Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez
Qué bueno que finalmente, después de más de 12 años, al
parecer ahora sí se va a poner orden en todo lo que significa el transporte
público –en sus diferentes modalidades- que hasta ahora han resultado más una
fuente de corrupción, que una solución para las necesidades de traslado de
pasajeros.
El primer paso se dio este lunes, en el patio central de
palacio de gobierno, en donde el ejecutivo estatal Miguel Angel Yunes Linares
firmó la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley de Tránsito y Transporte y del Código de
Derechos, que dará sustento a este programa de Reordenamiento y Regularización
del Transporte Público.
Hay que decirlo con toda claridad, no es una tarea fácil ni
sencilla, se va a requerir algo más que una varita mágica, porque son
demasiadas las irregularidades que se han ido acumulando a lo largo de los
últimos años, en un intrincado sistema de corrupción, en el que no solo
participan las autoridades de Seguridad Pública y Tránsito, sino también
dirigentes de sindicatos y agrupaciones de transportistas, en lo que bien
podría calificarse como un juego de pirinola en la que “todos salen ganando” y
los únicos perjudicados son los usuarios del transporte público.
Para tener una idea más precisa del tamaño de la corrupción
y de los negocios millonarios que se hacen al rededor del transporte público,
hay que decir que hasta el año de 1998 había en todo el estado un total de
14,018 taxis –las famosas concesiones- al finalizar la administración de Fidel Herrera
Beltrán ya se habían otorgado 61,000 y en el sexenio de Javier Duarte se siguió
operando con la venta de permisos y se llegó a 80,846 que son los que se tienen
en la actualidad.
En esos 20 años, el crecimiento del número de concesiones –nada
más de taxis- fue del 477%.
En el municipio conurbado de Banderilla se habían autorizado
dos concesiones de taxis y en la actualidad hay 1500.
Es bien sabido, que las concesiones y placas de taxis han
sido acaparadas por toda clase de miembros de la clase política en turno, desde
diputados –para que votaran a favor las iniciativas del gobernador- alcaldes,
periodistas, líderes sindicales y demás funcionarios, que no podrían justificar
el tener más de una concesión.
Mientras que los auténticos trabajadores del volante, siguen
sin poder recibir una concesión.
En el otro aspecto del transporte público de los autobuses
de pasaje, el crecimiento también fue explosivo, pasaron de 7,654 en 1998 a
13,195 con Javier Duarte lo que significó un crecimiento del 72%, o sea, 3.5
veces más de lo que creció la población.
Pero además, la mayoría de los llamados camiones urbanos, en
realidad son desechos de transportes escolares de Estados Unidos, que se
importan a bajo precio y lo pintan para trabajar como transporte urbano.
Las famosas “revisiones” al transporte público, solamente
sirven para que los encargados reciban en paquete los documentos y sean “aprobados”
hasta sin necesidad de presentar las unidades para comprobar las condiciones en
que se encuentran.
En la medida en que se empiece a apretar a los
concesionarios para que cumplan con los requisitos de ley, seguramente que
también empezarán a darse las denuncias de corrupción de quienes negociaron con
los miles y miles de concesiones, que en muchos de los casos deberán ser
retiradas, porque como ya ha quedado registrado se utilizan hasta para cometer
toda clase de ilícitos.
Aunque en la presentación del programa de Reordenamiento y
Regularización del Transporte Público es un primer paso, todavía hay que dar
muchos más, sobre todo lo que representa un negocio multimillonario, en el que
no solo están inmersas las cabezas, sino también una amplia red de
complicidades.
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