Por Miguel Angel Cristiani Glez.
Hasta el momento, no se ha consignado ante un juez a nadie, ni
tampoco han sido ejecutadas detenciones, en cumplimiento de las 67 denuncias
por daño patrimonial cometido por funcionarios públicos municipales y estatales
en las cuentas públicas que van desde el año 2008 al 2012.
Luego de que con bombo y platillo, en conferencia de prensa,
se anunció que se habían detectado posibles desviaciones de recursos por cerca
de quinientos millones de pesos, los plazos se van cumpliendo y no ha pasado
nada.
Se dijo que antes de la celebración de los días de muertos, se
darían a conocer las acciones contra quienes no había devuelto lo que
indebidamente se llevaron.
Ahora estamos a tan solo unos días de que se celebren los
Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe por lo que seguramente tampoco
habrá ninguna noticia al respecto, hasta después del 30 de noviembre.
Luego, seguramente es que como ya estamos en temporada
navideña, pues tampoco se puede meter a ningún pillo a la cárcel, porque va a
ser muy feo que no le traiga nada Santa Claus ni los Reyes Magos por haberse
portado mal, y ahí nos vamos.
Lo cierto es que no es posible que a estas alturas, en el año
2014, todavía estén tratando de aclarar las cuentas por malos manejos que se
dieron desde el año 2008, cuando ya los presuntos delincuentes deben de estar
muy lejos disfrutando de su dinero mal habido.
Donde quedaron entonces, las denuncias que el secretario de
Infraestructura y Obras Públicas, Gerardo Buganza anunció que había interpuesto
en la Procuraduría General de Justicia por malos manejos de los recursos
públicos.
Qué pasó con los 255 millones de pesos que fueron detectados
en la construcción del famoso túnel sumergido de Coatzacoalcos, que esta es la
hora en que todavía no se puede terminar con la obra.
En donde quedaron las denuncias interpuestas en contra de los
ayuntamientos, que no pudieron justificar cantidades millonarias de dinero,
pero que tampoco les han tocado para nada.
Respecto al daño patrimonial que cometen ya sean alcaldes,
autoridades municipales, funcionarios de gobierno estatal o de los organismos
de la administración estatal que deben de ser auditados para precisamente
detectar irregularidades, no es posible seguir con esa cultura de solapar a
delincuentes, pretendiendo que aquí no ha pasado nada y todo está muy bien.
Habría que empezar por actualizar la ley, para que la
rendición y supervisión de las cuentas públicas se vaya haciendo al año que
concluye y no esperar dos o tres, como ocurre ahora que todavía andan tapando
tropelías del 2008.
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