· Proponen hacer cambios en la Constitución del Estado
· Transparentar las reglas de operación y selección beneficiados
· No es ético mezclar dinero público, fines electorales, con pobreza
Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez
Muy intensa -aunque con la debida sana distancia- resultó la sesión de la Legislatura del Estado, en la que se aprobó el nombramiento de la Fiscal General, de la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, así como de los nuevos comisionados del IVAI, que ya han sido destacados en los distintos medios de comunicación, pero también hubo otros temas que merecen ser tratados con mayor detalle como la reforma a la Constitución del Estado para transparentar y hacer públicas las reglas de operación y selección de los beneficiados de los llamados programas sociales.
En principio se trata de una iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis, pero aún tendrá que ser regresada al pleno, para su discusión y en su caso aprobación a las reformas propuestas.
La bancada de Acción Nacional en el Congreso asegura que “no basta con prohibir el uso político de los programas y políticas públicas en las leyes, ni basta tener organismos autónomos encargados de observarlas, promocionarlas y vigilar sus contenidos, es necesaria una modificación al texto constitucional en su artículo 79.”
Específicamente lo que proponen es que además de lo que ya dice la constitución estatal respecto a que los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia ente los partidos políticos -ahora se propone agregar- Las autoridades responsables de implementar y operar acciones, programas o políticas públicas que conlleven beneficios a la población o a un sector de ésta, deberán transparentar y hacer públicas las reglas de operación y criterios de selección de beneficiarios, así como el padrón respectivo actualizado. Se prohíbe el uso de los programas sociales o de aquellos implementados para la atención de emergencias o contingencias sanitarias o humanitarias, con fines políticos, electorales o propagandísticos distintos al desarrollo social.
Pero además también proponen que “en ningún caso la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, incluirá nombres, imágenes, colores, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público o partido político”.
Y como no se trata de que nada mas quede plasmado en la constitución estatal pero que en la práctica no se respete, también se proponen las sanciones económicas por violentar la imparcialidad en el uso de los recursos públicos, no sean menores a los beneficios económicos obtenidos por el responsable, sumando los daños y perjuicios causados por sus actos y omisiones.
Como nosotros no somos abogados, no nos queda claro, si esas reformas propuestas a la Constitución del Estado de Veracruz, también tendrían aplicación en nuestro territorio para los llamados programas federales de Bienestar, en donde hasta ahora, no se vienen aplicando los conceptos de transparencia, imparcialidad y eficiencia.
Tienen toda la razón del mundo en su proyecto de decreto que “no están en contra de los programas sociales, sino de su planeación política, que abiertamente se les da a estos; que no es ético mezclar el dinero público, los fines electorales y la pobreza, sumarle al cálculo político la vulnerabilidad de las personas en momentos de crisis.”
Por otra parte, habría que anotar también que se pudo comprobar que el diputado Gómez Cazarín Presidente de la Junta de Coordinación Política es un operador político que da resultados.
No es circunstancia de un día, de unas horas, que el diputado Juan Javier Gómez Cazarín nuevamente haya realizado una excelente labor política legislativa en la que se aprobaron cuestiones sumamente importantes.
Logró concientizar a su grupo y grupos de oposición para consolidar la impartición de justicia en Veracruz con la designación de Verónica Hernández Giadáns como Fiscal General del estado y a Clementina Salazar Cruz como Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz, con 38 votos en cada designación, solo 12 panistas nuevamente en contra de que le vaya bien a Veracruz.
También logró que se designara a José Alfredo Corona Lizárraga y a María Magda Zayas Muñoz como nuevos comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con 49 de 50 votos avalaron dichos nombramientos.
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