Decía mi abuela, basada en la sabiduría popular, “que del plato a la boca, a veces se cae la sopa” y esto es lo que está sucediendo a varios suspirantes a una diputación federal, que no habrán de aparecer en las boletas electorales del próximo 2 de junio.
Ese es el caso del ex coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado y ex alcalde de Tuxpan durante el gobierno de Javier Duarte, Alberto Silva Ramos quien ahora bajo el manto de su amigo el senador y ex gobernador chiapaneco Manuel Velazco busca la candidatura y la protección federal.
Pero resulta que hay un pequeño detalle, Alberto Silva Ramos no podrá ser ni siquiera candidato, no por las deudas millonarias que quedó a deber a los medios de comunicación cuando fue el “Cisne” preferido del gobernador Javier Duarte, sino porque simple y sencillamente la ley se lo prohíbe.
Posiblemente su nuevo amigo no sabe que Alberto Silva Ramos tiene una demanda por pensión alimenticia.
Hay que destacar que la Ley Electoral, con base a la publicación en su página oficial con la liga: https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/28/deudores-de-pension-alimenticia-y-condenados-por-violencia-familiar-o-delitos-sexuales-no-podran-ser-candidatos-en-las-elecciones en el que deudores de pensión alimenticia y condenados por violencia familiar o delitos sexuales no podrían ser candidatos en las elecciones y que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios.
En el caso de Cyndi, -su última ex esposa- ella no puede trabajar por cuidar de tiempo completo a su hijo Sandy, con diagnóstico de parálisis cerebral, aunque existe un convenio ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familiar del Distrito Judicial de Xalapa, con el Expediente Civil No. 799/2022/I. Que tampoco ha cumplido con ese compromiso.
Por consiguiente, Alberto Silva Ramos no podrá ser candidato, ni aspirar a un escaño en el Congreso Federal, ya que el proceso está abierto y deberá atender las necesidades de su hijo Santy, pues de lo contrario lo pueden hasta detener, por una orden de aprehensión emitida por un juez de lo familiar. Y lo más importante, darle a Santy su derecho a tener una vida digna y atención médica.
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