Ya se cumplieron este martes, cuatro meses, del asesinato de
la periodista y corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez, sin que
hasta la fecha se hayan dado a conocer resultados efectivos en las
investigaciones, para más información, la publicación en la que trabajaba acaba
de hacer un recuento que tituló: Caso Regina: cuatro meses de impunidad y
desinterés.
En el artículo firmado por Jorge Carrasco Araizaga se indica
que “Han pasado cuatro meses y la Procuraduría de Justicia de Veracruz (PJV) no
sólo no ha dado con el asesino de la periodista Regina Martínez Pérez. Ahora,
ni siquiera tiene un fiscal responsable del caso”.
Marco Antonio Rodríguez Lobato, quien inicialmente fue
encargado de las investigaciones, regresó el pasado 9 de agosto a su puesto de
Ministerio Público auxiliar del procurador.
Aunque oficialmente la remoción no ha sido dada a conocer
por la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), una fuente de la
dependencia confirmó el hecho.
El fiscal especializado en Atención de Denuncias contra
Periodistas de la Procuraduría de Justicia, Marco Antonio Rodríguez Lobato, fue
retirado de su cargo.
Como es bien sabido, en Veracruz se ha registrado el
asesinato de nueve periodistas durante los últimos meses.
De momento es Consuelo Lagunas Jiménez, quien en su carácter
de directora de Investigaciones Ministeriales, fungirá como la encargada de la
fiscalía especializada en el estado.
Se desconoce el momento en que se hará el nuevo nombramiento
del funcionario encargado de esclarecer el asesinato de los nueve comunicadores
y la desaparición de dos más ocurridos en tan sólo un año y nueve meses.
Apenas el pasado 15 de agosto, Flores Espinoza anunció el
“esclarecimiento” del asesinato de los periodistas Guillermo Luna Varela,
Gabriel Huge Córdoba, Esteban Rodríguez Rodríguez, Irasema Becerra Jiménez y
Víctor Manuel Báez Chino, quienes supuestamente “fueron victimados por la
delincuencia organizada”.
Ante ello, la organización internacional Article 19, a
través de un comunicado, advirtió que las conclusiones emitidas por la fiscalía
veracruzana se basan en “una supuesta confesión”, “y no en una investigación
exhaustiva y sería de cada uno de los casos”.
Pues aunque las autoridades encargadas de resolver el caso,
respondan cada vez que se les pregunta “que la investigación está abierta”.
Los hechos y el tiempo transcurrido demuestran y responden
que el caso está “empantanado” porque no han movimiento alguno y si lo hay,
pareciera que se hunden en un fango del que no hay para cuando vayan a salir.
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