Por Miguel Angel Cristiani G.
Se ha dicho ya en reiteradas ocasiones que la administración
del gobierno estatal que encabeza el gobernador Miguel Angel Yunes Linares de
dos años, apenas si alcanzará para establecer las bases de una nueva estructura
en el gobierno, que permita lograr todos los cambios necesarios para salir de
la crisis generalizada en que nos encontramos los veracruzanos.
De ahí la importancia del Plan Veracruzano de Desarrollo,
que se pretende sea una carta de navegación gubernamental para los próximos dos
años.
Todo avance dependerá de la medida en que las nuevas
autoridades que recién tomaron el poder, como un nuevo gobierno puedan
transitar unidos con la sociedad, en las rutas establecidas en el PVD.
Aunque hasta ahora, por principio de cuentas, el PVD no
aparece publicado como debería de ser, en todos los portales de las secretarias
y organismos del gobierno del estado, para que pueda ser conocido y consultado
por la ciudadanía, solamente en la Gaceta Oficial del Estado es donde lo
pudimos localizar.
Ahí se dice que “el plan es el mapa, no el destino. La
finalidad es el progreso material y el bienestar de la sociedad veracruzana,
con respeto a su heterogeneidad cultural y con el cuidado y conservación de su biodiversidad.
El bienestar de los ciudadanos de Veracruz depende en gran
medida de que ellos mismos supervisen los desempeños gubernamentales y exijan
rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos”.
Precisamente una de las acciones primordiales del PVD es el
reforzar el estado de derecho y reorganizar a las instituciones para fortalecer
la seguridad ciudadana.
Acatar el estado de derecho significa básicamente el respeto
de la ley, pero su plena vigencia, requiere de autoridades, instituciones y servidores
públicos con la ética y responsabilidad necesarias para garantizar a los
ciudadanos la seguridad y certeza jurídica.
La impunidad derivada de la ausencia del estado de derecho
en la entidad veracruzana ha facilitado la reproducción de violencia, fenómeno
que se ha incrementado a tasas intolerables para la convivencia social, por lo
que es una exigencia social la renovación de las instituciones de seguridad,
así como las de procuración de justicia, como parte fundamental del proceso de
reconstrucción del estado de derecho.
El objetivo de la política sobre seguridad ciudadana es
garantizar al ciudadano sus derechos fundamentales, el derecho a la vida, el
derecho a la libertad, el derecho a la integridad física.
Las proposiciones y reflexiones ciudadanas aportadas en los
distintos foros de consulta son elocuentes, así como los datos que arrojan los
estudios y las estadísticas.
Se encuentra que es necesario, modificar la reglamentación
interna de las dependencias del Poder Ejecutivo, como activar procesos
legislativos. La sociedad expresa la necesidad de reformar y actualizar
determinados marcos legales, destacando, las preocupaciones por garantizar el
pleno respeto de los derechos humanos, asegurar la transparencia y rendición de
cuentas, así como robustecer los sistemas de procuración e impartición de
justicia, para erradicar problemas como la corrupción, la impunidad y la
inseguridad.
Las participaciones de la sociedad veracruzana en el proceso
de la consulta ciudadana corroboran, que la impunidad, la corrupción y la
inseguridad, se perciben como los problemas que prioritariamente aquejan a los
veracruzanos. Las causas que han originado estas problemáticas son
multifactoriales, pero muchas de ellas competen a la administración pública,
principalmente a las instituciones responsables de la seguridad, procuración e
impartición de justicia, por lo que éstas no cuentan con la confianza
ciudadana.
Veracruz demanda la plena vigencia y aplicación de las leyes
para enfrentar los demás temas que obstaculizan su desarrollo, por lo que el
estado de derecho y la seguridad ciudadana son premisas que circunscriben a
todos los demás factores del Plan de Desarrollo 2016-2018 y se exponen en un
solo bloque para establecer los objetivos y acciones tendientes a propiciar un
clima de orden y paz para los habitantes del Estado.
De acuerdo con el PVD el objetivo primordial debe de ser conformar
una administración pública renovada, respetuosa de la legalidad y sus
instituciones, para cimentar el restablecimiento del estado de derecho.
Se mencionan también las que deberán ser las estrategias a
seguir en los próximos dos años:
Proponer las reformas legislativas necesarias para
armonizar, adecuar y actualizar el marco legal local, y efectuar modificaciones
al marco reglamentario del Poder Ejecutivo.
Generar un acuerdo democrático por Veracruz, con la
finalidad de garantizar a los veracruzanos el compromiso de diseñar políticas
públicas necesarias para restablecer el Estado de derecho en Veracruz.
Implementar una re-ingeniería normativa que confiera
protección, tutela y garantía de los derechos humanos protegidos por la
Constitución Local, a fin de conferir al ciudadano la seguridad y confianza en
sus instituciones, reforzando el Estado de Derecho.
Proponer una re-ingeniería de la normativa orgánica
institucional, efectuando las modificaciones reglamentarias necesarias para
dirigir a la administración
pública, bajo los principios de eficacia, eficiencia,
transparencia rendición de cuentas y legalidad.
Reorganizar y trasparentar el sistema del transporte
público.
Así las cosas, una vez pasados los tiempos de las promesas,
es hora de entrar en acción, para cumplir con las expectativas del cambio, que
los veracruzanos y veracruzanas demandan.
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