Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez
Bueno pues como dirían los clásicos, “esto no se acaba hasta
que se acaba”, por eso es que recién se dio a conocer por parte de la FEPADE, que
es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría General
de Justicia, que a estas alturas del partido -un mes después de las elecciones-
se investiga 414 asuntos en relación a algún delito electoral, mismos que
presentaron ciudadanos durante los comicios del pasado 5 de junio en 14
entidades del país.
Como resulta obvio, la recién nombrada Ciudad de México, con
un mayor número de electores encabeza también la lista de posibles delitos
electorales con 107, pero para orgullo de los mapaches electorales jarochos,
Veracruz sigue en el ranking de delitos durante las elecciones con 49
denuncias.
Entre las 414 denuncias a nivel nacional, destaca la
presentada en contra del ex delegado de Prospera de la Secretaría de Desarrollo
Social SEDESOL, por el supuesto uso indebido de los programas sociales para
apoyar a los pobres paisanos veracruzanos.
El tema ya llegó hasta la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión, que la semana pasada aprobó un acuerdo, para pedir a la
Procuraduría General de la República que se aceleren y aclare el uso irregular
que se hizo del programa Prospera por parte del delegado en Veracruz.
Los diputados y senadores integrantes de la Permanente,
recordaron que, en mayo pasado, se divulgó la conversación entre el diputado
del Congreso de Veracruz, Raúl Zarrabal, con el delegado de Prospera en el
estado, Alejandro Iván Baquedano, en la que ambas personas hablan de
condicionar la entrega de apoyos a la población en pobreza, a cambio de votos.
Tal situación llevó a los congresistas federales a exigir
que la FEPADE investigue el supuesto desvío de recursos públicos en que se
involucra al delegado de Prospera, anomalía que, de comprobarse, violaría los
principios de certeza, imparcialidad, dependencia, legalidad y objetividad de
los procesos electorales.
Recordaron que la ley establece que los funcionarios de
todos los niveles de gobierno, están obligados a utilizar de manera adecuada
los recursos y programas públicos a su alcance, sin afectar la equidad de los
comicios.
Puntualizaron que la Ley General en materia de Delitos Electorales,
prevé sanciones de 260 a 520 días de multa y cárcel de siete y hasta por 11
años con ocho meses, a quien utilice programas sociales para condicionar el
voto a favor de candidatos, partidos o coaliciones.
El Programa Prospera, cuenta con delegados en cada uno de
los estados, con 232 unidades de atención regional y es un órgano
desconcentrado de Sedesol, de modo que esa dependencia debe colaborar con las
indagatorias, para aclarar el uso político electoral del instrumento referido
en Veracruz y fincar las responsabilidades correspondientes a todos los
involucrados.
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