Ahora que el gobierno del estado de Veracruz, a
través del secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Gerardo Buganza
Salmerón se decidió a destapar la cloaca que significa el llamado Túnel Sumergido de Coatzacoalcos –que más bien es un enorme drenaje por la corrupción
que ha corrido por su interior- habrá que ver hasta donde se continua con el
proceso de denuncias, en contra de quienes han participado en la obra
concesionada desde el año 2004 y que debió de entrar en operaciones en 2007 y
esta es la hora que no está funcionando.
En su comparecencia –histórica porque es la primera
vez que un secretario de despacho es llamado a explicar cuentas ante el pleno
del Congreso del Estado, Gerardo Buganza reconoció que el proyecto original
contemplaba una inversión total 2 mil 066 millones de pesos, de los cuales la
concesionaria aportaría casi mil millones, equivalentes a más del 47 por
ciento.
Sin embargo, con las modificaciones a la concesión
original, las condiciones variaron sustancialmente y se perdió todo equilibrio
entre las partes a grado tal que, a la fecha, el Gobierno del Estado ha
aportado 2 mil 326 millones de pesos, equivalentes a más del 47 por ciento del
proyecto, mientras que la concesionaria sólo ha destinado poco más de 389
millones de pesos de capital de riesgo y 929 millones de pesos por concepto de
créditos.
Es decir, que si el gobierno del estado hubiera
construido la obra, sin necesidad de darla en concesión, con lo que
supuestamente se ha invertido, ya se hubiera terminado.
Al mismo tiempo, el costo del proyecto se
incrementó en 250 por ciento, al pasar de 2 mil 066 millones de pesos, a 4 mil
912 millones de pesos, a la vez que se modificaron los plazos para terminación
de la obra y el inicio de su operación, al grado que están indefinidos.
Ya desde los años 2008 y 2009 la Auditoria Superior
de la Federación había señalado una serie de incumplimientos por parte de la
empresa Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos, SA de CV, pero no pasó nada.
Más recientemente, la auditoria realizada por el
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis), respecto de la
Cuenta Pública de 2012, en la que se detallan numerosas irregularidades
administrativas y financieras en la obra, tales como sobrecostos, retrasos en
el programa de ejecución de la obra y conceptos sin ejecutar que fueron
cobrados por la empresa.
Buganza Salmerón reconoció que existe un “total desequilibrio financiero
con el proyecto”, y por ello recordó que el pasado 9 de diciembre la SIOP
presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia, con la
averiguación previa 130E/2013.
Dicha averiguación previa es en contra de las empresas mexicanas CAPSA,
MATRIZ, Obras Portuarias y Concesiones Viales, y la empresa española, FCC
Construcciones S.A.
Pero hasta ahora que se decidió que el Secretario
Buganza Salmerón acudiera al congreso del estado, es cuando se dan a conocer
con fechas y montos de la inversión, las irregularidades cometidas, no
solamente por la empresa concesionaria –española por cierto- sino que no se ha
hecho referencia a los funcionarios de la entonces Secretaría de Comunicaciones
del gobierno del estado, que debieron no solamente autorizar sino permitir toda
esa serie de irregularidades multimillonarias.
No es la primera ocasión en que el secretario de
Infraestructura, Gerardo Buganza Salmerón sale a declarar que se han detectado
irregularidades multimillonarias por parte de empresas constructoras que
trabajan en la construcción de obras públicas, asegurando que “se actuará con transparencia, la rendición de cuentas, el imperio de la ley, la plena vigencia del Estado de
Derecho y la defensa del patrimonio y del bienestar de los veracruzanos”.
Habrá que
estar pendientes, para ver si realmente se va a proceder, no solo contra la
empresa constructora que no cumplió, sino contra los exfuncionarios que todavía
andan por aquí, tan tranquilos como si nada hubieran hecho.
Dice el
filósofo del pueblo Pancho López “que tanto peca el que mata la vaca, como el
que le agarra la pata”.
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