Por Miguel Angel Cristiani Glez.
Luego de las espectaculares
denuncias del contralor general del estado, en el sentido de que habrían de ser
sancionados funcionarios públicos que incurrieron en responsabilidad por no
cumplir con trámites ante la federación, lo que a su vez habría dado lugar a
una serie de observaciones y recomendaciones, no se volvió a saber nada más del
tema.
Se va a cumplir ya un mes, desde
que el contralor general Ricardo García Guzmán dio a conocer la lista de los
funcionarios que “han fallado a Veracruz y deberán responder por sus actos”.
La lista de 14 funcionarios y ex funcionarios
está encabezada por el ex Contralor y Secretario de Finanzas y Planeación
Mauricio Audirac Murillo y Carlos Aguirre Morales, subsecretario de
egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan); Juan Manuel Corral Verdugo,
ex procurador fiscal.
Pero a
un mes de distancia, ya no se volvió a tratar para nada el asunto, nunca se
dijo cuál sería el castigo para quienes no cumplieron con su responsabilidad.
Se
dijo que las sanciones van desde los apercibimiento administrativos hasta la
inhabilitación de la administración pública hasta por 10 años, tal y como lo establece
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de
Veracruz.
“Como titular de la
dependencia actuaré con todas las facultades que me concede la ley hacia
quienes la han trasgredido”
“Nadie por encima de la ley, esa es nuestra
divisa y habremos de cumplirla cabalmente”, sentenció el Contralor, “por tal
motivo y para que quienes han fallado a Veracruz respondan por sus actos, se
llevarán a cabo los procedimientos disciplinarios administrativos.
Pero el tiempo pasa, nos vamos
haciendo viejos y las sanciones anunciadas no llegaron.
Es bien sabido que las
comparaciones son odiosas, pero en contraste con lo publicitado por el
contralor general de Veracruz en el gobierno del Distrito Federal, sin tanta alharaca,
se acaban de imponer sanciones –de a deberás, no de a mentiritas- a 90
funcionarios públicos.
Fueron inhabilitados 27
servidores públicos, 11 de ellos por periodos de uno y hasta 15 años; a otros
12 se les destituyó y además se aplicó sanciones económicas por un monto
superior a 70 millones de pesos.
De 90 sanciones que corresponden
a funcionarios mayores de la Administración Pública del Distrito Federal
(APDF); 17 fueron contra servidores públicos de las delegaciones Gustavo A.
Madero (2), Miguel Hidalgo (5), Tlalpan (6), Cuauhtémoc (1), Xochimilco (1),
Magdalena Contreras (1) y Tláhuac (1).
La Contraloría del Distrito
Federal exhortó a la ciudadanía a que denuncie cualquier acto irregular
cometido por servidores públicos de la administración pública local, a través
de la página de Internet www.anticorrupcion.df.gob.mx al teléfono 5627-9739 o mediante la cuenta de Twitter
@ConrraloriaCDMX.
En total fueron inhabilitados 27
servidores públicos, a 12 se les destituyó. De éstos, 11 fueron sancionados con
inhabilitaciones que van desde uno hasta 15 años.
Adicionalmente a las sanciones
administrativas se impusieron sanciones económicas por un monto superior a los
70 millones de pesos.
Aclara la Contraloría del DF que “En
cumplimiento a disposiciones constitucionales, generales y locales, existe un
impedimento jurídico para revelar nombres, cargos o particularidades que
vulneren la protección de datos personales y con ello la dignidad de los
ciudadanos”.
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