Por Miguel Angel Cristiani Glez.
Terminó este jueves el plazo que tiene el ORFIS para
entregar los resultados de los recursos de reconsideración que interpusieron 21
entes, que recibieron observaciones por el manejo de la cuenta pública,
correspondiente al año 2013, quienes tienen que justificar un daño patrimonial
por 453 millones 797 mil 572 pesos.
El siguiente paso a seguir es el que la Comisión de
Vigilancia del Congreso del Estado que encabeza el diputado Francisco Garrido
Sánchez presente las denuncias correspondientes ante la Fiscalía de Justicia
del estado para que se proceda a detener a los responsables.
Hay que destacar el hecho, de que las observaciones a la
cuenta pública de ayuntamientos y organismos públicos corresponden al año 2013
y dos años después, en agosto del 2015 todavía es la hora que no se procede
penalmente contra los responsables del desvío de recursos públicos millonarios.
Eso se debe en gran parte, a las leyes, normas y
reglamentos que se tienen que aplicar para supervisar el correcto manejo de los
recursos y presupuestos de que disponen algunas autoridades.
Pero lo lento y tardado de la aplicación de la justicia,
nos demuestra que tal parece que lo que se trata de de proteger a quienes
comenten irregularidades en el correcto uso de los presupuestos.
Se supone que con las modificaciones recientes a la ley,
ahora se podrán practicar auditorias en cualquier momento, no esperar uno o dos
años, para que se puedan aclarar las cuentas de los recursos públicos.
No es justificable, el que se tengan que dar tantos
plazos y oportunidades a los funcionarios responsables del manejo de los
presupuestos.
Si las cuentas están en orden y correctamente aplicadas,
no se debería de dar tantos tiempos y oportunidades para “justificar” y “reconsiderar”
lo que al final de cuentas es injustificable, el desvío y el mal manejo de los
dineros.
En total fueron 21 los entes –municipios y el túnel
sumergido en Coatzacoalcos- quienes presentaron el recurso de reconsideración: Ixhuatlán
del Sureste, Chiconamel, Cosautlán de Carvajal, Tempoal, Xico, Mecatlán,
Hueyapan de Ocampo, Moloacán, Zentla, Alvarado, Tlilapan, Tlalixcoyan,
Acultzingo, Castillo de Teayo, Vega de Alatorre, Altotonga, Yanga, Cerro Azul,
Tezonapa, José Azueta y el Fideicomiso Túnel Sumergido.
Quienes de plano ya ni promovieron recursos fueron los municipios de Lerdo de Tejada, Tlacojalpan y Pajapan.
El hecho de que se les brinden tantas oportunidades a los ayuntamientos y organismos públicos que manejan recursos públicos, para maquillar y pretender aclarar las cuentas, a quienes al final de un largo proceso, puedan actuar impunemente, es lo que origina que se sigan cometiendo esas irregularidades.
Las cuentas y los números son exactos, dos más dos son
cuatro y no pueden ser uno.
Si existen irregularidades y malos manejos, detectados
con oportunidad, de igual forma se debe de proceder a castigar el daño y no
esperar a que transcurran plazos y más plazos, cuando como ocurre ahora, los
que estaban como funcionarios ya no están.
En el manejo de los recursos públicos y presupuestos, no
se puede permitir la impunidad.
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