El Fondo del Decreto

Cuando todos los veracruzanos esperábamos que este lunes, al cumplirse un mes del asesinato de la periodista Regina Martínez, el gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa saliera a informar que finalmente “se había llegado a fondo” y que como lo prometió “se detendría a los culpables”, esto no sucedió, pero en cambio convocó a todos los miembros de su gabinete a palacio de gobierno y algunos medios de comunicación, pero para anunciar que por decreto –en uso de sus plenas facultades- todos los funcionarios públicos deberán practicarse exámenes antidrogas dos veces al año.

A un mes de distancia del crimen de la reportera de la revista Proceso en el estado de Veracruz, Regina Martínez la respuesta oficial es el silencio.

Aunque se diga “que ya tenemos una línea de investigación y vamos muy avanzados” eso y nada, es lo mismo.

Ni el Procurador de Justicia Amadeo Flores Espinoza o la Coordinadora de Comunicación Social, Gina Domínguez Colío pronunciaron este lunes una palabra al respecto.

Pero en cambio, el gobernador del estado –próspero- ahora empezamos a entender en qué consiste esa prosperidad, -en el aumento de las drogas, económicas y alucinógenas- anunció en forma espectacular, que por decreto todos los funcionarios, en todos los niveles de su administración, deberán aplicarse dos exámenes toxicológicos al año, para demostrar que no consumen drogas u otro tipo de sustancias no permitidas por la ley.

Dicen en mi pueblo: “piensa mal y acertarás”, porque al conocer esa noticia surgen una serie de cuestionamientos inevitablemente.

La primera duda es ¿cuál es el motivo real para que el gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa haya decidido ordenar por decreto oficial, que todos los funcionarios de su administración se apliquen esos dos exámenes anuales?.

Quién le pidió o recomendó establecer esa medida, que más que otra cosa parecería una auténtica “marihuanada”.

Porque si efectivamente se tiene al menos la sospecha que existen funcionarios públicos que consumen drogas u otro tipo de sustancias tóxicas, pues simplemente habría que practicarles, a esos sí, el examen de detención de consumo y lógicamente separarlos de cargo.

Pero resulta altamente sospechoso, que en un estado no próspero, que enfrenta la peor crisis económica en su historia, con una deuda que ya nadie sabe, ni nadie sabrá a cuánto asciende, que se han aplicado recortes a todas las dependencias que mantienen prácticamente inactiva la actividad gubernamental, ahora de buenas a primeras, el ejecutivo estatal se le ocurra publicar un decreto para obligar a funcionarios públicos –no se sabe aún si ellos tendrán que pagarlos- dos exámenes antidrogas al año.

Lo que sí se sabe, es que será a través de la Secretaría de Salud, la que habrá de hacer la convocatoria, para que las empresas interesadas en el “negocito” puedan presentar sus propuestas.

Porque sería muy lamentable, que pasado un tiempo, vengamos a enterarnos, que la empresa o laboratorio que será beneficiado con esa chambita, resulta tener alguna relación de tipo familiar, con quien propuso la medida.

Hasta ahora, la orden de aplicar dos exámenes al año a funcionarios públicos, nadie,  que sepamos nosotros,  se la había pedido al gobernador de Veracruz.

No vaya a resultar como la propuesta del Partido Verde Ecologista, esa de que “si el gobierno no te surte las medicinas, que te las pague” con un vale, que casualmente será surtido en las farmacias del doctor que tiene los apellidos Similares al del fundador del partido supuestamente ecologista.

Por lo pronto, los presidentes municipales, que seguramente tampoco tienen nada mejor en que gastar el presupuesto, ya han empezado a respaldar el decreto de los exámenes antidrogas de funcionarios estatales, que también tendrán seguramente un mercado con el mismo laboratorio que designe la Secretaría de Salud Estatal.  

Pero finalmente no hay de qué preocuparse, porque si alguno de los funcionarios públicos sale positivo en el examen antidrogas, solo será separado temporalmente del cargo, pero no de la nómina, para que pueda ser internado en alguna clínica de rehabilitación y pueda reincorporarse nuevamente al puesto.

A ver cuántos son los que salen “positivos” luego de que les apliquen el primer examen y entonces veremos si el decreto realmente era necesario o nada más se trata de un velo para encubrir un negocio, muy bueno, por cierto.

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