Por Miguel Angel Cristiani Glez.
Antes de que el presidente Enrique Peña Nieto hiciera la
presentación de la iniciativa de esta nueva Reforma en Materia de Disciplina
Financiera para las Entidades Federativas y Municipios del país, acá en el
terruño veracruzano, en conferencia de reporteros madrugadores en palacio de
gobierno, el mandatario Javier Duarte de Ochoa adelantó la información y
detalles del estado de la deuda local.
La verdad es que hizo bien en adelantarse, antes de que
los analistas económicos echaran a volar sus papalotes, el gobernador salió
oportunamente a decir a los medios de comunicación que la iniciativa de reforma
“habrá de promover la estabilidad financiera de las entidades y municipios, al
establecer nuevos mecanismos de seguimiento y control, así como del
mantenimiento de finanzas públicas sanas en todo el país”.
Esta legislación beneficia a todos sin duda alguna.
Permitirá eficientar el pago de los servicios de la
deuda, mediante la disminución de comisiones, reducción de tasas y la
ampliación de plazos, compartiendo la garantía Federal.
“Para mi Gobierno, mantener finanzas públicas sanas y al
servicio de los veracruzanos ha sido nuestro permanente compromiso”.
Quiero destacar que la deuda es de conocimiento público y
fue debidamente autorizada por el Honorable Congreso del Estado.
El monto de deuda pública asciende a 44, 470.8 millones
de pesos que incluye al estado y a los municipios.
“Quiero subrayar, que durante mi administración lo único
que se ha solicitado ha sido la reestructuración de la deuda que ya existía,
reconociendo los pasivos de la administración pasada al convertirlos en deuda
pública de largo plazo”.
Al filo del mediodía, tal como lo anunció el gobernador
Javier Duarte de Ochoa a las siete de la mañana, se presentó la iniciativa de
reforma que ya fue enviada al Congreso de la Unión para su discusión y en su
caso aprobación.
La iniciativa propone el marco normativo para que las
entidades federativas, municipios y entes públicos locales, “hagan suyos los
principios de responsabilidad hacendaria y aseguren la sostenibilidad de sus
finanzas públicas a partir de cinco componentes”:
Primer componente. Reglas y estándares de disciplina
financiera.
La iniciativa propone diversas medidas para asegurar un
manejo responsable, eficiente y prudente de las finanzas públicas.
Como ocurre desde hace años en el orden Federal,
establece, por ejemplo, diversos mecanismos de medición y control del balance
fiscal de los estados y municipios.
Es decir, busca que los ingresos y egresos que hay en las
entidades federativas estén en un sano equilibrio.
Igualmente, propone otras medidas prudenciales: limitar
el crecimiento del gasto en servicios personales, aportar recursos a
fideicomisos para atender eventuales desastres naturales, priorizar la
utilización de ingresos excedentes en la amortización de deuda y fortalecer la
planeación financiera y la ejecución de proyectos de inversión.
Segundo componente. Nuevas obligaciones para la
contratación responsable de deuda.
Este nuevo ordenamiento no prohíbe que los estados,
eventualmente, recurran a la contratación de deuda, pero establece principios y
lineamientos para que lo hagan de forma mucho más ordenada y con
responsabilidad, frente a las condiciones que mantenga su hacienda pública.
Por ejemplo, “los créditos sólo podrán contratarse con la
institución financiera que ofrezca las mejores condiciones de mercado. Además,
esta contratación forzosamente requerirá de la aprobación de la mayoría
calificada en la Legislatura estatal correspondiente”.
Asimismo, la deuda pública deberá transparentarse y
destinarse, exclusivamente, a inversión pública o a mejorar el perfil
crediticio del gobierno solicitante.
Además, los créditos de liquidez de corto plazo tendrán
que ser saldados, al menos, tres meses antes de que concluya la administración
que lo solicite.
De esta manera estaremos evitando que cuando un gobierno
está a punto de concluir su gestión, adquiera o contrate nuevos empréstitos,
contrate deuda que tenga que dejar para el pago, sobre todo aquellos de corto
plazo, de las administraciones que vengan hacia adelante.
Tercer componente. Es la creación del Registro Público
Único, previsto en la reforma constitucional; en él los gobiernos estatales y
municipales, así como los organismos públicos locales, deberán inscribir y
transparentar todas sus obligaciones financieras, incluyendo las contratadas
bajo esquemas de asociación público-privada.
Además, este registro se actualizará oportunamente y su
información podrá ser consultada por los ciudadanos en las páginas de Internet
o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Cuarto componente. El establecimiento del sistema de
alertas de deuda pública de entidades federativas, municipios y entes locales,
contemplado en la reforma constitucional.
Se trata de un esquema de indicadores que permitirá
identificar y distinguir a los estados y municipios conforme a sus niveles de
endeudamiento.
Esta innovadora herramienta de transparencia, no sólo
será útil para advertir elevados niveles de endeudamiento y tomar medidas
correctivas, también facilitará el acceso a créditos con menores costos y en
mejores condiciones a los gobiernos locales con bajos niveles de deuda.
Y quinto componente. Es la oportunidad para que estados y
municipios puedan obtener créditos con el aval de la Federación.
Y en este sentido la iniciativa de ley establece los
procedimientos y condiciones que deberán cubrir los gobiernos locales para
contar con una deuda estatal garantizada; es decir, deuda con la garantía de la
Federación, similar a la que goza el gobierno del Distrito Federal, desde hace
muchos años.
La importancia de este mecanismo es que permitirá reducir
el costo de financiamiento de los gobiernos estatales y municipales, al tiempo
que las administraciones se comprometen a fortalecer su solidez financiera.
Esto es así, toda vez que el acceso a deuda estatal
garantizada requerirá forzosamente de un convenio con la Federación, aprobado
por la Legislatura local, en el que asumen obligaciones puntuales de
responsabilidad hacendaria.
Con estos cinco componentes la Iniciativa de Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, representa
un paso fundamental en favor de la responsabilidad hacendaria en todos los
órdenes de Gobierno.
Advierte el filósofo del pueblo Pancho López: que la
iniciativa de ley de Peña Nieto seguramente será aprobada, ahora falta esperar
a que sea aplicada y no como tantas otras, que solo son catálogos de buenos
deseos.
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