Algo que ya es público y notorio, es el hecho de que a
pesar de la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) en días pasados, para proteger al Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos (IFAI) de los funcionarios que no quieren
acatar sus resoluciones, los servidores públicos incrementaron el número de
expedientes reservados y siguen negando la información, argumentando
inexistencia o reservan los datos por “seguridad nacional”.
Se acaba de confirmar que de más
de siete millones de expedientes reservados, el gobierno federal incrementó la
cifra a más de 8 millones en menos de un año, según los datos disponibles en el
IFAI.
Resultaría
interesante conocer a nivel estatal cuales son los resultados del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información el IVAI, ya que se tiene la percepción
de que en la mayoría de los casos, por una u otra causa, los datos que
solicitan los ciudadanos no obtienen respuesta, es decir son cubiertos también
por el manto de la opacidad.
“Inexistencia de la información
solicitada”, “la solicitud no corresponde al marco de la ley”, “negativa por
ser reservada o confidencial” y “no es de la competencia de la Unidad de
Enlace”, son las respuestas más comunes que las más de 240 dependencias del
gobierno federal dan a los ciudadanos para no otorgar la información
solicitada.
Según el IFAI, de 2003 a
diciembre del 2011, las dependencias federales —que son sujetos obligados a
revelar información— argumentaron “inexistencia de la información” en 44 mil
118 respuestas (6.8%); en tanto, esgrimieron que “la solicitud no corresponde
al marco de la ley” en 15 mil 705 solicitudes de información (2.4%).
En una nota publicada por el
periódico El Universal se da a conocer que el órgano de transparencia que
preside Jacqueline Peschard también registró 74 mil 529 respuestas (11.6%) de
distintas dependencias de la administración federal con la leyenda: “no es de
la competencia de la Unidad de Enlace” y en 18 mil 120 casos para negar la
información solicitada por algún ciudadano por ser “reservada o confidencial”,
(2.8%).
Así, las dependencias del
gobierno federal continúan reservando información a pesar de la advertencia del
presidente Calderón, quien mandató a servidores públicos impulsar la
transparencia.
Aunque las más de 240
dependencias del gobierno federal no han recurrido a las resoluciones del IFAI,
como lo ordenó el jefe del Ejecutivo, los funcionarios siguen negando
información, clasificando archivos como confidenciales o incluso rechazan las
solicitudes que les hacen los ciudadanos, argumentando la inexistencia de los
documentos.
Según estadísticas de la
dependencia —las cuales son públicas—, de 60 mil 638 solicitudes de información
que se presentaron en un periodo de enero de 2011 a enero de 2012, las
dependencias reservaron información en 2 mil 934 casos, siendo el Sistema de
Administración Tributaria (SAT) y el Sistema de Administración y Enajenación de
Bienes (SAE) de los que más cerraron información a los ciudadanos que la
solicitaron.
En
el estado próspero de Veracruz, sigue siendo secreto de estado, todo lo
relacionado con los montos y destino de la deuda y la bursatilización, los
contratos y montos de las pocas obras, los sueldos reales de los funcionarios,
las cifras de inversión, lo pagos a periodistas y periódicos, por solo citar
algunos ejemplos de la opacidad, en la entidad cuyas autoridades pretenden
hacernos creer que vamos hacia delante.
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