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas para que subsanen las irregularidades que han llevado a las
violaciones de los derechos humanos de estos profesionistas.
El organismo nacional presidido por Luis Raúl González Pérez
detalló que los estados con mayor incidencia en cuanto a asesinatos de
periodistas son Veracruz, con 14.6 por ciento; Tamaulipas, con 11.9 por ciento;
Guerrero, Chihuahua y Oaxaca con 11 por ciento, cada uno, por lo que seis de
cada diez muertes ocurren en estas cinco entidades.
En lo que respecta a este tipo desapariciones de
comunicadores, los estados de Veracruz y Michoacán tienen un 20 por ciento de
los casos cada uno. Mientras que Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León
tienen un 10 por ciento, respectivamente, por lo que siete de cada diez ocurren
en estas cinco entidades.
Explicó que de las 176 averiguaciones previas iniciadas para
la investigación de los homicidios y desapariciones de periodistas, así como de
los atentados a medios de comunicación de los que tiene registrados desde el
año 2000 al 31 de enero de 2016, 106 están en trámite; 45 de las mismas se
encuentran en integración desde hace 5 años, y uno de los casos tiene 15 años
en integración.
Respecto a las diligencias hechas por las autoridades
ministeriales dijo que no resultan del todo idóneas para el esclarecimiento de
los hechos y la identificación de los probables responsables de los mismos, ni
el motivo y las causas que ocasionaron la agresión.
LA CNDH concluyó que los casos de agresiones a periodistas
“con investigación deficiente y sin sanción” ponen en evidencia la falta de
condiciones que las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligadas
a generar para la libre expresión”.
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