Desgraciadamente, el tema obligado en la Bitácora Política Veracruzana, es el del asesinato del periodista columnista de Notiver Miguel Ángel López Velasco, su esposa y su hijo, en el interior de su domicilio en el puerto de Veracruz.
Se tiene que dejar constancia de que es el segundo periodista que muere en hechos de violencia en los primeros seis meses de la administración estatal.
El año pasado, estuvo en nuestro país, un Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas, Frank La Rue, quien en su informe luego de la entrevista con periodistas y organizaciones escribió un reporte en donde narró sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión:
“Existe un clima de impunidad generalizada respecto a los casos de violencia contra las y los periodistas, aun respecto a los hechos más graves como asesinatos, desapariciones y secuestros. Durante su visita, el Relator Especial no recibió información concreta y suficiente sobre condenas penales y administrativas en estos casos. La impunidad prevalece y propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares.
La impunidad promueve un clima de incertidumbre y desconfianza y constituye uno de los mayores obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión en México. La violencia se ha extendido a grado tal que durante el primer semestre de 2010, medios de comunicación nacionales sufrieron intimidaciones y presiones por parte del crimen organizado para publicar o no publicar cierta información; algo que con anterioridad afectaba principalmente a los medios estatales y locales.
La reacción del Estado Federal a esta situación de violencia e impunidad fue la creación, dentro de la estructura de la Procuraduría General de la República (PGR), de una fiscalía especial: la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). Desde el 15 de febrero de 2010, la FEADLE ha iniciado 143 investigaciones. Sin embargo, desde su creación en 2006, la Fiscalía Especial no ha logrado la sanción penal de un solo responsable, y únicamente ha consignado cuatro casos.
Su tendencia a declinar la competencia sobre casos referidos a su jurisdicción revela además una falta de voluntad política que sólo ha sido corregida en los últimos meses con la designación de un nuevo fiscal.
Los escasos resultados logrados por la FEADLE son atribuibles, en parte, a la falta de voluntad de los fiscales anteriores de atraer los casos e implementar un programa adecuado de trabajo, pero también a la falta de autonomía y de recursos, y a la deficiente definición de su competencia.
La FEADLE sostiene que no prejuzga a priori la cuestión de la competencia. El plan de trabajo que la Fiscalía Especial implementa actualmente revela, por primera vez, una seriedad consistente con la gravedad y urgencia de la situación que enfrenta. El Relator Especial espera que este plan de trabajo se traduzca pronto en resultados concretos y seguiría atento a su ejecución y desarrollo.
Pero no basta con fortalecer la FEADLE, dotándola de mayor autonomía y presupuesto propio y permitiendo el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresión.
Debe también fortalecerse el Poder Judicial, brindándole los instrumentos necesarios para juzgar adecuadamente los crímenes cometidos con el propósito de impedir u obstaculizar el ejercicio de la libertad de expresión. Es de particular importancia impulsar las reformas necesarias para permitir que los jueces federales puedan conocer de este tipo de crímenes”.
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