PARTE II
(1)
¿Detendrán a jueces federales y magistrados?
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Ciertamente, el poder judicial sufre -desde varias décadas atrás, desde los tiempos del priismo exacerbado en su condición de “dictadura perfecta”, desde su vocación antidemocrática de Estado- el mismo cáncer de la corrupción padecido por los poderes ejecutivo y legislativo.
Jueces, magistrados, diputados, senadores, gobernadores, presidentes, han saqueado al país y se han enriquecido sobre encarcelamientos injustos del pueblo.
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Y en efecto, al no ser electos por la población, la puerta a magistraturas abre desde los dos poderes complementados de nuestro Régimen: sus cómplices, los legisladores y los funcionarios ejecutivos.
Esta característica -democrática, sin duda alguna- es sólida en términos constitucionales, pero es débil desde la perspectiva operativa.
Es decir, heredamos desde el Constituyente de 1917 un Régimen donde el Estado mexicano opera con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero a lo largo de más de un siglo hemos sido testigos y víctimas del abuso por parte este Triato; el cual sexenio tras sexenio se ha movido a partir de la corrupción dentro de un marco legal.
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Un caso concreto se puede observar respecto al crimen organizado.
A partir de los años cuarenta del siglo XX, la siembra de amapola en el triángulo dorado de la sierra de Sinaloa, Chihuahua y Durango vivió un incremento bajo el amparo de los acuerdos políticos entre los gobiernos de Estados Unidos y México, en el marco de la segunda guerra mundial y debido a la demanda de morfina para soldados norteamericanos.
Durante la década de los setenta, el requerimiento de votos por parte de Richard Nixon para buscar su reelección, luego de acceder a su primer gobierno en 1969, dio pie a la política de combate contra las drogas en Estados Unidos.
En 1975 dio inicio la Operación Cóndor en México -en su versión de combate a la siembra de drogas, amapola y mariguana- para frenar el tráfico que alimentaba la drogadicción creciente en Estados Unidos.
Ni la siembra de amapola y mariguana se acabó, ni el tráfico de estas drogas a Estados Unidos terminó ni el incremento de drogadictos en el vecino país del norte disminuyó como consecuencia de la Operación Cóndor en lugares como Badiraguato, la célebre cuna de emblemáticos narcotraficantes mexicanos.
En los hechos, Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero -todos sinaloenses, todos forjados en la cultura de la siembra, cosecha y tráfico de drogas naturales, migraron al vecino estado de Jalisco y crearon el primer cártel en México: el de Guadalajara.
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En mi libro Democracia Violenta (2022) cito investigaciones académicas y periodísticas sobre estos hechos, donde la complicidad de la Dirección Federal de Seguridad de la secretaría de Gobernación del gobierno federal fue clave para la expansión internacional del narcotráfico mexicano y su acceso al suministro de cocaína colombiana.
Los cárteles de Medellín y de Cali dejaron de enviar la cocaína a través del caribe y se establecieron rutas por territorio mexicano hasta Estados Unidos, vía la frontera.
Dicho tráfico tuvo y ha tenido al istmo de Tehuantepec como un referente geográfico obligado.
Esto, explica en buena medida la violencia democrática descrita en el libro referido.
Es decir, el fortalecimiento de cacicazgos y eventualmente el empleo de algunos de ellos para el surgimiento de pequeñas mafias locales, enlazadas, con los años al poder político, electoral y económico -público y privado- como parte de la evolución del universo narco.
A esta condición le he llamado: elementos de Estado paralelo, así como elementos de Estado fallido.
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El andamiaje de descomposición del aparato oficial del Estado mexicano ha incluido a jueces.
Desde el ejecutivo se impulsó el narcotráfico, desde el legislativo se volteó para otro lado o se recibieron cuotas de dinero sucio para carreras políticas que generaron narco gobiernos estatales y desde el poder judicial se han liberado cientos, miles de narcotraficantes bajo el pretexto de un mal trabajo de las fiscalías estatales o federales.
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El caso de la jueza Angélica Sánchez Hernández resultará emblemático para los próximos lustros de historia mexicana por sus múltiples aristas.
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Itiel Palacios García (a) “El compa Playa”, es nativo de Playa Vicente, Veracruz, un lugar empleado por el crimen organizado -durante décadas- como zona de operación para el narcotráfico por su ubicación en la frontera de Veracruz y Oaxaca, en el ya referido istmo de Tehuantepec.
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Desde Playa Vicente a Palomares, Oaxaca, la distancia se cubre en poco más de una hora sobre la carretera que viene desde Tuxtepec, en la parte oaxaqueña del poderoso río de las mariposas o río Papaloapan.
Hay zonas rurales entre municipios veracruzanos y oaxaqueños que coinciden y no las separa nada, si acaso alguna cerca de los grandísimos ranchos extraviados entre caminos sólo conocidos por quienes los tienen que conocer y a donde sólo accede quien tiene que acceder.
Punto.
Desde Palomares a Jesús Carranza, Veracruz, la distancia se cubre en media hora o veinte minutos y -una vez más- existen vías de tren, caminos rurales, ríos inescrutables para el ojo ajeno.
Muy cerca de Palomares y colindante con Jesús Carranza se encuentra el municipio de Uxpanapa, frontera veracruzana con Oaxaca y Chiapas y su selva de Los Chimalapas.
Palomares es una población del municipio Matías Romero Avendaño, Oaxaca, paso histórico del tren transístmico entre Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, Veracruz, pieza fundamental -a su vez- del corredor multimodal interoceánico del Istmo de Tehuantepec que impulsa el gobierno de la 4T o Cuarta Transformación encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Los afanes desde el actual sexenio por modificar las estructuras del Régimen y del Sistema Político en México topan con un tren inaugurado por el dictador Porfirio Díaz hacia la primera década del siglo XX, cuando estaba a punto de iniciar la Revolución Mexicana, y con un andamiaje sociopolítico, sociocultural, sociohistórico, socioeconómico, de un istmo de Tehuantepec sumamente complejo y convertido en paso clave del tráfico de cocaína desde los años ochenta y con mayor fuerza a partir de los años noventa.
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Ya hemos expuesto el surgimiento del cártel de Guadalajara como consecuencia de la modificación de políticas de Estado respecto al manejo de la siembra, cosecha y exportación de drogas desde el triángulo dorado en la sierra de Sinaloa, Durango y Chihuahua.
Añado un dato retomado en la obra Democracia Violenta: la hipótesis sobre un pacto entre la Central de Inteligencia Americana (CIA), la Dirección Federal de Investigación (DFS) y el cártel de Guadalajara para enlazar el tráfico de drogas con el envío de armas a Nicaragua.
Se buscó fortalecer a la llamada Contrainsurgencia para derrocar el gobierno de aquel país, en manos del Frente Sandinista de Liberación Nacional, triunfante en su revolución contra el dictador Anastasio Somoza aquel histórico julio de 1979.
La relación de la CIA con el gobierno y la mafia mexicana habría formado parte de célebre caso Irán-Contras, durante el gobierno de Ronald Reagan en los años ochenta.
Aquel proyecto implicó la venta de armas a Irán -en guerra contra Irak-, y el empleo del dinero obtenido para financiar al comandante Cero y “La contra”.
Esta hipótesis se ha manejado por periodistas mexicanos y por ex agentes de la DEA, agencia norteamericana contra las drogas, tras el asesinato de Enrique “Kikin” Camarena en 1985, en Guadalajara.
Nunca corroborado, un dato en torno a esta historia vincula el asesinato del periodista Manuel Buendía Tellezgirón -en mayo de 1984- con los presuntos nexos entre la CIA, la DFS y el cártel de Guadalajara, a partir de investigaciones del célebre columnista sobre el tema. Lo mataron porque topó con datos gravemente delicados para ambos gobiernos, se afirma.
Hay más: en el sur de Veracruz sobrevive la idea de que el periodista Javier Juárez Vázquez, de Coatzacoalcos, resultó ejecutado por haber sido fuente informativa de Manuel Buendía.
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Lo cierto, lo comprobado, es la pudrición del Estado mexicano de la postrevolución en un esquema donde el poder ejecutivo pasó de manos del PRI al PAN y ahora a MORENA, luego de un proceso democratizador muy largo y costoso para nuestro país; a partir del año 2000, con Vicente Fox Quezada; del 2006 con Felipe Calderón Hinojosa y del 2018 con Andrés Manuel López Obrador.
El Poder Legislativo vivió en los comicios de 1997 el primer momento de la historia donde el PRI no fue dueño del Congreso de la Unión, con mayoría -por fin- opositora; luego vendrían los primeros relevos en el Poder Ejecutivo.
Por lo todo lo expuesto anteriormente, surge la pregunta: ¿Y la democratización y combate a la corrupción en el Poder Judicial?
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Durante más de tres décadas -si tomamos como punto de partida de nuestra vida democrática la elección de 1988 y el nacimiento del IFE en 1990- no ha existido un cambio de Régimen en el terreno judicial; ni siquiera un intento.
Nunca se ha tocado a magistrados ni jueces federales al nivel de la detención y escándalo político nacional, surgido la semana pasada por la acusación de la jueza Angélica Sánchez Hernández, adscrita hasta hace unos días al juzgado de control en Huatusco, Veracruz.
Pero ¿a qué nos remite la detención de una jueza de control en un pequeño municipio veracruzano como Huatusco?
¿Es la apuesta de un cambio régimen en el gigantesco Poder Judicial del Estado mexicano?
¿O se trata de un caso muy lejano de ese propósito y -más bien- empleado por el grupo en el poder de la entidad veracruzana, con fines meramente políticos?
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En Playa Vicente operó durante varios lustros un hombre de nombre Leonardo Hernández y apodado “El brujo”, presuntamente ligado al cártel de golfo e influyente en la vida política local, de Loma Bonita y de Tuxtepec, en Oaxaca.
Fue asesinado en un palenque en Playa Vicente, en abril del 2018.
De ese asesinato y el de otra víctima, se acusa a Itiel Palacios García “El compa Playa”, quien permanece preso.
Itiel Palacios García también es acusado por la presunta autoría intelectual de la ejecución del diputado local veracruzano Juan Carlos Molina, en noviembre del 2019.
Por este último caso, un juez federal otorgó un amparo a Palacios García y la jueza Angélica Sánchez Hernández ordenó su liberación.
"El compa Playa” asegura ser inocente de todos los hechos y se presenta como un exitoso empresario con movilidad y domicilio en otros estados, como Guanajuato.
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La jueza Sánchez Hernández es acusada por la Fiscalía de Veracruz, a cargo de Verónica Hernández Giadans, por presuntamente violar la fe pública e incurrir en tráfico de influencias.
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El gobernador Cuitláhuac García Jiménez acusó de corrupta a la jueza hoy presa y quien ha recibido un año de prisión preventiva, el sábado pasado.
“Fue detenida porque tiene carpetas abiertas que están en investigación, nada más que ella se había dado a la fuga y la localizaron en la Ciudad de México, y allá fue detenida con una orden de aprehensión”, declaró al respecto el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
La afirmación del gobernador veracruzano, empero, forma parte de una serie de acusaciones lanzadas por el jefe del ejecutivo estatal a lo largo de los casi cinco años que lleva gobernando: contra políticos de partidos de oposición y aún de su propio partido; contra precandidatos y candidatos a elecciones locales que resultaron presos y luego fueron liberados por órdenes de jueces federales; contra periodistas; contra exalcaldes; contra dirigentes partidistas; contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación; contra ciudadanos; contra víctimas mortales a las que ha terminado revictimizando…
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La historia juzgará el papel de Cuitláhuac García Jiménez como gobernante veracruzano.
Ha marcado un hito: nadie -ni Miguel Ángel Yunes Linares- ha lanzado tantas acusaciones contra sus rivales o enemigos políticos, que se hayan traducido en persecuciones vía la Fiscalía estatal -presuntamente independiente, pero ajena a tal condición- y encarcelamientos por parte del poder judicial.
No es la primera vez que el gobernador acusa de corruptos a jueces -locales y federales- pero en esta ocasión el tema escaló a la prisión preventiva de una jueza que atendió un amparo federal contra un acusado de autoría intelectual del asesinato de un político.
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Ha habido y hay jueces profundamente corruptos, lo mismo que políticos profundamente corruptos.
Padecemos la existencia de un poderoso crimen organizado arropado por la sombra de la impunidad.
De todo ello no existe la menor duda.
(19)
El cambio de Régimen y Sistema político que se propone la 4T o el gobierno de la Cuarta Transformación resulta urgente, es necesario al grado de que nadie, absolutamente nadie, desde ninguna posición del espectro ideológico puede negar la necesidad de acompañar nuestro avance democrático con el combate a la corrupción en todos los frentes del Estado.
(20)
La pregunta obligada es, si en el caso veracruzano el accionar del gobernador contribuye a ese ajuste de Régimen y Sistema político propuesto por el presidente López Obrador, o si estamos ante una versión tropical de la noche de los cuchillos largos…
O ante un Dámocles empeñado hasta el hartazgo en adular a su respectivo Dionisio, confiado en que la espada que pende contra su propia cabeza jamás será separada del muy delgado hilo que la sostiene…
(21)
¿El Estado mexicano sigue construyendo su propio laberinto?
CONTINUARA
