Por
Miguel Angel Cristiani G.
Desde
el pasado jueves 30 de marzo de este año, el Congreso del Estado aprobó tanto
el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley
Número 589 de Tránsito y Transporte, y reforma y adiciona disposiciones del
Código Número 860 de Derechos, ambos ordenamientos, presentada por el
Gobernador del Estado Miguel Ángel Yunes Linares, que norman la famosa Reformas
y Modernización del Transporte Público en la entidad, pero a casi siete meses
de distancia, todavía no se cumplen con lo aprobado por los diputados.
No
hay que ir muy lejos, aquí mismo en la capital del estado en crisis de
Veracruz, nada más hay que subirse a un camión del servicio urbano -de
cualquier ruta- para poder constatar que aunque ya pasaron por el registro en
el padrón de unidades que prestan el servicio público de transporte urbano, las
unidades siguen siendo las mismas, destartaladas, viejas y en pésimo estado que
venían funcionando desde antes del tan cacareado cambio y modernización.
La
verdad es que esa modernización y cambio en el servicio no se ha dado, los
camiones siguen siendo en su gran mayoría, los desechos de Estados Unidos en
donde funcionaban como transporte escolar y aquí son remasterizados con una
pintadita por fuera y aquí no ha pasado nada.
Pero
sí ha pasado, porque el Congreso del Estado aprobó las reformas a la Ley y al
Código, dando un plazo de noventa días para que se aplicaran, es decir tres
meses, pero ya van más siete meses y siguen en circulación esos camiones que ya
deberían de estar fuera de ruta por las pésimas condiciones en que se
encuentran.
Resulta
que un buen número de camiones del servicio urbano, ya luce en su espejo del
frente, una copia del documento de certificación en el registro y el padrón de
vehículos, aunque si uno se trepa en alguna de esas unidades, se puede
constatar que están con los asientos destrozados y en pésimas condiciones para
dar el servicio.
No
queremos pensar como recomienda Pancho López el filósofo de mi pueblo -piensa
mal y acertarás- pero al parecer se siguió con el mismo esquema de corrupción
que se pretende evitar, es decir, que las unidades ni siquiera son llevadas a
Tránsito del Estado a una revisión física para determinar si pueden seguir
funcionando, sino que simplemente, para facilitar y agilizar las co$sa$, el
representante de los llamados pulpos del transporte, lleva el paquete de
documentos de los camiones y de igual manera le entregan el paquete de
autorizaciones.
Porque
no se explica como puedan seguir en circulación esas unidades chatarra, a las
que el mismísimo Gobernador del Estado se refiere en la exposición de los
motivos para cambiar la Ley de Tránsito y Transporte, en el sentido de que “uno
de los objetivos del Estado es el de mejorar las vías y medios de comunicación,
promover sistemas de transporte público e impulsar la renovación del parque
vehicular, para superar una problemática que se ha venido agravando”.
Que,
según lo expresa el mandatario, “es preciso un reordenamiento del transporte
público, por haberse incrementado el número de vehículos que prestan este
servicio en sus tres modalidades, ya que se otorgaron concesiones sin analizar
que el posible concesionario tuviera las calidades técnicas para su desempeño,
ni se analizaron rutas de transporte urbano, lo que congestiona las vías de
comunicación de la Entidad, afecta a la calidad del transporte y a los propios
concesionarios, pues genera competencia desleal”.
Precisamente en el Artículo 120 de la Ley reformada quedó
plasmado que “Los vehículos que se
utilicen para prestar el servicio de transporte público reunirán las
características, condiciones técnicas, engomados respectivos, uniformidad de
color por municipio y, demás requisitos que para tal efecto, fijen esta Ley y
su Reglamento”.
También se dice en la ley que “los vehículos destinados al
servicio de transporte público en las submodalidades de urbano, suburbano y
foráneo, deberán contar con un botón de pánico que permita al usuario emitir
una alerta de agresión”. Pero eso tampoco se ha cumplido a la fecha.
Y como ya estamos próximos al inicio de las campañas
electorales se estableció en el Artículo 121 que “la instalación de publicidad
en los vehículos del servicio de transporte público se sujetará a las
disposiciones que determine la autoridad de transporte. Se prohíbe la
instalación de propaganda política en las unidades del servicio de transporte
público en todas las modalidades y submodalidades previstas en el artículo 118
de esta Ley”. A ver si es cierto que no van a poner las caras de los candidatos
a gobernador y diputados en las partes posteriores de las unidades.
Pero
aunque usted no lo crea, en el maravilloso y excelente municipio de Boca del
Río, si el mismo donde gobierna y manda el presidente municipal Miguel Angel
Yunes Márquez hijo del gobernador del estado actual, ahí sí, ya se dio el
banderazo de salida a 150 autobuses de última generación, que cuentan hasta con
WIFI gratuito, los autobuses -nos comentan-cuentan además con botón de alerta,
asientos preferenciales para mujeres, adultos mayores y personas de capacidades
diferentes todo en torno al Programa Estatal de Reordenamiento y Regularización
del Transporte Publico del Estado de Veracruz.
Todo
esto, aunque usted no lo crea.
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