Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez
Dice el filósofo del pueblo Pancho López: que el buen juez
por su casa empieza y lo anterior aplicado al Poder Legislativo del estado,
significaría que los buenos diputados también comenzarán por lo que se
considera la Casa del Pueblo veracruzano.
Resulta que en la pasada sesión de la LXIV Legislatura del
Estado, el Grupo legislativo de MORENA presentó una Iniciativa con Proyecto de
Ley de Austeridad Republicana para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
que pretende disminuir gastos y un mayor control del presupuesto, lo cual es
muy loable.
Pero si los señores y señoras diputadas se van a poner a
regular los excesivos sueldos de que disfrutan algunos de los titulares y
directivos en los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pues tendrían que
empezar por revisar las nóminas que se pagan a los empleados del sindicato de
trabajadores del Congreso Estatal.
Porque de acuerdo a versiones extraoficiales, no confirmadas
y mucho menos transparentadas, los directivos del sindicato de trabajadores del
poder Legislativo reciben ingresos mensuales a los que cobran el mismísimo
gobernador del estado y los diputados y diputadas.
No se trata solamente del sueldo nominal, sino que por otras
prestaciones, bonos y demás chculucos, reciben y cobran un dineral, que
obviamente se hace en la más absoluta opacidad, porque nunca se van a
transparentar y menos publicar.
Pero los y las diputadas de MORENA presentaron y fue turnada
a comisiones la Ley de Austeridad Republicana para el Estado de Veracruz, que tiene
por objeto establecer las reglas y principios de austeridad para los Poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como para los organismos autónomos que
contempla la Constitución del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que
deben cumplir para la elaboración, control y ejercicio anual de su presupuesto,
independientemente de la naturaleza jurídica que posean, así como para
racionalizar, reorientar y reducir en términos reales el gasto destinado a las
actividades administrativas y de apoyo.
En la exposición de motivos de la Ley de Austeridad, se
afirma que la última evaluación de pobreza elaborada por el Consejo Nacional de
Evaluación (CONEVAL), donde se describe a 4 millones 634 mil habitantes en el
estado de Veracruz en calidad de pobreza y 1 millón 370 mil en situación de
pobreza extrema, lo cual se traduce como la imposibilidad de los mismos para satisfacer
al menos una de sus necesidades primarias respecto a la alimentación, salud,
vivienda o educación,
Según las estimaciones del Observatorio de Finanzas
Públicas, las arcas del estado están desprovistas por un déficit presupuestal
estimado de 10,816 millones y una deuda pública de 170,284 millones de pesos.
En todas las dependencias del estado de Veracruz, se
concentran clases de funcionarios privilegiadas, en esta iniciativa, se propone
un régimen de austeridad republicana que suprima los salarios, bonos y
prestaciones exorbitantes de gobernantes, funcionarios, magistrados, jueces y
legisladores locales que agreden la estabilidad económica del estado y ofenden
a sus ciudadanos.
Con la Iniciativa de Ley de Austeridad Republicana para el
estado de Veracruz, se estima un ahorro de 16,267.81 millones de pesos, que
serían distribuidos entre los rubros: educación en un 40%, salud en otro 40% e
inversión en un 20%.
Precisamente en la descripción de los rubros prioritarios de
reducción de gastos uno de los renglones principales es el denominado Servicios
personales. En donde se pretende ahorrar hasta 12,834.94 millones de pesos, lo
anterior constituiría un gran logro para erradicar el uso excesivo de las
plazas gubernamentales que en el último sexenio han sido señaladas como lugar
de prestanombres.
En la referida Ley de Austeridad Republicana se destina todo
un Capítulo II para tratar el tema de los
Servicios Personales:
Artículo 5. En términos de artículo 82, fracción II de la
Constitución del estado de Veracruz, se establecerá un tabulador único para los
servidores públicos estatales que tendrá como tope máximo el ingreso bruto del
ejecutivo estatal, que será de 33 UMAS.
Artículo 6. Los ingresos de plazas correspondientes a nivel
de secretarios, subsecretarios, director general, director de área y homólogos,
en los tres poderes, en los órganos constitucionales autónomos y en el resto de
las autoridades estatales, independientemente de su naturaleza jurídica, se
ajustarán de manera progresiva abajo de ese tope.
Artículo 7. Conforme al precepto anterior, las retribuciones
o remuneraciones de los funcionarios públicos de menor responsabilidad se
ajustarán de manera progresiva desde el nivel más bajo hasta los nuevos topes
máximos, reduciendo los tramos entre unos y otros, disminuyendo la desigualdad
de ingresos entre los servidores públicos.
Artículo 8. Sobre esa base, la asignación de los salarios de
los servidores de los entes públicos estatales será proporcional a la
responsabilidad de su encargo.
En fin, que habrá de esperar para ver si es aprobada la
iniciativa de ley presentada por la fracción de MORENA, ya que aunque es la
segunda fuerza en el Congreso por el número de diputados, no cuenta con la
mayoría necesaria para su aprobación y luego su aplicación efectiva, porque una
cosa es lo que dicen las leyes y otra lo que se hace.
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