Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez
El caso de las llamadas empresas fantasmas que refieren al
desvío de 645 millones de pesos, mediante el cual la Procuraduría General de la
República (PGR) acusó al exgobernador Javier Duarte de Ochoa junto con ocho
personas de lavado de dinero y delincuencia organizada, no es más que una
pequeña raya del tigre de la corrupción en el estado de Veracruz, ya que de
acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, son 45 mil millones de
pesos los que no tienen justificación de a donde fueron a parar.
Se trata de ver el árbol, cuando detrás está todo un bosque.
Pero además, hasta el momento, el único funcionario público
de la administración de Javier Duarte de Ochoa acusado de lavado de dinero y
delincuencia organizada es precisamente el ex ejecutivo estatal.
Entonces cabe preguntar: en donde están los demás funcionarios,
que en su momento organizaron y ejecutaron la operación y desvío de recursos
mediante esas empresas fantasmas.
Porque de acuerdo con los datos revelados por el portal de
noticias Animal Político y el noticiero de televisa 10 en Punto, ninguno de los
acusados hasta el momento, es funcionario público, todos son “Empresarios”
privados y las autoridades que hicieron ese negocito multimillonario, ¿Quiénes son?
¿en dónde están? ¿Porque no se les ha incluido en el proceso?.
Acaso se trata nada más de presentar solamente uno de los
cientos de casos de corrupción detectados por la Auditoría Superior de la
Federación, para que luego por algún tecnicismo legaloide, resulte que como
Javier Duarte de Ochoa no firmó ningún documento, no hay pruebas suficientes en
su contra y pueda quedar libre, bajo el pago de una fianza mínima.
Hay que decirlo con todas sus letras: Javier Duarte de Ochoa
no es el único, si el principal autor intelectual y responsable de la más
tremenda crisis financiera que ha vivido Veracruz.
Muchos de los funcionarios responsables en su momento de el desvío
de recursos federales, estatales y hasta municipales, ya no están en el aparato
administrativo estatal, ahora son intocables -por el fuero federal- diputados y
los que no, ya renunciaron y desaparecieron, oportunamente.
El portal de noticias en internet Animal Político pudo
documentar la red de funcionarios que estuvieron detrás de la adjudicación de
las empresas fantasma entre 2012 y 2014 y que hoy son, o están por ser,
legisladores.
Algunos de ellos también han sido denunciados en otras
posibles operaciones de desvío de recursos o por ser prestanombres del
gobernador con licencia Javier Duarte.
Adolfo Mota Hernández: La firma de este diputado aparece en
un desplegado fechado el 22 de septiembre pasado en el que varios legisladores
federales de Veracruz pidieron al presidente Enrique Ochoa del PRI que no se
sancionará al hoy gobernador con licencia Javier Duarte.
Era secretario de Educación del estado de Veracruz en el
periodo en que esa dependencia concedió por lo menos siete contratos por casi
325 millones de pesos a compañías hoy inhabilitadas por el SAT; todos esos
contratos se concedieron vía adjudicación directa sin competencia.
Mota Hernández actualmente es diputado federal por el
Distrito 8 de Veracruz y pertenece a las comisiones de educación y de
Gobernación en San Lázaro. Es integrante de la bancada del PRI. Goza de la
protección del fuero federal y este martes 18 de octubre participó en la sesión
ordinaria del Congreso donde comenzó a revisarse el presupuesto para el próximo
año.
Edgar Spinoso Carrera:
Bajo su gestión como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de
Veracruz se firmaron los referidos contratos de la Secretaría de Educación con
las empresas fantasma, y su firma aparece en los documentos.
En su gestión como Oficial Mayor, la Auditoría Superior de
la Federación detectó el posible desvío de más de seis mil millones de pesos de
recursos federales destinados para apoyar la educación. Además fue denunciado
por el gobernador electo Miguel Ángel Yúnes de pertenecer a una red de
prestanombres de Javier Duarte.
Spinoso Carrera es actualmente diputado federal por el
Distrito 07 y pertenece a seis comisiones distintas. Es integrante de la
bancada del PVEM. Goza de la protección del fuero federal y todavía este martes
18 de octubre participó en la sesión ordinaria en San Lázaro.
La firma de este diputado aparece en un desplegado fechado
el 22 de septiembre pasado en el que varios legisladores federales de Veracruz
pidieron al presidente Enrique Ochoa del PRI que no se sancionará al hoy
gobernador con licencia Javier Duarte.
Noemí Guzmán Lagunes: Encabezó la Secretaría de Protección
Civil en el periodo en que esta dependencia concedió nueve contratos por casi
30 millones de pesos a la red de empresas fantasma; también se entregaron de
manera directa.
Guzmán es diputada federal por el Distrito 09 y pertenece a
las comisiones de Hacienda, Protección Civil y Comunicaciones. Es integrante de
la bancada del PRI. Goza de la protección del fuero federal y este martes 18 de
octubre participó en la sesión ordinaria en San Lázaro.
La firma de este diputado aparece en un desplegado fechado
el 22 de septiembre pasado en el que varios legisladores federales de Veracruz
pidieron al presidente Enrique Ochoa del PRI que no se sancionará al hoy
gobernador con licencia Javier Duarte.
Antonio Tarek Abdalá: Fue tesorero de la Secretaría de
Finanzas de Veracruz, dependencia que autorizó las partidas presupuestales para
las empresas fantasma por un monto que, según la auditoría de Veracruz,
asciende a casi mil millones de pesos.
Tarek es diputado federal por el distrito 17 de Cosamaloapan
desde agosto de 2015 y ha trabajado en las comisiones de Economía, Juventud y
Presupuesto y Cuenta Pública. Es integrante de la bancada del PRI. Goza de la
protección del fuero federal y este martes 18 de octubre participó en la sesión
ordinaria en San Lázaro.
La firma de este diputado aparece en un desplegado fechado
el 22 de septiembre pasado en el que varios legisladores federales de Veracruz
pidieron al presidente Enrique Ochoa del PRI que no se sancionará al hoy
gobernador con licencia Javier Duarte.
Alberto Silva Ramos: el twittero mayor, hasta esta semana, fungía
como Coordinador de Comunicación Social, aunque su única función era la de
retwittear todo lo que se subía en las redes por Javier Duarte, quien luego de
ser declarado prófugo dela justicia, dejó de publicar, posiblemente para que no
fueran a localizarlo mediante el uso del teléfono celular, como ocurrió con el
Chapo Guzmán.
Silva era el secretario de Desarrollo Social de Veracruz
cuando esta dependencia concedió al menos 45 contratos por 243 millones de
pesos, mediante licitaciones cerradas en la que se fraccionaron montos de
contratos para que les permitiera no convocar a licitaciones públicas. Empresas
de la misma red “compitieron” entre ellas.
Silva es diputado federal por el Distrito 3. Asumió esa
responsabilidad en agosto del año pasado pero luego pidió su baja temporal para
incorporarse de nueva cuenta a la administración de Duarte, pero como vocero
del mismo.
Luego de las elecciones estatales que perdió el PRI en junio
Silva Ramos limitó sus declaraciones públicas hasta que el pasado 13 de octubre
declaró que renunciará al cargo de Coordinador de Comunicación Social. De
acuerdo con fuentes legislativas, el próximo 31 de octubre Silva se
reincorporará a San Lázaro para asumir de nuevo su cargo como diputado y
mantener vigente su fuero.
Vicente Benítez González: Fue subsecretario de Desarrollo
Social en el periodo en que se concedieron los contratos a empresas fantasma.
Anunció el arranque de tiendas comunitarias que venderían varios de los
productos adquiridos con estas empresas, pero dichas tiendas no existieron.
Benítez posteriormente fue nombrado Tesorero del Estado pero
renunció tras el hallazgo de maletas con dinero en efectivo en el aeropuerto de
Toluca. En marzo de 2014 volvió al gobierno como Oficial Mayor de la Secretaría
de Educación en relevo de Spinoso.
Actualmente Benítez es candidato electo a diputado local
tras ser postulado por el Partido Nueva Alianza. Desde que ganó la elección su
presencia pública ha sido nula. Este miércoles debió presentarse a recoger su
constancia de mayoría en el órgano Electoral del Estado y en noviembre deberá
rendir protesta.
El cargo como diputado local le concede a Benítez González
fuero constitucional pero a nivel estatal. No lo protege de delitos federales
graves.
Otros involucrados: Astrid Elias Mansur era la encargada del
Despacho de Finanzas y Administración del DIF Estatal, cuando ese organismo
entregó una decena de contratos a las empresas fantasma. Actualmente es la
Directora de ese organismo estatal que encabeza Karime Macías, esposa de
Duarte, denunciada por el gobernador electo Miguel Ángel Yunes de colaborar en
el desvío de recursos públicos.
El paradero de Karime Macías es desconocido al igual que el
de Javier Duarte, de acuerdo con autoridades ministeriales consultadas por
Animal Político.
Juan Carlos Rodríguez García fue director jurídico de la
Secretaría Desarrollo Social en el periodo de la asignación de contratos a
empresas fantasma. El PRI le retiró sus derechos como militante, aunque él
argumentó que se trataba de un homónimo pues ni siquiera estaba afiliado a ese
partido.
Pancho López el filósofo del pueblo se cuestiona: ¿cuándo se
empezará realmente a proceder en contra de todos los responsables del saqueo a
las arcas públicas de Veracruz?
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