Por Miguel Angel Cristiani Glez.
Entre las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la
Federación, en el manejo de los gastos presupuestales correspondientes al año
2013, destaca el de la construcción del penal de máxima seguridad en Papantla,
Veracruz, que en sus inicios representó un contrato por 1,816 millones de pesos
que fue el primero de una serie de contratos para una obra que estaba prevista
terminar en 2012.
La historia de este elefante blanco, de la misma especie de la casita
blanca, es una muestra de los contratos múltiples para beneficiar a una empresa
constructora, solo que fue en la administración de Felipe Calderón:
Elefantes blancos Justo a la mitad del sexenio de Felipe Calderón, el
6 de julio del 2009, la extinta Secretaría de Seguridad Pública federal asignó
la construcción de lo que había sido concebido como una cárcel de supermáxima
seguridad en Papantla, Veracruz.
Vía adjudicación directa, el consorcio formado por Tradeco
Infraestructura, Promotora y Desarrolladora Mexicana y Typpsa, obtuvo ese
contrato por 1,816 millones de pesos... para la primera fase de esta megaobra
de infraestructura, cuya ejecución estaba prevista entre el 2009 y el 2012. La
fase dos del proyecto integral arrancaría el primer día del 2013 y concluiría
en el 2017.
La obra negra avanzó, lo mismo que el cronómetro para el final de la
administración calderonista. El 2 de noviembre del 2011, las empresas obtuvieron
otro contrato de obra pública, por el "incremento de infraestructura tura
y equipamiento", además de "obras complementarias para el inconcluso
complejo penitenciario de Papantla. Otra adjudicación directa, por 515 millones
y un plazo de ejecución de 244 días naturales, que correrían entre el 1 de
diciembre del 2011 y el 31 de julio del2012.
Un tercer contrato, otorgado a Typpsa, por 272 millones de pesos, para
la construcción del módulo de máxima seguridad, se adjudicó directamente el 11
de mayo del 2012, con el compromiso de que los trabajos concluirían 154 días
después. En los tres casos, hubo ampliaciones de los montos y los plazos de
ejecución. La Auditoría Superior de la Federación determinó que entre el 2009 y
el 2013, la inversión en ese Cefereso ascendía a 3,935 millones de pesos, a
través de 15 contratos (cuatro de obra y 11 de servicios relacionados).
La ASF ha detectado diferentes problemáticas vinculadas a la planeación,
supervisión y seguimiento de distintos proyectos de infraestructura asignados
por la administración calderonista, que tuvieron como denominadores comunes la
falta de planeación, supervisión y seguimiento.
"Debido a la importancia de estas obras y al monto de recursos
requerido para llevarlas a cabo, resulta indispensable que sean concebidas,
ejecutadas y controladas a partir de una perspectiva estratégica sustentada en
aspectos como el rigor técnico y el impacto social. A contrario, una inadecuada
planeación, supervisión y seguimiento de los mismos ocasionan incrementos en el
monto de inversión y plazos de ejecución", sentenció el informe general
sobre la Cuenta Pública del 2013.
En materia carcelaria, la administración panista se propuso disminuir
la "densidad de los internos " en las instalaciones con mayor
problema de sobrepoblación. En Veracruz construirían tres nuevas instalaciones.
Para julio del 2014, la obra en Papantla estaba suspendida. "El
avance físico-financiero del proyecto se ha visto afectado debido al atraso en
la suficiencia de recursos", respondió el Órgano Administrativo
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social a los auditores, "los
recursos asignados en el año 2013 en el Presupuesto de Egresos de la Federación
no se utilizaron para la contratación de obras y servicios para la terminación
del complejo penitenciario de Papantla, sino para el pago de compromisos
anteriores".
La edificación del Centro Federal de Readaptación Social Oriente, en
Villa Aldama, fue adjudicado directamente, bajo la modalidad de contrato mixto,
a Construcciones e Instalaciones Modernas, por un monto de 47 millones de
pesos, en la parte a precio alzado y 406 millones aprecios unitarios , con un
compromiso de entrega de 164 días naturales.
Ese plazo expiró y la obra no estuvo lista; vinieron cinco convenios
modificatorios, que extendieron la entrega de la obra a junio del 2013 y su
costo, con 144 millones de pesos adicionales.
En vez de la entrega, vino un segundo contrato para Construcciones e
Instalaciones Modernas, por 204 millones de pesos, para la segunda etapa de la construcción
de ese penal federal, que tendría un plazo de ejecución de 244 días naturales,
comprendidos del 1 de diciembre del 2011 al 31 de julio del 2012. La obra, sin
concluir, requirió tres convenios adicionales.
La contratista ha cobrado 816 millones de pesos del erario federal.
Para octubre del 2014, cuando la ASF revisó los expedientes, los contratos no
se habían finiquitado y la obra no estaba entregada, ni en operación.
Tradeco Infraestructura cerró el sexenio calderonista a tambor
batiente. El 22 de junio del 2012 le fue asignado el proyecto ejecutivo y la
modernización de la Base Aérea Militar Número 1, en Santa Lucía, Estado de
México; una adjudicación directa por 1,034 millones de pesos, que debía
ejecutarse en un plazo 527 días naturales.
El 25 de noviembre del 2013, cinco días antes de que concluyera el
plazo originalmente pactado por la contratista, la Secretaría de la Defensa
Nacional, vino el convenio modificatorio de prórroga y diferimiento del plazo,
con lo que el plazo de ejecución quedó en 801 días naturales; la fecha de
terminación se fijó para el 31 de agosto del 2014. La inversión fue de 1,034 millones de pesos.
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