Por Miguel
Angel Cristiani Glez.
Mucho es lo
que se ha estado diciendo a favor y en contra, durante los últimos días, luego
de que el diputado local Adolfo Jesús Ramírez Arana, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional presentara una iniciativa
con proyecto de Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el estado de Veracruz, ya
que entre otras muchas cuestiones, aborda el tema de las manifestaciones en la
vía pública.
Quienes ahora
son defensores de los manifestantes, aseguran que se trata de cohartar la
libertad de manifestación-expresión que todos los ciudadanos tenemos para
expresar nuestras ideas.
Pero por otra
parte, los representantes de las cámaras de comercio, principalmente en la
capital del estado que es el escenario casi diario de todo tipo de
manifestaciones, argumentan que las manifestaciones y plantones frente al
palacio de gobierno, les ocasionan pérdidas en sus negocios que van desde el 40
al 85 por ciento.
Es bien
sabido y sufrido por todos los xalapeños, que cuando no son trabajadores,
colonos, campesinos, taxistas, vecinos, sindicatos, que han encontrado ya una
forma de venir a exponer sus demandas, haciendo un plantón frente a palacio de
gobierno estatal, aunque en muchas ocasiones –la mayoría- no sean más que unos
cuantos, que para llamar la atención, deciden bloquear el tránsito en la calle
de Enríquez y con ello desquiciar todo el tráfico vehicular en el primer cuadro
de la capital.
Aunque bien
vale la pena apuntar, que todos ellos caben perfectamente en la explanada de la
Plaza Lerdo, sin ninguna necesidad de bloquear el tráfico de vehículos
particulares, taxis, servicios urbanos, ambulancias, servicios de emergencia y
todos lo que tienen la necesidad de cruzar por ese sector de la ciudad.
Posiblemente,
si luego de instalarse en la Plaza Lerdo, las autoridades estales no bajaran a
iniciar el diálogo y la respectiva negociación, tal vez, se podría justificar
una medida que afecta a la mayoría de los habitantes de Xalapa, porque el caos
vial se extiende no solo al primer cuadro, sino que se alcanza hasta otras
arterias y avenidas.
Los
manifestantes, tienen todo el derecho a ser acarreados, para que unos cuantos líderes,
sean los que negocien los beneficios, pero no se vale que con el pretexto de
llamar la atención o demostrar una “fortaleza” de determinado grupúsculo
político, se afecte la vida de toda una ciudad capital.
Se tiene que
hacer algo, pero desde ya, para que no se siga permitiendo que Juan de las
Pitas, venga cada vez que se le ocurra, a cerrar el libre tránsito –que ese sí
es un derecho de las mayorías- para plantarse frente al palacio a “exigir sus
demandas”.
La solución
es muy sencilla y no requiere de tantas leyes y reglamentaciones, la autoridad
correspondiente, debe de aplicar la sentencia existente: los derechos de las
minorías terminan donde comienzan los de las mayorías, no se puede permitir que
unos cuantos, vivan fregando a toda una comunidad.
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