Por
Miguel Angel Cristiani G.
Si
bien es cierto que como lo comentamos en la anterior Bitácora Política los y
las señoras diputadas en el Congreso local se despachan con la cuchara grande
cuando se trata de cobrar remuneraciones, dietas y compensaciones por $143,123.38
pesos, libres de impuestos, al mes, también los empleados del llamado Poder
Legislativo constituyen una élite que no tiene comparación con cualquier otra
instancia del gobierno estatal.
Así
lo demuestra el documento en nuestro poder, que es una copia de la nómina que
se paga mensualmente en el Congreso del Estado,
incluyendo a los y las diputadas, por la cantidad de más de 18 millones de
pesos mensuales, con dinero y recursos, naturalmente, de todos los
veracruzanos.
Lo más
alto de la lista nominal del Congreso Veracruzano -el top teen- lo encabezan Analista
Contable, una Asistente y una Secretaria que reciben puntualmente cada mes una “Remuneración
mensual bruta” por $120,147.98 el primero, $118,218.84 la segunda y $100,211.48
pesos la tercera.
Esos
sueldos no los tiene ni el mismísimo gobernador del estado, Miguel Angel Yunes
Linares, aunque la Ley indique que ningún funcionario o simple empleado del
gobierno, puede ganar más que el Ejecutivo Estatal.
Pero
en el Congreso del Estado al parecer los diputados y diputadas parecen
desconocer esa ley, porque son los primeros en estarla violando flagantemente.
Seguramente
que usted, amable lector, también se estará preguntando: ¿pues que es lo que
hacen esos empleados para ganar tan altos sueldos?.
La respuesta
es muy simple, son directivos del sindicato de trabajadores al servicio del
Poder Legislativo, que se supone deben de defender los derechos de los
empleados del Congreso, en donde por cierto ya se anunció por parte del
presidente de la Junta de Coordinación Política el diputado plurinominal Sergio
Hernández Herández que serán despedidos un total de 70 burócratas del palacio
de la avenida Lázaro Cárdenas.
Pero
hay que reconocer que ese sindicato si logra mejoras sustanciales no solo para
los directivos, sino para todos sus agremiados, por los sueldos que no tienen
comparación con ninguna otra dependencia gubernamental en el estado de Veracruz.
Así
las cosas un “analista jurídico” recibe mensualmente $70,000.00 pesos en
números redondos, una auxiliar administrativo recibe una percepción de $59,594.80; en tanto que los analistas
administrativos reciben $59,348.00; una modesta empleada con categoría de “secretaria”
cobra $56,995.90.
Siguen
más categorías como la de analista contable que tiene una percepción de $50,604.54;
los directores tienen un salario de $50,274.00 pero no pagan impuestos, cuotas
al IMSS y al IPE son subsidiados, lo que no tienen en otras dependencias
estatales.
Otras
categorías que cobran $40,000,00 son las de Analista Administrativo, -que era
lo que cobraba el ahora diputado panista José Luis Enríquez Ambell, Secretario Técnico;
Asistente, Subdirector De Servicios Jurídicos, Coordinador de Investigaciones
Legislativas, Coordinador de Comunicación Social y el Coordinador De Informática,
a todos ellos, los impuestos y las cuotas al IMSS son subsidiados con el
presupuesto del Congreso, que todavía alcanza para organizar las ya célebres
fiestecitas y jolgorios.
En la lista nominal aparecen numerosos empleados
con categorías de Secretaria, Auxiliar Operativo o Analista Administrativo, que
perciben sueldos entre $39,859.42 y los $38,518.50.
En la categoría de “asistentes” el sueldo que
reciben es de $31,760.72 mensuales.
Los llamados “asesores” ganan desde $30,448.70
hasta diez mil pesos mensuales.
En la
nómina del Congreso veracruzano el puesto más numeroso es el de los llamados “analistas
administrativos” que tienen percepciones que van desde $61,843.88 hasta unos
cuantos con ocho mil pesos al mes.
Le siguen
los denominados “analistas contables” que cobran desde $120,147.98 (ciento
veinte mil 147 pesos con noventa y ocho centavos) hasta el mínimo que es de $16,733.36.
También
hay que reconocer que muchos de los empleados del Poder Legislativo tienen ya
muchos años de antigüedad laboral, que con las nuevas autoridades del cambio,
pretenden despedir al menos a setenta de ellos.
Lo que
habrá de llevar a demandas y juicios por despidos injustificados, pero esa es
otra historia, diría la Nana Goya, que tendremos que comentar también en la
Bitácora Política.
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