Por Miguel Angel Cristiani
Glez.
Será porque los mexicanos día
con día vamos perdiendo la capacidad de asombro, entre noticias que cada vez
son más impactantes, pero que sin embargo, al parecer no pasa nada, la nota de
que la Directora General del Instituto Nacional de Bellas Artes, María Cristina
García Cepeda que algunos dicen y llaman como Doctora, ni siquiera tiene el
grado de licenciado, pero nadie se indigna por el hecho de que ocupe ese
importante cargo y mucho menos porque por ello cobre un sueldo de 172 mil pesos
mensuales.
No es la primera vez que se
detecta a algún funcionario o funcionaria de gobierno, que aseguran tener un
nivel de licenciatura o hasta de doctorado, pero que en realidad no tienen ningún
documento que ampare su preparación.
Posiblemente el caso más
notable, de lo que bien puede ser conocido como el síndrome Alzati, es el del
ex secretario de Educación Pública Fausto Alzati Araiza, quien fue destituido
luego de que se ostentara como doctor sin serlo, pero más recientemente, volvió
a ser destituido de la Dirección General de Televisión Educativa de la misma
SEP luego de que protagonizó un escándalo por haber “censurado” a un escritor
en una presentación de textos.
Cabe entonces preguntar:
¿cuántos y quiénes son los funcionarios que pomposamente anteponen a su nombre
un título académico de licenciado, maestro o doctor, sin haber cumplido con los
requisitos para obtenerlo?
Se supone que en todas las
dependencias, federales, estatales o municipales, existe un área de
Contraloría, que es bien sabido, que no sirven ni para detectar el vuelo de una
mosca, pero cuando menos, podrían revisar y constatar, que los funcionarios que
de acuerdo a la ley deben de tener cuando menos un título de licenciatura,
efectivamente lo tengan y no nada más lo hayan agregado a su nombre, como si
fuera una herencia familiar o nobiliaria.
En las distintas leyes y
reglamentos de la administración pública, se establece que para ser tal o cual
funcionario, se requiere cuando menos el título a nivel de licenciatura, aunque
también en algunos casos se especifica que debe de contar con maestría y hasta
doctorado, dependiendo de la actividad de que se trate.
Independientemente de que cada
vez más, aparecen como por arte de magia, universidades, institutos, centros y
academias, particulares, que como negociantes de la educación, ofrecen “todas
las facilidades” para que quienes no tengan el papelito lo puedan obtener.
Es ampliamente conocido, el
caso de funcionarios públicos, que por la relevancia del cargo que ostentan, no
podrían cursar el mismo tiempo que trabajan una licenciatura, muchos menos una
maestría o doctorado, sin embargo, son muchos los casos, en que algún empleado
o secretaria, son los encargados de elaborar los trabajos y tareas, que
permiten al funcionario, poder ir a recoger su título.
Lo más grave es quizás, que a
pesar de que se hacen públicas las denuncias como en el caso de la Directora
General del Instituto Nacional de las Bellas Artes (INBA), María Cristina
García Cepeda, no cuenta con la Cédula Profesional de Licenciatura, por lo que
el postgrado de Doctora que antecede su nombre en una de las páginas oficiales
de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no tiene sustento, pareciera que
nadie se da por enterado y aquí no pasa nada.
Habiendo tantos
profesionistas, que con gran esfuerzo y talento, han podido cursar una
licenciatura, maestría y doctorado, pero como no son cuates del titular, pues
no pueden disfrutar de esos cargos.
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