Los detalles del atraco a ejidatarios tuxpeños

Hace unos días nos referimos al pleito entre ejidatarios de Alto Lucero en el municipio de Tuxpan, contra el “líder” Rubén Cruz Sagastume quien habría cobrado las indemnizaciones millonarias por los terrenos que fueron expropiados para la construcción de las instalaciones en ese lugar de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin que a la fecha les haya entregado ni un solo peso a los afectados.

Los auténticos ejidatarios de Alto Lucero, nos hicieron llegar los detalles de la forma en que se ha venido desarrollando ese conflicto, que a la fecha no ha sido resuelto en forma definitiva por las autoridades correspondientes:

“El ejido Alto Lucero promovió el juicio de amparo 413/2007 en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, del cual surgió el decreto expropiatorio publicado el 19 de julio del 2012 en el Diario Oficial de la Federación, en el cual benefició a dicha secretaría para la construcción del cuartel militar del 15 batallón, dicha expropiación la sufrió el ejido Alto Lucero en Tuxpan Ver.

La SEDENA depositó el recurso indemnizatorio en el Fondo Nacional de Fomento Ejidal en el mes de febrero del 2013, anterior a esa fecha los ejidatarios hablamos con el supuesto comisariado ejidal Rubén Cruz Sagastume sobre el recurso del cual hablaba el decreto y nos dijo de entrada que no había tal recurso, cuando le mostramos el documento aceptó que si se iba a pagar un dinero, pero que ya lo tenía comprometido con algunos funcionarios del Poder Judicial de la Federación y lo que sobrara era para él y que no iba a repartir nada.

Obtamos por promover juicios agrarios en el Tribunal Agrario No. 32 de Tuxpan, Ver. Ya que en la asamblea de procede de fecha 4 de octubre de 1996 a 20 ejidatarios de dicho ejido se nos asignó el 5 % de tierras de uso común en donde se encuentra ahora el cuartel militar, contamos con certificados que nos acredita como derechosos de ese 5%.

Los juicios agrarios son los siguientes: 458/2012, 476/2012, 39/2013, 58/2013, 59/2013, 133/2013, todos esos juicios son para cobrar individualmente el 5% de dicha expropiación.

También se promovió el juicio agrario 542/2012 solicitando la nulidad de los actos de asamblea en donde se “reelige” Rubén Cruz Sagastume como comisariado ejidal, en los años anteriores 2008 y 2009 también a través de los juicios de amparo 678/2001 y 679/2001 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito dicho comisariado cobró a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la cantidad de 28,459,244.00 dinero que nunca dio a conocer a los ejidatarios, se lo quedó el tal comisariado Rubén Cruz Sagastume y el licenciado Juan K. Moreno Torres, con el apoyo del Juzgado Séptimo de Distrito, a la fecha enterados de dicho cobro promovimos el juicio agrario 255/2013 en el Tribunal Agrario no 32 para que se nos pague lo que nos corresponde del pago que hizo la SCT.

Hoy pretenden hacer lo mismo con el recurso que depositó la SEDENA ya que el Juez Séptimo de Distrito está extendiendo el juicio de amparo a ese juzgado ( el juez está miope, ya que no se da cuenta de las reelecciones del comisariado ejidal, cuando ha tenido todas las actas de falsas asambleas a la vista) a lo que el FIFONAFE no ha cedido o cumplido ese requerimiento sino al contrario dicha institución promovió recuro de queja ante el Primer Tribunal Colegial en materia administrativa (queja no 41/2013) al no ver resultados que los favorezca, el licenciado Juan K. Moreno Torres en su afán de querernos quitar el dinero promovió juicio civil en el Juzgado Segundo de Primera Instancia (juicio no 496/2013) en donde manifiesta que se le debe pagar una tercera parte del dinero que pagó la SEDENA, que según él es el pago a sus honorarios y que son un poco más de 18 millones de pesos.

Esta es una mafia compuesta por los personajes antes citados, el que se dice  Comisariado Ejidal en la demanda civil en lugar de contestar dicha demanda a favor del ejido se allanó dejando a los ejidatarios desamparados, sin importarle que en ningún momento la Asamblea General de Ejidatarios le autorizara el allanamiento. Tan cínico es este señor, que solicitó al juez girara oficio al Fondo Nacional de Fomento Ejidal para que a través de cheque de caja se le pague al Lic. Juan K. Moreno Torres por lo que los ejidatarios -15 de los 20- al ver que el comisariado en lugar de interponer algún recurso se allanó sustitutamente, interpusimos recurso de amparo siendo el 427/2013 del índice del juzgado octavo de distrito del cual esperamos nos conceda la protección de la justifica federal.

Este señor Cruz Sagastume tiene una ambición tan grande o hambre de dinero que en dicho ejido, todos los períodos que se ha reelecto Comisariado Ejidal se ha dedicado a recoger sobres a personas que con mucho sacrificio le han comprado solares a los ejidatarios que han fraccionado sus parcelas, según él que daba de plazo a un avecindado para el solar que el ejido le asignaba tenía un año para construir de los contrario el propio ejido le recogía el solar, pero aquí argumenta el señor la vieja ley en beneficio de él, ya que muchos solares los recoge y los vende a particulares para beneficio de él porque nunca reporta a la asamblea de ejidatarios porque tampoco ha hecho asamblea desde 1998 a la fecha, las actas de reelección son de gabinete.

Decimos que es tan ambicioso que se auto vendió las oficinas sede del Comité Regional Campesino de Tuxpan, la beneficiada fue su esposa Ana Bertha Benítez Gómez (escritura pública no 27043 de fecha 12 de junio del 2007), sin importarle que este inmueble es propiedad de todos los ejidos de Tuxpan, por lo que también la CNC estatal interpuso denuncia, pero presume el señor que no pasa nada porque dice que es amigo de altos funcionarios en el Estado –aunque cuando le conviene el priista porque cuando no es panista- por eso en el ejido Alto Lucero hace lo que se le pega en gana no hay denuncias y no prosperan.

También se atrevió a vender el edificio del Comité Regional Campesino de Córdoba, Ver. Y tampoco pasó nada, presume que tiene acuerdos “políticos” en el Estado por eso las cosas sobre los dos comités se han quedado así.

De lo actuado en los juicios de amparo, el 413/2007, el 679/2001 y el 679/2001 y sobre la actitud del juez séptimo de distrito, dirigimos y entregamos con fecha 5 de julio del 2013, escrito dirigió al Consejo de la Judicatura de la Federación, estamos en espera de su resolución”.

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