Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez
La llamada basificación de los trabajadores al servicio del
estado tiene varias y diferentes aristas, pues si bien es cierto que se trata
en primera instancia de un acto de elemental justifica para quienes laboran al
servicio de los veracruzanos, también es cierto que en las circunstancias
actuales -al término de la administración y sin recursos para respaldarla-
representa más bien una mina más que deberá estallar en unos meses.
Como bien dicen en mi pueblo: nada es verdad, nada es
mentira, todo depende del color del cristal con que se mira.
Porque si lo vemos desde el punto de vista de los
trabajadores que serán beneficiados con esa prestación, se trata de un acto de justicia
laboral.
Cuántos empleados pasan toda una vida trabajando en una
dependencia, sin lograr una garantía de permanecer en su puesto, arriesgando a que,
en el próximo cambio de gobierno, llegue algún nuevo jefe que quiera meter “su
gente” y corra a todos sin la menor consideración ni protección, como venía
ocurriendo.
Pero por otra parte, se ha dicho, que el basificar a -unos
dicen que son siete mil y otros que son el doble- trabajadores representará una
pesada carga al presupuesto estatal, porque si bien es cierto que sus sueldos
ya están programados, al convertirse en empleados de base, tendrán también
otras prestaciones que ahora no disfrutan como son incorporarlos al Seguro
Social y al Instituto de Pensiones del Estado.
Habrá que preguntar, si quienes ya tienen los años que marca
la ley, ahora al ser basificados, les reconocerán también los años que tienen
de antigüedad, para en ese supuesto, puedan demandar su jubilación.
Aunque como están las cosas, al pasar a formar parte de los
jubilados del Instituto de Pensiones del Estado, dejarán de recibir
puntualmente su sueldo, para tener que andar haciendo marchas y plantones para
exigir que les paguen lo que les corresponde por derecho.
También es de llamar la atención, el hecho de que, a unos
meses de terminar la actual administración estatal, se haya decidido por parte
del gobernador Javier Duarte de Ochoa enviar la iniciativa al Congreso del
Estado, para que como ocurrió finalmente, los diputados de la mayoría
partidista, aprobaran la basificación.
¿Si se quería beneficiar a los empleados del gobierno con la
seguridad en sus puestos, porque no se hizo al principio y no al final del
gobierno?
Ahora el paquete de la basificación, se viene a sumar a la
lista de iniciativas de última hora, que el ejecutivo estatal ha enviado al
Congreso para su aprobación y que al final de cuentas, resultan solo minas de
tiempo, que tendrán que ser sorteadas por la siguiente administración bianual.
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