· No han informado de los últimos dos años
· Álamo, Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Minatitlán, Orizaba, Pánuco, Papantla, Poza Rica San Andrés Tuxtla, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.
Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez
Ahora que todos los días se habla en las conferencias mañaneras del presidente López Obrador se habla de la corrupción del pasado, no se ha vuelto a mencionar la existencia de la Auditoría Superior de la Federación, que se supone debería precisamente de auditar y supervisar la correcta aplicación de los presupuestos multimillonarios anuales que se gastan en los programas federales, estatales y hasta municipales.
Pareciera como si la dependencia ya no existiera, como si fuera desaparecida y ni siquiera le avisaron a nadie.
Por ley la mal llamada Auditoría Superior de la Federación, debería de entregar un informe anual al Congreso de la federación, sobre todas las faltas y posibles desvíos que se detectaran en la aplicación del gasto público.
Pero en la página de la Auditoria Superior de la Federación -que debería de ser un ejemplo de transparencia y acceso a la información- resulta que pareciera que se paralizó todo hasta el último año de la pasada administración federal.
En la portada, lo que se destaca, es la entrega del último informe al Congreso, pero es del año 2018.
Nada hay del primer año del gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación, que a estas alturas del partido, ya debería de haberse entregado y hecho público para conocer las irregularidades detectadas en el gobierno que es ahora casi perfecto.
Lo último que hay son las auditorías de la administración estatal de Javier Duarte de Ochoa, por más de 54 mil millones de pesos y la larga lista de todas las dependencias en donde se detectaron desvíos.
Porque al ex gobernador Javier Duarte, aunque le achacaron desvíos en su administración por más de 54 mil millones, solamente lo acusaron y está en la cárcel por algo más de 250 millones ¿y todo lo demás en donde quedó y quienes fueron los cómplices en la desaparición?
Precisamente ahora se ha dado a conocer que una cantidad semejante, 253 millones de pesos, han sido desviados -no en administraciones pasadas sino en las presentes- nada más del FORTASEG el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad en 22 de los 212 municipios de Veracruz.
En este año los municipios que recibieron estos subsidios fueron: Acayucan, Álamo, Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Fortín, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Pánuco, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, San Andrés Tuxtla, Tantoyuca, Tierra Blanca, Tihuatlán, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.
Hasta la fecha los 22 municipios antes mencionados, recibieron 253.2 millones de pesos del FORTASEG y se encuentran bajo investigación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública por presuntos desvíos.
Pero de ese desvío de dinero para otros rubros no autorizados, la Auditoría Superior de la Federación, ni por enterada.
En primera instancia es la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del SESNSP la encargada de requerir a las autoridades municipales, que incurrieron en desvío de recursos, y de no subsanar las inconsistencias en el plazo de ley, se dará vista a la Auditoría Superior de la Federación.
El dinero del FORTASEG era para apoyar la profesionalización, la certificación y el equipamiento de los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública, así como al fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública y a la prevención social de la violencia y la delincuencia.
De acuerdo con la norma, los recursos federales se otorgan en dos ministraciones; en la primera se dispersará el 70% (setenta por ciento) y en la segunda hasta el 30% (treinta por ciento) del monto asignado, mismo que se encuentra previsto en los “Criterios de Distribución” contenidos en el Anexo 3 de los Lineamientos FORTASEG 2018.
Con los recursos de Subsidios FORTASEG se atienden 6 Programas de Prioridad Nacional, los cuales son los siguientes:
Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública.
Desarrollo, profesionalización y certificación policial.
Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial.
Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios.
Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública.
Sistema Nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas.
Habrá que esperar para ver cuáles de los 22 municipios antes mencionados, reintegran o justifican los gastos, aunque no los desvíos, para otros menesteres que no son los autorizados.
En caso de que la Auditoría Superior de la Federación se llegue a enterar, a ver también si algún día se llega a castigar a los responsables.
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