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El anuncio del
Presidente alborotó el panal en el puerto
- Amenazaron a trabajadores maniobristas para que lo entregaran
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Quienes fueron los
beneficiados con las concesiones
Por Miguel Angel Cristiani González
Luego de que la
semana pasada el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador
alborotara el panal de la política en Veracruz, al anunciar que, tras una evaluación, su administración buscará
revocar la concesión otorgada por 100 años a la empresa encargada del manejo
del puerto jarocho, han surgido en las benditas redes sociales muchos “otros
datos” más sobre la historia de corrupción en la Administración Portuaria
Integral, prácticamente desde antes de su nacimiento o creación allá por el 1
de febrero de 1994.
En esa fecha, con una nueva Ley de Puertos se creó la figura
de las Administraciones Portuarias Integrales (APIs) y nace la Administración
Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. Conforme a la Ley de Puertos, la
APIVER se constituyó como una “Sociedad Anónima de Capital Variable.”
En la evaluación
que seguramente ya ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que en consecuencia
ya debe de estar en marcha, hay varias preguntas que deberán ser contestadas por
los responsables, como cual fue la razón por la que se otorgaron esas
concesiones por un siglo, precisamente antes de la llegada de la nueva
administración federal, también se habrá de aclarar quienes son los verdaderos
beneficiarios con esas concesiones, cuales son los montos y porqué se entregó el
puerto por cien años.
Pero la corrupción en el puerto jarocho se dio mucho antes
de la creación de la API, desde las presiones que se dieron por parte del
gobierno federal para primero, hacer la desintegración del SERPOVER Sindicato
de Trabajadores Maniobristas que tenían el control del movimiento portuario y
permitir la entrada de la CTV Internacional de Contenedores de Veracruz, S.A.
de C.V. de ICAVE Corporación Integral de Comercio Exterior S.A. de C.V quienes
en ese entonces tomaron el mando y control de las maniobras portuarias en las
que naturalmente, hubo mano negra, que permitió la infiltración de agentes
aduanales y políticos relevantes en ese entonces, que obtuvieron ganancia
millonarias y pasaron de ser multimillonarios.
Buscando en las benditas redes sociales encontramos que Alejandro
Pulido Cueto, representante legal de los agremiados maniobristas, asegura que
el mismísimo Secretario de Gobernación salinista, Fernando Gutiérrez Barrios, -el
hombre leyenda- los amenazó con llevarlos a un avión y tirarlos al mar si no
cedían sus propiedades, la fuente laboral, los bienes sindicales (cuentas y
edificios); fue así que tuvieron que celebrar una asamblea donde perdieron todo
su patrimonio.
Pulido Cueto también menciona que confía en la honestidad
del presidente Andrés Manuel López Obrador para desenmascarar a todos aquellos
políticos y empresarios que desde 1991 estuvieron ligados al régimen salinista
y que hoy en día son los verdaderos dueños de la actividad portuaria en
Veracruz.
El Gobierno Salinista otorgó una concesión leonina de 50 años
a dicha Sociedad Anónima por medio de Emilio Gamboa. En julio de 2018 en el aún
sexenio peñista, “casualmente” Juan Ignacio Fernández Carbajal dio una
extensión al título de concesión por otros 50 años, lo que para efectos legales
quiere decir que la empresa tiene los derechos por un siglo, es decir hasta el
2094.
Un punto de relevancia pública es que Juan Ignacio Fernández
Carbajal, quien es hermano del presidente de Femsa, José Antonio Fernández
Carbajal, conocido como “El Diablo”, llevó a cabo la firma de cinco contratos
de cesión parcial de derechos con diferentes empresas entre ellas IEnova que
tiene un contrato para operar una terminal especializada de fluidos con 14.7 hectáreas
para la cual aportó inicialmente mil millones de pesos.
Otra, Gramosa y Opever (Grupo Logra) entró
a la contienda por 2 terminales graneles absolviendo cuotas de 225 millones 980
mil 990 pesos y 118 millones de pesos respectivamente y por último la
empresa Hutchison Ports y Pinfra que cuenta con una
terminal especializada de contenedores, dividida en 75.9 hectáreas por la que
no tuvo que solventar ningún costo inicial pues sólo modificaron el
contrato que ya tenían para operar en el viejo puerto.
Estos contratos fueron asignados para que construyeran y
explotaran durante 20 años las cinco terminales del puerto, contratos que
cedieron 2.5 de los 2.8 kilómetros de muelle con los que cuenta el recinto
portuario y que operan las terminales de fluidos e hidrocarburos (IEnova), de
usos múltiples (Pinfra-Infraestructura Portuaria Mexicana), de contenedores
(Hutchison), de granel agrícola (Gramosa) y de granel mineral (Opever).
Estas concesiones del APIVER a particulares abarca el uso,
aprovechamiento, explotación del gobierno federal, operación y otras formas de
administración, así como los servicios portuarios, además de la construcción de
las terminales marítimas e instalaciones portuarias de acuerdo con el DOF.
Pero lo mejor, aún está por venir, porque como diría el
clásico: “esto no se acaba, hasta que se acaba”.
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