Desde
el Café
Entre
la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 desaparecieron en
Iguala, Guerrero, 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que de
acuerdo a investigaciones posteriores, fueron asesinados y sus cuerpos cremados
en un basurero.
El
hecho ocurrió en un municipio gobernado por el perredista José Luis Abarca
quien junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, pertenecían al grupo
delictivo Guerreros Unidos que asolaba aquella zona. José Luis dio la orden a
Felipe Flores, jefe de la policía municipal, de que se “encargara” de los
muchachos. Felipe los entregó a unos criminales y lo demás es historia.
Reitero,
este hecho se cometió en un municipio perredista, en un estado gobernado por el
PRD y lo llevaron a cabo criminales auspiciados por el alcalde. Sin embargo, la
responsabilidad recayó en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto y se
convirtió en un crimen de Estado.
La
culpa de cada periodista acribillado en cualquier parte del país con Fox,
Calderón o Peña como presidentes, les fue achacada a ellos. Y se hicieron
comunes las pancartas con la imagen de estos tres sujetos donde caía como plomo
la palabra ¡Asesino!
Lo
mismo ocurrió con las víctimas inocentes (colaterales que les llaman) de la
guerra contra el narco; cada una de ellas ha sido crimen de Estado. Algunos de
esos crímenes provocaron manifestaciones de hombres y mujeres que clamaban -con
toda razón- justicia que aún no han recibido.
¿Fueron
responsables los expresidentes de esas muertes? Constitucionalmente sí, porque
juraron velar por la integridad, seguridad y bienestar de los mexicanos.
Partiendo
de esa premisa, ¿por qué no se mide con la misma vara al gobierno de López
Obrador?
En
sus primeros 18 meses como presidente han sido asesinados más de 15 periodistas,
cantidad que proporcionalmente es superior a la de los tres sexenios
anteriores. Y nadie le ha hecho un reclamo por esas muertes.
López
Obrador llegó al poder con un plan para combatir la inseguridad diametralmente opuesto
al de sus antecesores: abrazos no balazos, que ha ocasionado masacres y
violencia desmedida. Y nadie le ha restregado en la cara el miedo con el que
vive la ciudadanía.
Al
menos el gobierno de Peña Nieto (sin discusión, el presidente más corrupto que
ha tenido este país), realizó una investigación sin precedentes para dar con
los culpables de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿Qué ha
hecho el gobierno de López Obrador para dar con los responsables de las
masacres de Salamanca, Minatitlán, Coatzacoalcos o de la familia Le Barón?
Este
sexenio ha registrado más feminicidios, más homicidios dolosos y más secuestros
que ningún otro. Es hasta ahora (apenas en año y medio) la administración más
violenta de la historia y nadie le exigen cuentas al presidente.
Ayer
por la mañana fue asesinado en Ciudad Obregón, Sonora, el periodista José
Castillo Osuna cuando salía de su domicilio en la colonia Campanario. José
cubría la fuente policiaca y era dueño del portal de noticias Prioridad Máxima,
tenía 55 años y 25 de antigüedad en los medios de comunicación.
Castillo
Osuna es el periodista número 16 asesinado en el gobierno de López Obrador y
nadie lo ha responsabilizado de ese crimen, como sí ocurrió con sus antecesores
a quienes les cargaron todos los muertos. Esto a pesar de que ahora es el
responsable de la inseguridad que priva en el país. Inseguridad que ha
fomentado por su blandura frente a los grupos criminales.
¿A
qué se debe que ahora no haya manifestaciones ni reclamos al Primer Mandatario?
Sencillo:
en los sexenios anteriores eran los seguidores de AMLO los que organizaban y
encabezaban esas protestas. Pero ahora su jefe está en el poder y ni modo que
pateen el pesebre o muerdan la mano de quien les da de comer.
La
verdad lector, no encuentro otra explicación al sospechoso silencio ni a tanta
indiferencia.
En contraparte, hay otros que han respetado los
tiempos, pero que sin duda aparecerán en las boletas para los comicios del
próximo 6 de junio. Y van dos nombres.
Apunta lector a David Velasco Chedraui al que no es la
primera vez que menciono como seguro candidato a la alcaldía de Xalapa. Y si lo
vuelvo a nombrar, es porque sin mover un dedo cada día gana más adeptos entre
los xalapeños. Pero además, porque varios partidos le están guiñando el ojo
para hacerlo su candidato. Como bien sabes, ya fue alcalde de Xalapa y quizá
esa es su mejor carta de presentación por el excelente trabajo que realizó
sobre todo en las colonias populares. Pero no queda a la zaga su labor como
legislador local donde entregó buenas cuentas. ¿Por qué partido contenderá
David? Esa es la incógnita. Pero de que aparecerá en las boletas, eso es un
hecho.
En la zona norte, son varios los aspirantes a la
presidencia municipal de Tuxpan entre los que destaca el empresario Everardo
Gustin. Hace unos años Everardo fue precandidato a la alcaldía y en ese
entonces presentó un proyecto para modernizar el puerto y generar más empleos.
Pero lo tuvo que guardar en un cajón porque el PRI privilegió más sus intereses
que el interés de tuxpeños. En el 2021 ese proyecto puede ser la bandera de
este hombre emprendedor al que el PAN quiere como su candidato, pero al que el
PRI no le quita el ojo de encima. No hay que perder de vista a Everardo Gustin
y dar como hecho que también aparecerá en las boletas del próximo 6 de junio.
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