Por Miguel Angel Cristiani G.
Se celebra este 7 de junio el llamado Día de la Libertad de
Expresión en México, que fue establecido por el gobierno del Presidente Miguel
Alemán Valdés y que está consagrada en la Constitución General de la República
en los artículos 6 y 7 referente a la libre manifestación de las ideas.
En los tiempos que estamos viviendo, se considera que la
lucha por la libertad de expresión nos corresponde a todos, por una parte, la
libertad de expresar nuestro pensamiento y por otro la libertad de los demás a
decir cualquier cosa, por más ofensiva que la consideremos, es respetar la
libertad de palabra.
De todos es bien sabido que el estado de Veracruz ocupa hoy
en día, el indigno primer lugar por el número de comunicadores que han sido
asesinados en los últimos años. 18 para ser precisos.
Lo que significa que el estado de Veracruz es el más
peligroso lugar, no tan solo de nuestro país sino en todo el mundo, -inclusive
los sitios en guerra- no registran tal cantidad de asesinatos de quienes
ejercen la libertad de expresión.
Esa espeluznante cantidad de periodistas asesinados se debe
a una razón principal, que existe impunidad para castigar con toda la severidad
que se merecen, quienes no solo atentan contra los periodistas, sino incluso
llegan a quitarles la vida.
Las listas de asesinados no se igualan a las de los
castigados.
Por eso es que se registran desde agresiones físicas y
materiales a los periodistas que se encuentran cubriendo algún evento, marcha,
protesta o manifestación, porque quienes atentan, saben que no pasará a
mayores, es decir su conducta delictiva no será sancionada, quedará en la
impunidad, que es la madre de todos los delitos.
El Conjunto de principios para la protección y la promoción
de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, promulgado por
la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, define la impunidad
como:
La inexistencia, de hecho, o de derecho, de responsabilidad
penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad
civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con
miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos
culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño
causado a sus víctimas.
El primer principio del mismo documento establece que:
“La impunidad constituye una infracción de las obligaciones
que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas
apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia,
para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas,
juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos
eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos de garantizar el derecho
inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para
evitar la repetición de dichas violaciones”.
Es por ello que proponemos que no tan solo se combata a la
impunidad, es decir que se castigue a los culpables de cualquier atentado a los
comunicadores y la libertad de expresión, sino que se modifique el Código
Penal, para que, en los casos de agresiones, atentados o asesinatos de
periodistas, los responsables reciban automáticamente una sanción superior a la
establecida normalmente para esos delitos, para que, de esa manera, quienes
pretendan agredir o lesionar a un periodista veracruzano, lo piensen mejor dos
veces antes de hacerlo, porque sabrán que serán castigados severamente y que
estarían arriesgando a pasar el resto de sus vidas en prisión.
La propuesta hoy en día, en que se supone debemos celebrar
la Libertad de Expresión, es muy simple, acabar con la impunidad en agresiones
a los comunicadores y sancionar con más rigor a quienes cometan u ordenen esos
atentados.
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