Por Miguel Angel Cristiani Glez.
Amnistía Internacional ha tomado nota y está exigiendo al
gobierno del estado de Veracruz profundizar en las líneas de investigación
sobre la desaparición forzada del periodista Moisés Sánchez Cerezo, que de
acuerdo con los datos de la organización Article 19 este es el decimosexto caso
de periodistas asesinados en la entidad en los últimos años.
En un comunicado oficial de Amnistía Internacional que acaba
de ser difundido esta semana se exige al estado mexicano que se profundicen las
líneas de investigación para sancionar a los responsables.
En un amplio y detallado escrito Amnistía Internacional se
refiere al caso del periodista asesinado en los siguientes términos:
“El pasado 2 de enero, José Moisés Sánchez Cerezo fue privado
de la libertad por un grupo de hombres armados que irrumpió en su casa en el
Municipio de Medellín de Bravo, Veracruz. Su desaparición forzada estaría
relacionada con su trabajo de informar sobre la situación política y de
seguridad de su comunidad.
Amnistía Internacional lamenta que la actuación de las
autoridades estatales no se haya encauzado con la debida diligencia en la
búsqueda con vida del periodista, a pesar de que sus familiares presentaron la
denuncia correspondiente.
Adicionalmente, preocupa que las más altas
autoridades estatales, incluyendo al Gobernador del Estado, hayan negado la
actividad periodística de la víctima.
La organización ha recibido información que indica que los
familiares y los representantes legales de la víctima no tienen plena confianza
en la identificación del cuerpo hallado por la PGJE. Ante estas dudas, es
necesario que se realicen de inmediato las pruebas periciales necesarias,
incluyendo identificación por ADN.
En casos de esta naturaleza, se debe garantizar el trato
digno a los familiares, en especial en lo relativo a proporcionarles
información oportuna sobre la evolución del caso, incluyendo la búsqueda
permanente de sus seres queridos y el proceso de identificación de los cuerpos,
de tal forma que se evite la revictimización. Así mismo, es necesario que se
adopten medidas de protección para garantizar que los familiares de José Moisés
Sánchez Cerezo no sean objeto de ningún tipo de represalias.
Amnistía Internacional considera que la investigación
presentada por la Procuraduría del Estado de Veracruz, sustentada en una
declaración autoinculpatoria de un supuesto partícipe del delito, genera serias
dudas. Al respecto, Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional
México, indicó: “preocupa gravemente la identificación de un patrón en el
actuar de las autoridades estatales y federales frente a casos de desaparición,
iniciado por la falta de debida diligencia en las primeras horas de la
desaparición, seguido de la falta de información oportuna y veraz a los
familiares de las víctimas sobre los avances de la investigación, y la
conclusión de las líneas de investigación con resultados basados en
confesiones”.
Ante los reiterados fracasos en las investigaciones a nivel
local sobre el esclarecimiento de las agresiones y desapariciones de
periodistas en Veracruz, es necesario que este caso sea atraído por la
Procuraduría General de la República, tal como lo ha solicitado la
representación legal de la familia Sánchez Cerezo y la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Moisés Sánchez es fundador y reportero del semanario local
La Unión, de distribución gratuita, a través del cual denunciaba la corrupción
de las autoridades locales y la situación de inseguridad de la zona.
Información recibida por AI, indica que días antes de su
desaparición, el señor Sánchez Cerezo habría recibido una amenaza vinculada con
el presidente municipal de Medellín de Bravo.
El viernes 2 de enero de 2015, a las 19:30 horas, un comando
armado entró con violencia a la casa de José Moisés Sánchez Cerezo y lo privó
de la libertad. Los hombres armados se habrían llevado además algunas de sus
pertenencias, entre las que se encuentran su computadora y equipos celulares.
En México, las personas defensoras de derechos humanos y las
y los periodistas continúan enfrentando serios riesgos y amenazas como
resultado de su labor. De conformidad con la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, de 2010 a enero de 2015, al menos 97 periodistas fueron asesinados, y
22 han desaparecido en los últimos diez años. La falta de voluntad y la
incapacidad de las autoridades para investigar adecuadamente estos delitos,
junto con un sistema judicial ineficiente, perpetúan la impunidad casi absoluta
en estos casos.
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