- "Principal Enajena" obtuvo contratos por 9.5 millones de pesos en el gobierno
de Javier Duarte
- Pagaron por concepto de supuestos servicios de comunicación y difusión
- Servirían para promover programas de Gobierno que nunca se llevaron a cabo
Por Miguel Angel Cristiani G
Nuevamente, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad,
dio a conocer la llamada conexión fantasma Robles-Duarte En un desvío de 164
millones de pesos de SEDATU entre 2016 y 2017 se utilizó una red de empresas
fantasma ligadas a desfalcos en Veracruz en tiempos de Javier Duarte.
En un reportaje de Raúl Olmos Mexicanos contra la Corrupción
reveló este lunes la existencia de una red de 11 empresas fantasma, utilizada
para desviar 164 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU), en tiempos de Rosario Robles, tiene una liga con
Javier Duarte.
En las actas de 5 empresas por las que transitó el dinero
saqueado de SEDATU entre 2016 y 2017 aparece como socio mayoritario o apoderado
Alfonso Gómez Méndez, un vecino de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que a la vez
funge como dueño de un despacho de servicios contables involucrado en el desvío
de fondos del gobierno de Duarte en Veracruz.
Esas 5 empresas, a su vez, están ligadas con otras 6 que
también fueron utilizadas para el saqueo de recursos públicos federales, de
acuerdo con un cotejo de documentos realizado por Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad (MCCI). Toda esta red tiene su base de operaciones en
Chiapas y es distinta a la que el pasado 11 de septiembre reveló el diario
REFORMA.
De acuerdo con la investigación de REFORMA, entre diciembre
de 2014 y diciembre de 2017 fueron retirados más de 700 millones de pesos de
cuentas bancarias de 15 empresas beneficiarias de contratos en SEDATU y SEDESOL
y llevados en efectivo a 10 domicilios en la Ciudad de México, Tabasco,
Quintana Roo y Sinaloa.
Tanto en el caso revelado por REFORMA como en la red
chiapaneca de empresas fantasma, se triangularon los recursos federales
mediante convenios suscritos con el Sistema Quintanarroense de Comunicación
Social (SQCS) y con Televisora de Hermosillo SA de CV (Telemax).
A inicios de 2016, la SEDATU firmó dos acuerdos con el SQCS
y con Telemax para desarrollar productos de difusión en audio y video que
servirían para promover programas de Gobierno; el primer convenio fue por 450
millones de pesos y el segundo por 320 millones.
Tanto el SQCS como Telemax subcontrataron los servicios a
una red de empresas que simularon operaciones.
Entre esas empresas estaba Agatha Líderes Especializados SA
de CV, que recibió entre 2016 y 2017 pagos por 164.7 millones de pesos.
Agatha había sido constituida el 31 de marzo de 2012 por un
muchacho de 23 años de edad que aportó como su domicilio una humilde vivienda
de un piso en una colonia popular del municipio de Soledad de Graciano, en la
zona metropolitana de San Luis Potosí. Al poco tiempo de haber sido creada, la
empresa se mudó a Chiapas.
El domicilio fiscal de Agatha es un despacho contable en la
capital de Chiapas.
El 21 de septiembre de 2016, el mismo joven que había
fundado la empresa Agatha nombró como apoderado general a Alfonso Gómez Méndez,
residente en el barrio Niño de Atocha, de Tuxtla Gutiérrez, quien funge como
dueño mayoritario de Principal Enajena SA de CV, un despacho que ha sido
reportado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por simular
operaciones y que durante el sexenio de Javier Duarte formó parte del esquema
de empresas fantasma utilizado para el desvío de recursos.
El 21 de septiembre de 2016, Alfonso Gómez Méndez se
incorporó como apoderado de Agatha Líderes Especializados, casi a la par de que
esta empresa recibió transferencias por más de 133 millones de pesos por
servicios ofrecidos a la SEDATU.
Principal Enajena fue creada el 14 de noviembre de 2011 en
Tuxtla Gutiérrez por Gómez Méndez como dueño del 90% de las acciones, además de
fungir como administrador y gerente único, de acuerdo con la información
recopilada por MCCI. Su socio era un empleado de 41 años que tenía su domicilio
en una casita de un piso en el barrio Colón de la capital chiapaneca.
Esta empresa obtuvo contratos por 9.5 millones de pesos en
el gobierno de Javier Duarte.
En el acta constitutiva, Gómez Méndez dijo haber nacido el
10 de marzo de 1960, ser empleado y con domicilio en una casa de un nivel en
una privada del barrio Niño de Atocha. En las actas de otras empresas, en las
que también funge como socio, declaró ser comerciante, haber nacido el 10 de
mayo de 1960 y vivir en otra vivienda que está a una cuadra de la anterior.
Alfonso Gómez Méndez en realidad es un presunto
prestanombres de los verdaderos dueños de la red de empresas chiapanecas, pues
ha declarado que es empleado y comerciante y su domicilio es esta humilde
vivienda en Tuxtla Gutiérrez.
Aunque aparentemente se trataba de dos personas, se confirmó
que en realidad es una misma que aportó información distinta ante los notarios
que constituyeron 6 de las empresas en las que funge como socio o apoderado. Lo
anterior se corroboró al cotejar la credencial de elector que presentó para
identificarse, con número de folio 1650012107191.
Su empresa Principal Enajena obtuvo contratos por asignación
directa por 9 millones 500 mil pesos en el Gobierno de Javier Duarte, por
concepto de supuestos servicios de comunicación y difusión, de acuerdo con lo
que en su momento detectó el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Veracruz cuando hizo la revisión de contratos de publicidad.
Dichos servicios nunca se prestaron, pues la empresa no
contaba ni con instalaciones ni infraestructura. El domicilio fiscal que aportó
en los contratos corresponde a una pequeña casa de un piso, con techo de
lámina, en la colonia La Pimienta, de Tuxtla Gutiérrez.
Este es el domicilio fiscal de Principal Enajena, en una
colonia pobre de Tuxtla Gutiérrez.
A partir de una serie de visitas de inspección realizadas
por empleados de la Secretaría de Hacienda de Chiapas se declaró a la empresa
como “no localizada” y fue notificada al SAT, la cual desde el pasado 26 de
enero de 2017 la incluyó en su lista negra por presunta simulación de
operaciones.
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