Por
Miguel Angel Cristiani G.
¿Por
qué ya no es motivo de escándalo o cuando menos indignación y coraje, el hecho
de que la Auditoría Superior de la Federación ASF haya dado a conocer en su
segundo Informe de la Cuenta Pública 2016 del estado de Veracruz, que se
encontraron anomalías por un monto de 42 mil 615 millones de pesos?
Será
que los veracruzanos ya nos acostumbramos a que un día sí y al otro también, se
den a conocer cifras del saqueo incalculable que se llevó a cabo en los últimos
años, motivo por el cual, a estas alturas del partido, las cárceles de la
entidad deberían de estar repletas de funcionarios responsables, o más bien,
irresponsables.
No
se trata de cualquier cantidad la reportada por la Auditoría Superior de la
Federación, son 42 mil 615 millones de pesos.
Para
tener una idea de lo que significa esa cifra, hay que recordar que equivale a
casi la mitad del presupuesto autorizado para ejercer tan solo en el último año
de la administración de Javier Duarte de Ochoa, que fue por la cantidad de $98,534,700,000.00
(Noventa y ocho mil quinientos treinta y cuatro millones setecientos mil pesos
00/100 M.N.).
Otro
dato ilustrativo de la importancia de esa cifra de 42 mil 615 millones, en el
presupuesto de ese año, en el artículo 8 de la ley de egresos se establece que
los 71 Programas Presupuestarios elaborados a través de la MML como
parte del PbC y PbR de las Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal para
el ejercicio fiscal del año 2016, ascienden a la cantidad de $46,091,749,595.00
(Cuarenta y seis mil noventa y un millones setecientos cuarenta y nueve mil
quinientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)
Es decir que las “anomalías” detectadas por la ASF prácticamente
equivalen a todos los programas del estado en ese año y que se supone que
deberían de haber sido ejercidos y aplicados en base a PbR o sea Presupuestos a
base de Resultados.
Resultados que por ley deberían de haberse hecho públicos en
la página de la Secretaría de Finanzas -transparentados, como se dice ahora-
pero nunca ocurrió así.
Pero de todo eso, ni la Contraloría General del Estado -esa
misma que el ahora gobernador acusó en su campaña electoral de ser una tapadera
oficial- ni el Órgano Público de Fiscalización el famoso ORFIS o el mismísimo
Congreso del Estado detectaron irregularidad alguna.
Nada más hay que recordar que el Congreso del Estado tuvo el
año pasado un presupuesto que asciende a la cantidad de $676,900,000.00 (Seiscientos setenta y seis millones
novecientos mil pesos.
Aunque
la cifra es similar al que se están gastando este año, en que se supone ya no
entregan cajas de galletas a los diputados para que voten a favor de las
iniciativas del Poder Ejecutivo.
La
Auditoría Superior de la Federación apuntó que 12 Gobiernos estatales, que
estuvieron seis años en el cargo dejaron irregularidades por un total de 70 mil
millones de pesos.
Y
Veracruz en tan solo el año pasado tuvo 42 mil 615 millones, casi la mitad de
lo que tuvieron los 12 estados.
Pero
si se piensa que no pasa nada, pues si pasa, porque por esas anomalías, La ASF advirtió
que los estados que no han justificado sus recursos en la Cuenta Pública 2016
podrían tener impacto en los recursos que recibirán en programas sociales el
próximo año 2018, debido a que no han justificado los faltantes.
Además,
las 12 entidades detectadas con anomalías, tienen atrasos en el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) y pagos de nómina.
Así
las cosas, el estado de Veracruz, vuelve a ocupar un destacado primer lugar a
nivel nacional, por las “anomalías” detectadas en la Cuenta Pública 2016, con 42
mil 615 millones de pesos, pero al final de cuentas, más allá de los anuncios
espectaculares, como decía Clavillazo, “la cosa es calmada y no pasa nada. Nomas….”
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