Por
Miguel Angel Cristiani G.
En
un nuevo episodio del teleculebrón “El Dinero que me robé de Veracruz” se dio a
conocer este miércoles que la Procuraduría General de la República ha logrado
ubicar en Suiza varias cuentas bancarias que estarían vinculadas a las
operaciones ilícitas del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.
Aunque
ya se tienen detectadas las cuentas, la PGR no ha podido acceder todavía a las
mismas, para poder conocer con detalle los montos y movimientos efectuados.
Los
fiscales encargados del caso reconocen que les falta tiempo para completar las
investigaciones contra Javier Duarte, por lo que para hacerlo pedirán 6 meses
más al juez, si éste procesa al ex gobernador.
En
la audiencia inicial, que se realizó el pasado 17 de julio, la PGR dio a
conocer la imputación a Javier Duarte por lavado de dinero y delincuencia
organizada, y reveló que tiene indicios de cuentas bancarias ligadas con los
propietarios de una empresa, denominada Consorcio Brades, que se utilizó en presuntas
operaciones de lavado.
De
acuerdo con un amplio reportaje publicado en la página de internet de Animal Político,
en la carpeta de investigación, Consorcio Brades es una compañía fondeada con
recursos provenientes de múltiples empresas fantasma, que, a su vez, los
recibieron de dependencias de la administración de Javier Duarte.
Con
ese dinero, la empresa simuló la compra de terrenos ejidales con sobreprecio a
prestanombres del ex gobernador y así lavar recursos.
Consorcio
Brades también es una compañía fachada constituida por presuntos prestanombres,
pero cuyo dueño real, según la Procuraduría, es Moisés Mansur, el principal
colaborador de Javier Duarte en las operaciones delictivas.
“Hemos
solicitado la asistencia internacional para ver el flujo de recursos hacia esas
cuentas pero hasta ahora no hemos conseguido esta información”, reconoció uno
de los fiscales de la PGR ante el juez.
Cabe
señalar que la Procuraduría asegura que, tan solo a través de Consorcio Brades,
se consiguió lavar el origen de 223 millones 896 mil pesos de las arcas
públicas y que a la postre se habrían utilizado para la adquisición de un yate,
joyas y varias propiedades. Pero los fiscales creen que hay múltiples recursos
que no se han localizado y que se indaga su destino.
Suiza
es el tercer país al que la PGR pide colaboración internacional en la
investigación contra el ex gobernador de Veracruz. Previamente lo hizo a Estados
Unidos y España para el rastreo de varias propiedades ligadas al ex mandatario
estatal y a su círculo familiar y de amistad.
En
la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal, la PGR señaló
que necesita más tiempo para conseguir los indicios necesarios que permitan
acusar formalmente y llevar a juicio al ex gobernador Javier Duarte.
Para
ello, la PGR solicitará al juez de control que autorice un plazo de
investigación complementaria, que se contempla en el artículo 321 del Código
Nacional de Procedimientos Penales, por un periodo de seis meses para terminar
la carpeta de investigación.
Esta
solicitud solo será procedente si, en la audiencia del próximo sábado 22 de
julio, el juez Gerardo Moreno, a cargo del caso, considera que los datos
iniciales ameritan abrir un juicio contra Duarte —es decir, lo vincula a
proceso—, y entonces sí dará un aval para la investigación complementaria. Es
facultad del juez decidir si autoriza los seis meses o un plazo menor.
Entre
los elementos que la PGR necesita integrar en la carpeta de investigación se
encuentran peritajes en materias de contabilidad, así como financieros que
permitan establecer una conexión de las operaciones que, según la imputación,
ordenó Duarte desde su posición como gobernador para su beneficio.
Hasta
ahora, la Procuraduría tiene pistas de que Javier Duarte instruyó lo anterior
gracias a la declaración de un exabogado suyo, Alfonso Ortega, quien aceptó
colaborar con la PGR a cambio de no ser procesado al menos de momento. Pero aún
se necesitan evidencias para robustecer estos dichos.
Otro
punto clave es identificar el origen del dinero. En la audiencia inicial del
caso la PGR imputó a Duarte ser el responsable del desvío de 438 millones de
pesos provenientes del erario público; sin embargo, solo pudo demostrar con un
dictamen que 38.5 millones provenían de una cuenta bancaria a nombre de la
Secretaría de Educación.
Lo
que falta por identificar con precisión es el origen de los otros 400 millones
de pesos, es decir, las cuentas bancarias de las dependencias de donde habrían
salido los recursos.
En
el expediente también se identifican cuatro departamentos de lujo, cada uno con
un precio de entre 1.3 y 1.5 millones de dólares, en el conjunto Finestre, en
Ixtapa Zihuatanejo, que pertenecen a Mansur y otros prestanombres pero que
según la PGR en realidad son de Duarte.
La
Procuraduría necesita documentar cómo se pagaron esos departamentos, es decir,
si fue en efectivo o a través de cheques u operaciones bancarias. Es el mismo
caso del yate Aquariva que habría adquirido Ortega por indicaciones del
ex gobernador de Veracruz.
Los
fiscales señalaron en la audiencia que “la investigación en contra de Duarte es
un caso abierto” y que existen varios
elementos más que se están recabando para integrarlos.
Dos
ex colaboradores de Javier Duarte en las presuntas operaciones de desvío de
recursos y lavado de dinero no serán consignados por la PGR, luego de que ésta
aceptó no presentar cargos en su contra o retirárselos a cambio de que
colaboren con el Ministerio Público en la indagatoria.
La
confirmación de lo anterior se dio en la audiencia inicial, en la que, a solicitud
de los abogados, la PGR aceptó que aplicó “criterios de oportunidad” en ambos
casos.
El
Código Nacional de Procedimientos Penales establece, en sus artículos 256 y
257, que aplicar “criterios de oportunidad” significa que el Ministerio Público
se abstendrá de proceder penalmente en contra de una persona que decida
colaborar con la autoridad aportando información que ayude a resolver el caso,
siempre y cuando no se trate de delitos violentos.
Una
de las dos personas que recibió este beneficio es el abogado Alfonso Ortega
López, quien desde el principio aceptó colaborar con la PGR. Dicho abogado dio
una declaración en la que detalla múltiples operaciones que realizó bajo las
supuestas órdenes de Javier Duarte, entre ellas la creación de empresas fantasma,
compra de propiedades, traslado de dinero en efectivo, etc.
El
otro “perdonado” por la PGR es Juan José Janeiro, también exabogado de Duarte y
quien según la declaración de Ortega dirigía múltiples operaciones irregulares
ordenadas por el ex gobernador, entre ellas aparecer como prestanombres en la
adquisición de propiedades como ocurrió en el rancho conocido como La Mesa en
el estado de México.
Contra
Janeiro si se había girado la misma orden de aprehensión que contra Duarte pero
la PGR la canceló oficialmente en febrero, a cambio de una declaración que el
abogado otorgó y que ya también se incluyó en el expediente.
La
defensa de Javier Duarte adelantó que en la audiencia de vinculación a proceso
programada para el próximo sábado, donde se definirá si hay elementos para que
el gobernador vaya a juicio por los delitos que se le imputan, pedirá la
presencia física del Alfonso Ortega para que sea interrogado.
“Esta
persona tiene la obligación de comparecer en la audiencia. Si está colaborando
con la PGR debe ser presentado para que la defensa le puede hacer
planteamientos. Tenemos la impresión de que la PGR solo tiene sustentado el
caso en dichos de esta persona y vamos a tratar de demostrarlo” dijo Marco
Antonio del Toro, coordinador de la defensa del ex gobernador.
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